El Consejo de la Magistratura tratará hoy la grave crisis en el fuero federal de La Plata, donde varios sumarios administrativos iniciados por denuncia de diversos abogados establecieron el funcionamiento de un mecanismo corrupto para saltar el corralito. Un sumario probó que los sorteos se falsificaban para que las causas de mayor importancia económica recayeran en el juzgado federal 4 a cargo de Julio César Miralles. Otro, a cargo del camarista Román Frondizi demostró que en ese tribunal funcionaba un juzgado paralelo fuera del horario de tribunales. Abogados de unos pocos estudios no pasaban por mesa de entradas para hacer sus trámites, sino que concurrían por la tarde y con la complicidad del juez, de un secretario y de varios empleados, obtenían sentencias favorables en tiempo record, mientras otras causas similares, por montos menores y ajenas a la organización, se demoraban en forma indefinida. También se probó que el juez, el secretario y sus empleados recibían una cantidad asombrosa de llamados telefónicos de parte de los abogados que llevaban aquellas causas privilegiadas. El tercer sumario estableció que el mismo sistema regía en una de las secretarías del juzgado federal 2, a cargo de Jorge Di Pierro, quien fue designado allí por el ex juez Ricardo Ferrer Balbín, quien renunció para evitar el juicio político, luego de ser filmado durante una extorsión. El tercer sumario lo instruyó el sucesor de Ferrer Balbín, Adolfo Ziulu. Quien más llamadas intercambió con el juzgado de Miralles fue el ex secretario de seguridad provincial Alberto Piotti.
Para proteger a Miralles, los camaristas Sergio Dugo y Ramón Alberto Durán dispusieron que el diagrama de las llamadas telefónicas no pudiera utilizarse para extraer conclusiones. El voto de Dugo, al que adhirieron otros camaristas, tiene la astucia de invocar los tratados internacionales de derechos humanos, como si el registro de las llamadas pudiera equipararse con la escucha de su contenido. También hicieron todo lo posible por arrebatarle el sumario a Frondizi, quien fue apoyado por el presidente de la Cámara, Leopoldo Schiffrin. Tanto Frondizi como Schiffrin fueron amenazados. El primero en forma anónima en su casa. El segundo en el tribunal, por el propio Dugo, quien le dijo que ya vería que él cuando se enojaba era “el más malo de todos”. El fracaso de esta investigación es vital para Dugo ya que, de lo contrario, derivaría en una investigación sobre su patrimonio. Dugo sólo ha desempeñado cargos judiciales y su prosperidad no se explica con sus ingresos personales.
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Enrique S. Petracchi, pidió una opinión consultiva a la Comisión de Coordinación de Labor del Consejo que la considerará hoy. Petracchi propone poner a algunos miembros del Cuerpo de Auditores del Consejo a disposición del juez instructor Frondizi, quien así podría efectuar amplios controles directos sobre el desenvolvimiento del juzgado de Miralles. También impulsa proporcionar al presidente de la Cámara, Leopoldo Schi- ffrin, un secretario que supla en el ámbito de la superintendencia la falta de actuarios para los expedientes encaminados a comprobar las irregularidades que dieron lugar a la crisis. Los funcionarios permanentes de la Cámara fueron intimidados o presionados por Dugo y han solicitado su relevo, lo que entorpece el curso de la investigación.
Frente a estas propuestas, Dugo promovería una posición en apariencia maximalista: pasar todas las investigaciones en curso al Cuerpo de Auditores del Consejo. El secreto es la influencia que sobre ese cuerpo ejerce Dugo, quien es miembro del Jurado de Enjuiciamiento. A cargo de esos auditores se desempeña Jorge Del Zotto, amigo personal de Dugo, quien antes de ser camarista en La Plata se desempeñó como funcionario en la Corte Suprema. Si ese criterio prevaleciera, significaría el buscado apartamiento de los únicos magistrados que se han comprometido con las investigaciones y han logrado resultados contundentes. No sería de extrañar que de investigadores se transformasen en investigados.
La Comisión de Coordinación de Labor del Consejo de la Magistratura está presidida por Petracchi, y la integran como vicepresidente el juez Claudio Kiper (afín con Dugo), y como vocales los presidentes de las demás comisiones del Consejo: el representante de los abogados Luis Pereira Duarte; los diputados por la Unión Cívica Radical Carlos Alfonso Prades y Juan Jesús Minguez; la jueza Victoria Pérez Tognola (de la misma lista que Dugo en la Asociación de Magistrados) y el Consejero por el sector académico Juan Carlos Geminini. Si los presidentes no asisten pueden ser reemplazados por los vicepresidentes. El secretario del Consejo y de la Comisión es Pablo Hirschman. A la misma hora, la Cámara Federal de La Plata tratará la recusación formulada por el juez Miralles contra el camarista Frondizi y el pedido de relevo de la última secretaria designada como auxiliar de la Presidencia en trámites relacionados con el sumario. Hasta ahora los vacilantes jueces de la Sala III del Tribunal, Antonio Paccilio, Carlos Alberto Nogueira y Carlos Alberto Vallefín, han favorecido las posiciones de Dugo y Durán. El adecentamiento del Poder Judicial deberá pasar así esta mañana una prueba de fuego.