Por E. T.

El oficialismo hizo doblete en el Senado. El segundo logro fue la media sanción de la ley de Responsabilidad Fiscal, una iniciativa que limita el endeudamiento de las provincias al 15 por ciento de los recursos corrientes. Para el Gobierno se trataba de una norma fundamental para que el Fondo Monetario diera su consentimiento a la tercera etapa de revisión de los compromisos asumidos con el organismo multilateral. “Se trata de una ley que establece reglas para el comportamiento fiscal y necesaria para volver a ser un país serio y normal”, dijo el chaqueño Jorge Capitanich al defenderla. “Es un nuevo cepo para el comportamiento fiscal del país”, dijo el radical Mario Losada al criticarla.
Cuarenta senadores la aprobaron en general. Diecisiete votaron en contra y hubo una sola abstención: la del porteño Rodolfo Terragno. El oficialismo hizo algunas modificaciones, pero fueron las consensuadas con el gobierno nacional antes del comienzo de la sesión. A tal punto que fueron muchos los senadores que se enteraron de los cambios en la misma discusión en particular.
La ley fue el producto de un largo entretejido político que tuvo dos ejes: por un lado las negociaciones del gobierno nacional con los gobernadores y por otro las deliberaciones con los senadores. Durante la última semana los senadores manifestaban discrepancias que sus gobernadores no hacían. Hasta antes de comenzar el debate, un destacado legislador del oficialismo repitió: “Acá hay un teléfono descompuesto”.
En algún punto la discusión de Responsabilidad Fiscal apareció atada a la aprobación del pliego de Carmen Argibay. El martes a la noche, el gobernador cordobés José Manuel De la Sota les pidió a sus senadores, Haide Giri y Roberto Urquía, que acompañaran el pliego de la jurista. En el recinto los cordobeses se enteraron de que el Ejecutivo había hecho lugar a algunos de sus reclamos, pero no a todos. Los cordobeses seguían críticos. Cuando Capitanich entregaba su última argumentación, el riojano Jorge Yoma recordó que la denominada ley de convertibilidad fiscal había sido impulsada allá por 1991 por “el hoy gobernador de Córdoba”.

Descompuesto

Otro de los teléfonos descompuestos fue el del mendocino Ernesto Sanz. A pesar del apoyo que el gobernador mendocino Julio Cobos había adelantado a la norma, su correligionario Sanz fue uno de los críticos más duros. “Esta norma significa congelar la foto actual de los gastos primarios y atarlos al Producto Bruto Interno de la Nación. El Gobierno quiere mantener un sistema que perpetúa el dominio sobre las provincias”, dijo Sanz cuando le tocó fundamentar la posición del radicalismo contra el proyecto oficial.
Para el socialista Rubén Giustiniani la ley “profundiza la centralización económica en el poder nacional, somete a las provincias a sus discrecionalidades y coloca en peor situación a los municipios”. Los senadores puntanos del PJ apoyaron la norma porque dijeron que el Gobierno se comprometió a reconocer la deuda que la Nación tiene con San Luis. Esto no impidió que en la discusión en particular intentaran introducir modificaciones.
“Si hay una ley que doce provincias no pueden cumplir no es una ley seria. No sé qué estamos votando”, dijo la salteña Sonia Escudero cuando argumentó en general. Para los salteños el tema central era la defensa del Fondo del Tabaco. “Esto es un nuevo collar a la dependencia del poder central”, señaló Losada al cerrar su presentación. La discusión en particular encontró a Capitanich rechazando todos los pedidos de reforma. Incluso cuando el peronismo perdió la votación del artículo 28 lo hizo reconsiderar sin tener los dos tercios para ello. En la segunda votación y en pocos minutos, dos voluntades cambiaron de parecer. Razones que los números no logran explicar pero que la política sí.
Ahora será el turno de Diputados, que deberá tratar en los plazos que impone el Ejecutivo la ley que anoche dio curso la Cámara alta, una faena a favor del Gobierno cuya aprobación daba por descontada ayer a la mañana el Presidente antes de partir a Iguazú.