Convencido de que el nudo del desempleo afecta a los jóvenes de entre 18 y 25, el Gobierno lanzará hoy un plan de capacitación y subsidios para que en el primer año de aplicación lo aprovechen cien mil miembros de esa franja. Exactamente el 10 por ciento de los que tienen esa edad y no trabajan ni estudian.
El programa, llamado Incluir, será anunciado hoy por el Presidente Néstor Kirchner. Apunta a un sector que, según los expertos del Ministerio de Desarrollo Social que encabezan Alicia Kirchner y su número dos, Daniel Arroyo, “hoy está afuera de todo y se enfrenta con la exclusión sin tener a mano un futuro”.
En los estudios que encargó el Ministerio antes de lanzar el plan esa franja de edad aparece como frustrada por la visión de cómo sus padres fueron perdiendo una posición laboral.
“Son los hijos de una familia donde había un padre ferroviario o una madre que era empleada petrolera y se quedaron sin trabajo ni perspectivas”, dijeron a Página/12.
El Gobierno maneja tres cifras.
Una marca que el 56,4 por ciento de los que tienen entre 18 y 25 es pobre. Otra dice que el 17,4 por ciento busca trabajo y no lo encuentra.
La tercera informa que el 56,2 por ciento no estudia.
El programa estimulará la capacitación mediante cursos de seis meses, pero la idea oficial es que la iniciativa no sea absolutamente individual ni remate en un microemprendimiento.
Para evitarlo el ministerio prevé que durante el curso los participantes vayan generando proyectos productivos y presenten un plan concreto al final de los seis meses.
“Esos seis meses constituirán una forma de entrenamiento, y además no caerán desde el aire porque aprovecharán las instituciones existentes”, dijeron.
Confían en la estructura de los 2200 municipios registrados en todo el país, muchos de los cuales ya tienen experiencia en los planes “Manos a la obra”.
La capacitación estará impulsada por 15 mil becas de 100 pesos mensuales por inscripto y tendrá en cuenta la capacidad educativa ya existente.
“No queremos cursos de pobres para pobres, sino que tendremos en cuenta dónde ya están funcionando formas de educación a todo nivel, incluidas las universidades”, dijeron. “Los cursos de pobres para pobres no garantizan la inclusión social sino que encapsulan más a la sociedad, como sucedía con los viejos planes sociales, y este país es demasiado complejo para encapsular sin tener en cuenta la realidad”, es el argumento.
La meta expuesta por el Gobierno es que “los emprendedores queden en el medio de una cadena productiva, porque el microemprendimiento de cuño neoliberal es una solución falsa, que no cohesiona y a la larga tampoco soluciona el problema de un solo individuo o una sola familia”. Explican que “por eso la capacitación es grupal y no particular”. Y agregan que el enfoque individual “precariza más el trabajo y contribuye a la economía negra”.
La teoría oficial es que las cadenas productivas generan un mayor impacto social y productivo. Otra vez, el ejemplo no es el maxikiosco sino el taller de elaboración de cerveza artesanal, con buena salida.
También surgen formas barriales de comunicación, servicios culturales o artesanías.
Los técnicos de Desarrollo Social quieren bajar el componente de emprendimientos alimentarios, que tienden a repetirse o a quedarse en el autoconsumo, para ampliar el radio productivo.
“Del proyecto los beneficiarios salen como exentos del monotributo por dos años”, dijeron los técnicos. “De esa manera, en lugar de subrayar laprecarización y el ennegrecimiento de la economía tendremos más gente formalizada y en capacidad de vender con factura incluso al Estado.”
El objetivo es que la “economía social popular”, como caracteriza el Gobierno a los nuevos emprendimientos, quede integrada de manera legal al sistema productivo.
El programa también buscó eliminar lo que los expertos llaman “efecto concurso”, por el que obtiene el visto bueno para un proyecto no el mejor plan sino el mejor expuesto. “En seis meses todos se emparejan y quedan en condiciones de armar un buen proyecto de manera pareja”, dijeron los técnicos.
Las becas se financiarán con 30 millones que aportará el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre agosto del 2005 y junio del 2007 la cifra debería llegar a los 100 millones, con un universo de beneficiarios mucho más amplio que el inicial.
Para el año posterior, el Estado se reserva el derecho de monitorear cada nuevo emprendimiento.
“Los proyectos suelen empezar con fuerza, pero luego vienen las dificultades para mantenerse o para vender, y ahí es donde se necesita la continuidad de la asistencia”, dijeron. “Son jóvenes, muchas veces sin experiencia, y precisan estímulos. No basta con recoger a los heridos del camino, como hacían los planes del neoliberalismo, y tampoco con quedarse en la capacitación, porque eso termina siendo negocio para un par de consultoras y no resuelve ninguna situación concreta.”
La última frase es una mención a un programa para jóvenes del gobierno de Carlos Menem, que según los funcionarios actuales acabó siendo una maratón de licitaciones para instituciones de capacitación.
“Vamos a privilegiar los proyectos de impacto local, que en algunos lugares, como la provincia de Buenos Aires, empalman con el estímulo a planes comunitarios”, dijeron los funcionarios.
También rechazaron el criterio de “pasá y cobrá por caja”, sin proyecto previo ni capacitación grupal. “Esa rapidez a veces no tiene nada que ver con la eficiencia”, explicaron.
La formación de seis meses debiera servir, al menos en los papeles, para que cada persona y cada grupo tengan claro no solo las necesidades productivas de su zona sino qué pueden hacer ellos mismos en concreto.
El Ministerio de Desarrollo Social también fortalecerá programas comunitarios que consoliden lo que llaman “capital social local”. La traducción consiste en “iniciativas relacionadas con el desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas, comunitarios, de salud reproductiva y de prevención del VIH-sida, adicciones o abuso de sustancias”.