En el Gobierno, el día después fue el de los paños fríos. Luego de los choques entre grupos piqueteros que frustraron el acto central por el 9 de Julio en Tucumán durante la visita del presidente Néstor Kirch- ner, desde la Casa Rosada aseguraron ayer que estos incidentes se inscriben “exclusivamente en el plano provincial”, en el marco de una serie de disputas que el gobernador José Alperovich mantiene con algunos gremios estatales. “Esto no tiene nada que ver con el gobierno nacional”, aseguraron. Alperovich denunció a un dirigente de la CTA local por extorsionarlo para evitar inconvenientes durante la celebración.
Los incidentes en la plaza Independencia se desataron el viernes cuando varias columnas de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero y algunas líneas del gremio de empleados estatales quisieron ganar espacio en la Plaza Independencia de la capital tucumana, ocupada por vecinos y por piqueteros del movimiento Barrios de Pie, que tiene buen diálogo con el oficialismo.
“Fue una típica pelea por ver qué agrupación se ubicaba más cerca del palco”, fue la lectura que uno de los hombres cercanos del presidente Kirchner dio a Página/12. Esta disputa territorial –según la explicación oficial– respondió a un único móvil: los trabajadores estatales buscaban asegurarse que Alperovich escuchara personalmente los reclamos y los reproches del gremio. Y para mayor efecto, querían arruinar las formas de la ceremonia y dejar mal parado al gobernador ante la presencia del Presidente.
Alperovich, de hecho, había buscado durante toda la semana evitar esta manifestación, pero con resultados negativos. A pesar del fuerte operativo policial dispuesto, todo terminó en una batalla campal entre los distintos grupos presentes y en un cambio obligado de programa con un acto bajo techo y no en las escalinatas de la Casa de Gobierno local como estaba planeado. Los estatales reclaman un salario mínimo de 350 pesos, que está muy lejos de las propuestas del Ejecutivo provincial.
En línea con los intentos del Gobierno por restar dimensión a los incidentes del viernes, el dirigente de Barrios de Pie, Jorge Ceballos, pidió “no darle tanta trascendencia” a estos hechos. Ceballos responsabilizó a las agrupaciones opositoras de “hacerle el juego a la derecha” y negó enfáticamente que su movimiento sea “una fuerza de choque” del oficialismo.
“Nosotros –señaló Ceballos en declaraciones radiales– no actuamos ni vamos a actuar como fuerza de choque, los que chocan son aquellos que no entienden la voluntad transformadora que plantea este gobierno.”
El gobernador tucumano, por su parte, aportó un nuevo elemento. Apenas recuperado del mal trago que significaron los palos, las piedras y los gases lacrimógenos, el mandatario provincial denunció que un dirigente local de la CTA lo extorsionó para evitar los enfrentamientos a cambio de 150 mil pesos. El justicialista acusó al gremialista Martín Rodríguez, de haberle exigido el jueves por la noche dinero para frenar las manifestaciones, pocas horas antes de que el Presidente arribara a la capital tucumana para la celebración patria.
Según detalló Alperovich en declaraciones a la Radio La Red, Rodríguez –que es secretario adjunto de ATE regional– le exigió “100 mil pesos para la CTA y 54.000 para el grupo piquetero” (sin aclarar a qué grupo se refería) a cambio de que ellos bajaran la marcha”. “Nunca han pedido por el salario de la gente sino por cuánta plata querían recibir ellos”, dijo el gobernador, quien aseguró que mañana denunciará al dirigente ante la Justicia.
A última hora de ayer, Rodríguez salió al cruce y negó estas acusaciones. Aseguró además que iniciará una demanda penal y un pedido de juicio político contra Alperovich. “Desmiento categóricamente las declaraciones del gobernador; si esto fuese cierto, él tendría que haberlo denunciado ayer (por el viernes) ante el ministro del Interior, Aníbal Fernández,quien estuvo en Tucumán con motivo de la visita presidencial”, aseguró el gremialista.