Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Comenzó ayer en Córdoba el juicio oral contra doce imputados, entre militares y civiles, por el delito de espionaje. A pedido del Ministerio de Defensa, la audiencia que encabezó la jueza Cristina Garzón de Lascano se realizó a puertas cerradas y en total hermetismo. El caso, que involucra a altos mandos del Ejército, se hizo público cuando la magistrada allanó de sorpresa en 1999 la Central de Reunión de Inteligencia, dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército, y encontró elementos que confirmaban que en plena democracia un grupo de militares, funcionarios judiciales, académicos, periodistas y sindicalistas “espiaban” a políticos, gremialistas, profesores universitarios, periodistas y organizaciones barriales.
“No fue una decisión del juzgado hacer el juicio a puertas cerradas, sino un pedido del Ministerio de Defensa que, por tratarse de una causa que involucra tareas de inteligencia militar, solicitó que la metodología fuera sin público y sin prensa.” Estas fueron las explicaciones de fuentes del juzgado sobre el llamativo hermetismo que marcó el inicio del juicio, que involucra a los coroneles Abel Guillamondegui (jefe de la CRI); José Luis Bo, jefe de contrainteligencia de la Jefatura II; el mayor Néstor Baudano, los suboficiales Roberto Quiroga y Edmundo Orsolini, el agente porteño Norberto Condal, el civil Daniel Guiguet, que se desempeñaba en la órbita política y sindical, al igual que Pablo Camps en lo judicial, y Carlos Revello en el seguimiento de periodistas. También están imputados los civiles José Tufaro, Luis Cayetano Quijano y Daniel Guaycochea.
La causa que investigan Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk desde hace cinco años sacudió las más altas esferas del poder militar, no sólo por la gravedad institucional que significa desarrollar este tipo de tareas en un gobierno democrático, sino también porque en un principio había sido acusado el general Jorge Miná, jefe de inteligencia del Ejército en la época que Martín Balza comandaba las Fuerzas Armadas. Según fuentes federales corbobesas, “a Miná lo dejaron afuera porque era casi lo mismo que implicar a su superior directo. Y en la cadena de mandos, a su jefe político, el ministro de Defensa en la era menemista”.
Ningún funcionario judicial ni los abogados defensores quisieron hacer declaraciones sobre lo que ocurrió en la primera jornada de un juicio que podría durar tres o cuatro días. Sólo se supo que se leyeron las requisitorias y se interrogó a los once testigos de la causa.
Además de incluir un permanente seguimiento de la “causa Menéndez”, la causa madre de todas las que se investigan en Córdoba por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, en el material secuestrado por la jueza había información sobre el entonces senador José Manuel de la Sota, hoy gobernador, y sus relaciones políticas fuera del justicialismo. Los militares seguían lo más detalladamente posible las causas que se tramitaban contra el Ejército (tarea que realizaba Santiago Houston, quien aún hoy trabaja en el juzgado federal Nº 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro), pero también diseñaron una red de espías que investigaron a periodistas de La Voz del Interior, a Carlos Sagristani, quien por aquellos años asumía al frente del diario Comercio y Justicia, a corresponsales de Buenos Aires, sindicalistas, dirigentes barriales y profesores universitarios.