Cristina Fernández de Kirchner, tal vez la integrante del Gobierno que mejor conoce la investigación del atentado contra la AMIA, no sólo dijo ayer que se avergüenza de cómo actuaron las instituciones argentinas ante el ataque contra la mutual judía, sino que tiene el mismo sentimiento, como ser humano, por la actitud tomada por dirigentes de la comunidad judía –se refería en especial a Rubén Beraja– “porque no se movió en base a convicciones sino en base a intereses tal vez personales como entidad financiera”. La senadora, quien integró la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados, adelantó así lo que hoy es un secreto a voces en Tribunales cuando falta poco por terminar el juicio oral: los jueces pedirán que se investigue a todo el gobierno de Carlos Menem, incluyendo al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex ministro Carlos Corach, al juez Juan José Galeano, a los fiscales, al ex titular de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, Jorge Palacios, y al propio Rubén Beraja por haber armado una investigación falsa, con pagos ilegales, supuestamente para engañar a la población argentina y a la comunidad judía y simular un esclarecimiento trucho del caso.
En el sitio de Internet Itongadol.com.ar, la primera dama dio una entrevista ante el décimo aniversario del atentado y puso en blanco sobre negro lo que ya había escrito en su informe a la Comisión Bicameral. Como adelantó en exclusiva Página/12 hace dos meses, Fernández de Kirchner había dejado asentado el siguiente diagnóstico lapidario sobre la investigación del caso AMIA: “Es una afrenta a la inteligencia colectiva”.
En Itongadol, Fernández de Kirchner fue igualmente categórica, pero sus posturas son ahora más duras por algo que ella misma señala en la entrevista: “Una cosa era ver las cosas en el expediente escrito, sobre todo teniendo en cuenta que también había cierta protección del juez y otra cosa es verlas ahora, tras meses y meses de juicio oral, en que el tribunal tuvo control social, intervinieron las partes, los abogados, las querellas, y las cosas quedan en evidencia de otra manera”.
La primera dama señala que el gobierno de su esposo tuvo un primer objetivo: que se supiera la verdad. Por eso abrió una parte importante de los archivos de la SIDE y, además, fueron obligados a ir a declarar al juicio oral los agentes que trabajaron en el caso. Eso provocó una verdadera explosión: los agentes terminaron reconociendo que se le pagaron 400.000 dólares al principal imputado en el caso, Carlos Telleldín, para que involucre a policías bonaerenses. “Los gobiernos no se miden con palabras, sino con hechos, y el gobierno de Néstor Kirchner abrió archivos y logró el testimonio de los hombres de la SIDE. Esa fue una decisión clara y compromiso fuerte para saber la verdad.”
Aunque en Itongadol Fernández de Kirchner no fue tan específica, sabe que quienes sucedieron a Beraja en la DAIA –y siguen sus lineamientos– se opusieron a la apertura de los archivos y a que declararan los agentes de la SIDE justamente porque fueron parte de ese oficialismo de la investigación que, según la visión de la primera ciudadana, canonizó una pesquisa fraudulenta. En el llamado Informe Cristina ya se decía: “La investigación a cargo del doctor Galeano no sólo no arroja resultados satisfactorios en lo que hace a la identificación de los autores de la voladura de la AMIA, sino que presenta claroscuros y dudas cada vez más acentuadas acerca de la actuación del magistrado y su relación con la SIDE. Resulta ocioso señalar que intentar presentar como un logro haber detenido y procesado a un comisario y a un doblador de autos constituye una afrenta a la inteligencia colectiva”.
En la entrevista concedida al sitio de Internet, Fernández de Kirchner revela un pormenorizado seguimiento del tema, a tal punto que se dice que es ella misma la que, junto al Ministerio de Justicia, está poniendo una enorme presión sobre la SIDE, la Policía Federal e incluso el nuevo juez, Rodolfo Canicoba Corral, para que se avance en puntos que todavía podrían investigarse. “La impunidad crea la convicción de que todo es posible porque nada va a ser castigado –dijo Cristina a Itongadol–. Cuando una sociedad no vive de acuerdo a la ley, cuando no hay premios y castigos para quienes delinquen, se rompen las reglas básicas del contrato social, que es lo que sucedió en la Argentina.”
El punto más urticante de sus declaraciones fue el referido a los dirigentes de la comunidad judía, en especial a Rubén Beraja, a quien se refiere en forma casi directa porque menciona las palabras “entidad financiera”, en obvia referencia al Banco Mayo que conducía, al mismo tiempo que la DAIA, el ahora preso Beraja. Al respecto, CFK dijo:

- “La causa AMIA me llevó particularmente a estudiar y a interiorizarme acerca del fundamentalismo terrorista y por eso tomé la postura por el no envío de tropas a Irak”.

- “Como ciudadana siento una profunda vergüenza por cómo se comportó el Estado argentino. Hay una convicción y una obligación personal. Por eso se tomaron las medidas inéditas en el caso AMIA, donde decir la verdad debía ser la primera premisa”.

-“También, y con esto quiero ser muy clara, hay que tener también en cuenta que muchas veces las autoridades que representaban a la comunidad judía no estaban a la altura de las circunstancias”.

-He tenido que ver cómo cambiaba algún representante de esa comunidad. Y no lo hacía en base a convicción sino en base a intereses tal vez personales como una entidad financiera”.

-“Eso ya no me avergüenza como ciudadana argentina, sino como ser humano. Que alguien pueda negociar cosas, crímenes, asesinatos, de lesa humanidad, porque son en razón de ideas o razas, a mí me provoca mayor indignación. Es una traición a los suyos de esa persona de la raza, la idea o religión”.

La esposa del Presidente dejó en claro que el Estado, con el gobierno menemista a la cabeza, urdió una pseudoinvestigación del atentado y que en ese engaño participaron dirigentes de la comunidad judía, empezando por el propio Beraja. Tal acusación tiene hoy más peso porque la Oficina Anticorrupción, en una presentación hecha el 11 de mayo pasado, denunció al juez Galeano y otros funcionarios por el pago ilegal a Telleldín. En ese trabajo (en el que también aportó elementos el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa) se menciona a los que estuvieron involucrados en el pago a Telleldín de los 400.000 dólares y se dice que debe investigarse la complicidad de Beraja con ese pago y de alguna manera se le pide al juez que investigue a Galeano, los fiscales, la SIDE y al propio Beraja por aquella gravísima maniobra.
Basándose en ello, hoy circula en Comodoro Py el rumor de que cuando se conozca el fallo del Tribunal Oral se va a producir una verdadera conmoción: los jueces dirán qué fue verdad y qué fue mentira de lo ocurrido aquel 18 de julio y qué hay de cierto y qué de falso en la pesquisa, y saldrán copias de tramos del fallo para que se abran causas contra gran parte de los responsables de la pesquisa y por una variada gama de delitos, algunos de ellos de extrema gravedad. En su entrevista de ayer, CFK ratifica que esa es también su visión de las cosas.
Un tramo llamativo de la entrevista de ayer es la que se refiere a los familiares de las víctimas con los que Cristina tuvo intensa relación. “En todo esto hubo algo que me desveló, que rondaba alrededor de la causa y que son los familiares –dijo la esposa del Presidente–. Creo que perjudicó mucho la división entre los familiares, porque había mucha desesperación en algunos. Si había alguien insospechado, era un familiar. Muchas veces operaban sobre ellos para confundir o para no llegar al fondo de las cosas. Eso me dolió mucho. Si todos los familiares hubieran actuadomancomunadamente hubiese sido un aporte más fuerte para lograr la verdad, para lograr presionar con más fuerza. Pero la responsabilidad es estrictamente de las instituciones. No me cabe ninguna duda. Y no hablo sólo de las del Estado sino también de las que representaban a la comunidad judía.” En este punto, la primera ciudadana se metió con uno de los temas más debatidos de los últimos tiempos. La agrupación Memoria Activa, que lideraron Diana Malamud, la fallecida Norma Lew, Adriana Reisfeld y Laura Ginsberg –ahora fundó Apemia– que tuvo como letrados a Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, denunció desde 1997 la existencia de una trampa en la investigación y las maniobras del Estado para desviar la pesquisa, en lugar de ir a fondo con los negocios sucios de integrantes del Ejecutivo, la SIDE o la Federal que impedían seguir distintas pistas. La agrupación Familiares se mantuvo durante varios años mucho más cerca de la DAIA y la AMIA, las instituciones que llevaban la voz cantante de la comunidad. En los últimos dos meses, Familiares también dio un giro y está denunciando el papel de la DAIA. Es más, su abogado, Julio Federick, presentó la renuncia por considerar que no debía seguir criticándose a los jueces del tribunal oral que develaban las irregularidades, sino a los dirigentes que sirvieron a esas irregularidades. Por ello, el tema tocado por Fernández de Kirchner está candente y puede tener repercusión en el acto del domingo.