Los gobernadores del PJ se guardaron por un tiempo sus críticas y recurrieron otra vez a la táctica que mejor conocen. Expresaron “su absoluto apoyo” al Gobierno en su compleja negociación con el FMI, y dejaron en un segundo plano –lejos de los oídos de Anoop Singh– los reproches por el atraso en la coparticipación. El cordobés José Manuel de la Sota, por ejemplo, aseguró que entre la Nación y las provincias hay “muy buena voluntad” para cumplir con la reducción del déficit que exige el FMI. “No tenemos ningún inconveniente ante ese requerimiento”, destacó luego de la reunión con Eduardo Duhalde en Olivos. Sin embargo, la cuestión más importante quedó en manos de los técnicos de Economía, que discutirán con los secretarios de Hacienda de las provincias la forma en que cada distrito reducirá el 60 por ciento del déficit.
El tema que apuntaba como más conflictivo era la emisión de bonos. El FMI quiere que se detenga la impresión de cuasimonedas y que se reemplacen los que están en circulación, pero los gobernadores no ven por ahora una financiación alternativa que permita eliminarlos. El Gobierno dejó el asunto en manos del subsecretario de Provincias, Juan Carlos Pezoa. En los próximos días, el funcionario de Economía se reunirá con los secretarios de Hacienda de las 14 provincias que emitieron bonos y analizará cada caso en particular. Hasta entonces, la instrucción que se consensuó ayer fue “no hablar más del tema” para evitar que se desvaloricen Patacones, Lecor y Quebrachos, entre otros.
La reunión en Olivos comenzó a las 9.30 con un desayuno de trabajo y siguió después en una sala contigua, con asistencia perfecta de las 14 provincias que gobierna del PJ. Estaban De la Sota, Felipe Solá (Buenos Aires), Carlos Reutemann (Santa Fe), Rubén Marín (La Pampa), Carlos Rovira (Misiones), Angel Maza (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Alicia Lemme (San Luis), Eduardo Fellner (Jujuy), Julio Miranda (Tucumán), Carlos Díaz (Santiago del Estero), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Juan Carlos Romero (Salta), y el vicegobernador de Tierra del Fuego, Daniel Gallo. En representación del Ejecutivo, se encontraba el Presidente, acompañado por el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, los ministros de Trabajo e Interior, Alfredo Atanasof y Rodolfo Gabrielli, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
En el Gobierno evaluaron la reunión como muy positiva. “Fue un éxito”, dijo a Página/12 uno de los colaboradores de Gabrielli, y luego confirmó que varios gobernadores protestaron ante Duhalde porque, en marzo, el Ejecutivo no cumplió con el envío de 1187 millones de pesos. Más de diez mandatarios se quejaron por esta situación, que podría poner en riesgo el pago de sueldos y planes sociales, y le reclamaron a Pezoa que les dé “precisiones” sobre el envío de los fondos “con un cronograma” que permita prever cuáles serán los ingresos durante el año. El subsecretario de Provincias fue realista y pronosticó tiempos duros:
–Van a ser meses muy difíciles, como marzo –admitió.
Los gobernadores escucharon, conscientes de que la caída en la recaudación complica muchísimo el reparto de los impuestos. Y ni se inmutaron cuando Pezoa prometió, sin mucha convicción, que para el segundo semestre del año se verán las primeras señales de reactivación. Los mandatarios sostienen que la crisis fiscal es el principal problema del país y creen que la dimensión del gasto público de la Argentina no es tan relevante. “El porcentaje del gasto no es significativo respecto del de otros países; lo grave es la caída de los ingresos”, advirtió De la Sota.
En cuanto a las exigencias del FMI, los gobernadores se mostraron cautos, y aceptaron cumplir con las sugerencias de Anoop Singh. Así, los mandatarios accedieron a firmar un “acuerdo bilateral con la Nación”, en el que se plantee “punto por punto” cómo se va a reducir en 60 por ciento el déficit fiscal de cada provincia. Obviamente, éste es uno de los reclamos del Fondo, que quiere controlar de cerca a las provincias y auditar cada caso en particular.
Según el criterio del FMI, si una de las provincias no cumple con el acuerdo bilateral, la Argentina se despedirá de la ayuda financiera prometida. Para empezar a trabajar en este tema, la semana próxima se reunirán los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y durante el mes de abril, el FMI y los técnicos de Economía “monitorearán” las reformas estructurales en cada distrito.
Mientras acordaban estos puntos, Solá criticó al equipo de Remes Lenicov, al que responsabilizó de los rumores que decían que el FMI quería un ajuste inmediato en Buenos Aires y Córdoba. En el entorno de Remes pidieron disculpas por lo que consideraron un error en la comunicación. Sin embargo, las dos provincias saben que están bajo la lupa.