Por Eduardo Sigal *

Asistimos a una acumulación de demandas sociales que son resultado del profundo derrumbe sufrido por nuestro país. Las exigencias de orden y seguridad, de mejor distribución del ingreso, negociación digna y razonable de nuestros compromisos externos y, no en último término, reforma profunda de las instituciones políticas vuelven a ocupar el centro de la escena. Es una señal positiva que habla de una ciudadanía que no se resigna a la decadencia ni admite la injusticia como una fatalidad.
Es, por otro lado, natural que las demandas se concentren en un gobierno que despertó fuertes expectativas, sobre la base de un conjunto de iniciativas adoptadas inmediatamente después de su asunción con un claro sentido de reparación social y reforzamiento de la calidad institucional. Sin embargo, la ilusión de un “nuevo comienzo”, propia de circunstancias dramáticas como las que viene atravesando la sociedad argentina, no debería esconder la profundidad de la crisis ni la complejidad de su abordaje.
Hay diferentes maneras de enunciar y articular los vastos y variados reclamos de la sociedad; cada una de ellas supone prioridades y sentidos diversos. La derecha ha optado por sumar arbitrariamente los conflictos y construir un eje articulador: la falta de gobierno. En esa descripción, la prioridad es el orden y el restablecimiento de un concepto de “autoridad” reducido a la dimensión policial del “control de la calle”. El Gobierno, no sin dificultades, marchas y contramarchas, ha entendido que la reducción del complejo problema de la legalidad en el país a un concepto de represión del desorden conduce a la crispación de los conflictos y al ahondamiento de sus causas. Se procura actuar con una agenda compleja, sin simplificaciones ni reduccionismos. Hay que mejorar la capacidad preventiva y disuasiva de las fuerzas policiales, sobre la base de su mejoramiento profesional, sin dejar de actuar en lo que se considera el núcleo de una auténtica pacificación: la reducción de la pobreza, la marginalidad y la injusticia.
Es, como se ve, un camino difícil y costoso. No se puede enunciar con la espectacularidad mediática que suele sintonizar con el ánimo de los sectores medios urbanos legítimamente irritados y hasta indignados por la pérdida de valores centrales para la convivencia, como son la paz y la seguridad. Es un rumbo que presupone enfrentar poderosos intereses afectados por una política de reformas en el país.
Surge, entonces, el problema de la fuerza política sobre la cual debe apoyarse el Gobierno. Tampoco este tema admite simplificaciones ni ingenuidades. La idea de que el Presidente podía reemplazar el apoyo del Partido Justicialista para construir un espacio nuevo de centroizquierda absolutamente divorciado de su estructura no correspondía a las posibilidades reales. En primer lugar, porque no se puede gobernar con el solo apoyo de la opinión pública manifestada en los sondeos de opinión; la pretensión de hacerlo conduciría a una sistemática vulneración de los resortes constitucionales, a un plebiscitarismo que terminaría por destruir el sumamente debilitado tejido institucional del país y contribuiría a polarizar la escena política, con graves consecuencias. Pero también porque es falsa la idea de que detrás de la llamada “política tradicional” hay una “nueva política” absolutamente inocente respecto de nuestras tragedias de las últimas décadas. Las nuevas expresiones políticas se construyen a partir de un liderazgo y un rumbo, sobre la base de una inteligente diferenciación dentro de la política realmente existente y no como una creación voluntarista signada por ideas regeneracionistas.
Concretamente, la idea de enhebrar un acuerdo con el PJ no significa, como algunos afirman, el final de la promesa renovadora del presidente Kirchner. Es, por el contrario, el comienzo de una nueva etapa en la lucha por construir una nueva coalición política reformista en el país. Porque tarde o temprano los sectores neoconservadores del peronismo serán los que resistan el viraje político en marcha. Resulta difícil de aceptar la idea de que esos sectores renunciarán a sus estrategias y se acomodarán pasivamente a los nuevos tiempos: algunos de ellos ya han comenzado a reagruparse y a tender puentes hacia la centroderecha. De manera que la estrategia de construcción de una nueva coalición –que el desdichado término “transversalidad” nunca llegó a expresar con claridad– sigue en pie.
Sin duda, las elecciones del próximo año serán un gran test para este proyecto. Estará a prueba la capacidad de renovar la política sin debilitar la viabilidad institucional del Gobierno.

* Subsecretario de Integración Latinoamericana.