Por Diego Schurman y Adriana Meyer

El Gobierno está preocupado por las investigaciones de un supuesto complot para derrocar a Fernando de la Rúa en el que se involucra a Eduardo Duhalde. El interés por la causa quedó manifestado ayer durante un encuentro reservado que mantuvo el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, con el fiscal de la causa, Carlos Stornelli. Casualidad o no, la reunión ocurrió en la víspera de la presentación que hoy realizará el ex presidente ante el juez federal Norberto Oyarbide para aportar pruebas en el expediente.
Alvarez conversó con Stornelli durante casi una hora. El funcionario duhaldista llegó a Comodoro Py acompañado por otros miembros de la Secretaría de Seguridad. Pero el encuentro fue a solas en el despacho que el fiscal tiene en el quinto piso de esa dependencia judicial.
Consultados por Página/12, los dos protagonistas se mostraron renuentes a dar detalles de la charla. Alvarez se limitó a explicar que pidió el encuentro para “ponerse a disposición de la Justicia” para lo que fuera necesario. Stornelli fue más cáustico. “No voy a decir nada, es una causa que recién se inicia. Yo no hago comentarios a esta altura de la investigación”, señaló a este diario.
La última semana, al ser indagado por la jueza María Romilda Servini de Cubría, De la Rúa habló de una conspiración de radicales y peronistas para sacarlo de la Casa Rosada. Denunció con nombre y apellido a Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Raúl Alfonsín, Leopoldo Moreau y Federico Storani, entre tantos otros.
Hoy Duhalde es presidente, Ruckauf canciller y Alfonsín la cabeza del radicalismo que respalda en el Parlamento las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
La embestida de De la Rúa –textualmente se refirió a “una incitación organizada para precipitar la crisis”– motivó la apertura de otra causa, a cargo de Oyarbide. Stornelli emitió un dictamen a favor de la investigación. Y pidió que se cite a declarar a Carlos Menem, Sonia Cavallo y Patricia Bullrich.
¿Por qué citarlos a ellos tres? El ex presidente señaló a Rucakuf como impulsor de los saqueos e integrante de una alianza con Duhalde y Alfonsín para “asumir la conducción” de la Argentina. Sonia dijo que “el 20 de diciembre hubo un golpe de Estado”, y apuntó a “dirigentes de la provincia de Buenos Aires”. Y Bullrich dio una visión similar sobre el fin del gobierno aliancista. Finalmente Oyarbide citó a las dos mujeres.
Buscando aventar fantasmas “conspirativos” –tal fue la palabra utilizada por una de las fuentes consultadas– se aseguró que el tema central de la reunión fue la “inseguridad”. Y que Alvarez le pidió a Stornelli su punto de vista sobre un eventual endurecimiento de las penas para aquellos que atentan contra la policía.
La inquietud se generó tras el asesinato del principal Adrián Faldutto, un colaborador y custodio de Ruckauf. El episodio abrió una polémica entre el canciller –quien retomó su discurso de “mano dura”– y algunos magistrados.
Stornelli, de acuerdo a lo conversado ayer con Alvarez, consideró que las penas vigentes “son los suficientemente graves”, que sólo tendrían sentido modificarlas en determinados casos, pero que aún así no se resolvería el problema de fondo: la violencia.
En su afán de mostrar que la única motivación del encuentro era abordar “la problemática de la inseguridad”, desde la Secretaría de Seguridad se hizo saber que Alvarez recibirá hoy en su despacho a Sergio Torres, juez federal, y que ya existe un compromiso telefónico para una cumbre con el también fiscal Raúl Pleé, probablemente la próxima semana.
–Se trata de una ronda de consultas, no hay nada misterioso –dijeron fuentes del Gobierno.
–¿Pero justo un día antes de la presentación de De la Rúa? –inquirió Página/12.
–La reunión iba a ser el viernes, pero como Alvarez viaja a Salta la adelantaron para hoy. No hay nada extraño.