Por Irina Hauser y Adriana Meyer

Fernando de la Rúa aprovechará la oportunidad de haber sido citado a declarar, esta vez como testigo, para intentar reforzar hoy ante el juez Norberto Oyarbide la teoría de que su gobierno fue derrocado por un complot. Si eso ocurrió o no es lo que investiga el magistrado. Y es el argumento con que el ex presidente ya intentó defenderse cuando fue indagado como sospechoso por la jueza María Servini de Cubría en el expediente sobre la masacre de Plaza de Mayo. Oyarbide, además, ayer resolvió citar también como testigos para el martes a Sonia Cavallo, la esposa del ex ministro de Economía, y a la ex ministra de Trabajo Patricia Bullrich, por declaraciones que hicieron en programas periodísticos aludiendo a la supuesta conspiración.
Oyarbide espera que De la Rúa aporte “datos concretos si los conoce” cuando se presente a contestar preguntas hoy a las 11, bajo juramento de decir verdad, en esta pesquisa que se inició a partir de la denuncia del abogado de Bahía Blanca Carlos Enrique Yrigoyen. En un escrito que presentó en la causa de Servini, el ex presidente mencionó –en relación a los sucesos del 20 de diciembre previos a su caída– el accionar de “grupos violentos organizados con objetivos políticos” y a eso mismo es a lo que se remitirá. Durante los últimos días en su quinta de Pilar se pasó horas buscando datos para llevar al juzgado, según comentaron sus abogados. Será la segunda vez en dos semanas que concurre a Tribunales, esta vez como testigo.
La citación de Sonia Cavallo y de Bullrich surge del pedido que hizo el fiscal Carlos Stornelli. La mujer del ex ministro había asegurado en televisión que el 20 de diciembre hubo un golpe de Estado, además de acusar a “dirigentes de la provincia de Buenos Aires” de haber impulsado el estallido social. La ex funcionaria, por su lado, había hablado en Mendoza de una conspiración. El martes último, sin embargo, matizó aquellas afirmaciones cuando presentó su agrupación política Ahora Argentina y dijo que la caía de De la Rúa “no puede considerarse un golpe de Estado”, sino que “fue el aprovechamiento de un vacío total de poder”. Ambas tendrán que decir todo lo que saben el martes y jueves próximos respectivamente.
En realidad, Stornelli pidió otras citaciones que aún no fueron refrendadas por el juez. Entre ellas figura la de Carlos Menem. El diario chileno El Mercurio publicó en enero declaraciones en las que el ex presidente decía que el ahora canciller Carlos Ruckauf “fue uno de los que más se movió para que se produjeran” los saqueos que precedieron al derrumbe de De la Rúa. Además, en un video emitido por el programa “Hora Clave”, Menem aparecía diciendo que Armando Rodolfo Balbín –pariente del fallecido líder radical Ricardo Balbín– le había anticipado la existencia de un plan para derrocar al ex gobierno. Balbín, un hombre de 92 años, declaró en la causa y confirmó que tuvo una conversación con Menem en la que le anticipó que era posible que De la Rúa no terminara su mandato, según explicaron allegados al juzgado. Pero, señaló, no era porque tuvieran ningún dato en particular. “Bastaban mis años y mi olfato”, reprodujeron funcionarios de la causa.
El fiscal también impulsa que declare un grupo de sindicalistas. Pero Oyarbide quiere esperar ante la posibilidad de que necesite convocarlos como imputados, no como meros testigos. En diciembre había trascendido la versión de que los dirigentes gremiales Hugo Moyano, Rodolfo Daer y Luis Barrionuevo pudieron haber estado implicados en el supuesto complot.
El juez Oyarbide –que retornó el año pasado a su puesto de juez federal después de más de dos años de juicio político– está muy entusiasmado con la investigación. “Estoy esperanzado en poder reconstruir esta historia reciente que toda la sociedad está deseosa de conocer”, les comentó varias veces a sus colaboradores.
Hasta ahora la causa tiene un cuerpo de 200 fojas. De los testigos que declararon ninguno aportó datos concretos sobre una confabulación. Todos hablan de lo que oyeron en la radio o en la televisión. Incluso el periodista Jorge Camarasa, que en su libro Días de furia señaló la responsabilidad de Ruckauf, no dio ningún elemento específico al respecto.
El magistrado pidió a diferentes organismos de seguridad que informen sobre las columnas que se movilizaron hacia el centro porteño, desde el conurbano o desde la Capital, los días 19 y 20 de diciembre y quiénes las lideraban. La Policía Federal entregó un informe descriptivo y la SIDE aportó algo muy similar que dejó bastante insatisfechos a los investigadores. Este diario pudo saber que la central de inteligencia habría elaborado otro informe en el que señalaría la participación de los carapintadas, que aún no hizo llegar al juzgado.