Tras diez días preso, Cavallo contraataca. Ayer apeló su procesamiento por contrabando agravado de armas y además denunció al secretario de Inteligencia, Carlos Soria, por haber pedido su detención en una reunión con jueces federales. El funcionario fue acusado por el ex ministro de Economía de haber cometido coacción agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto, el ex presidente Carlos Menem anticipó que accionará contra los camaristas que “se excedieron” al anular su falta de mérito en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
El abogado de Menem, Oscar Salvi, presentó un escrito de una carilla al juez en lo penal económico Julio Speroni –sin valor jurídico en sí mismo– para anticiparle que apelará la decisión de la Cámara de ese fuero que revocó la falta de mérito del ex presidente en la investigación. “Los integrantes de la Sala B han violado los preceptos del artículo 445 que restringe la competencia del Tribunal de Alzada a aquello a lo que se refieren los motivos del agravio”, anticipó Salvi que argumentará en su apelación. Según el letrado, los camaristas “han excedido los límites de su competencia e infringido el principio de congruencia y la garantía constitucional de la defensa en juicio” porque “olvidaron que Vuestra Señoría es quien dirige la investigación”, concluyó el letrado en alusión a que fue Speroni quien dictó oportunamente la falta de mérito de Menem, ahora anulada. Fuentes del juzgado de Speroni anticiparon a Télam que el magistrado no tiene previsto por ahora convocar al ex mandatario y que esperará a que la nulidad de la falta de mérito dictada por la Cámara quede firme –o no– en el tribunal de Casación, encargado de resolver la apelación. Según pudo saber este diario, el menemismo prepara también una embestida contra los camaristas de la Sala B en forma de ataques personales.
Por su parte, la defensa de Cavallo presentó un escrito de unas 10 carillas con el que apeló el procesamiento con prisión preventiva y embargo de 900 mil pesos dictado el miércoles por Speroni. El magistrado consideró que el ex ministro fue “partícipe necesario” de contrabando doblemente agravado por su condición de funcionario público y por tratarse de material bélico. “Creemos que vamos a tener más garantías que hasta ahora cuando la Cámara revise la actuación del juez y por supuesto el tema de la excarcelación que rechazó Speroni”, explicó el abogado Eduardo Oderigo. El escrito enumera una “larga serie de discrepancias” con el fallo de juez. En el juzgado anticiparon que concederán “rápidamente” la apelación. Una vez que el trámite llegue a la sala, Cavallo y sus defensores serán convocados a una audiencia oral para que amplíen sus argumentos contrarios al fallo de Speroni.
“La resolución del juez no sólo desconoce el derecho sino que carece de pruebas”, opinó Oderigo ante Página/12. Según el letrado, “haber firmado un decreto no significa de ningún modo que Cavallo haya sabido y mucho menos ayudado a los contrabandistas a perpetrar la maniobra”. En su resolución, Speroni marcó la contradicción entre el carácter de “secreto” de los elementos exportados y el derecho a reintegros aduaneros, cuando éstos sólo pueden ser autorizados previa verificación de la mercadería que sale del país. Sin embargo, para Oderigo los decretos no prohibían verificar sino que indicaban que “no era obligatorio” hacerlo. Agregó que en relación con las retenciones en el caso cuestionado, las autoridades subordinadas a Cavallo se manejaron con las normas vigentes y no crearon un régimen especial. “Van a terminar citando a Alfonsín si van por ese camino”, concluyó. Speroni había precisado que fueron 300 los contenedores embarcados, por los cuales se cobraron reintegros millonarios, mientras que los denunciados apenas alcanzaban a una veintena. Patrocinado por el estudio del ex fiscal Luis Moreno Ocampo, Cavallo denunció al jefe de la SIDE por los hechos relatados en el artículo de Horacio Verbitsky publicado el domingo en Página/12. La denuncia sostiene que Soria “habría pretendido obtener de miembros del poder público” su detención “bajo supuesta amenaza de colocar a los jueces en comisión”. El ex ministro destacó su “calidad de ofendido” por aquella supuesta situación y se calificó como “víctima” de una maniobra tendiente a convertirlo en un chivo expiatorio. Esta denuncia recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, en tanto otras dos demandas similares presentadas por abogados particulares, Juan Carlos Iglesias y Marcelo Bermolén, se tramitan ante el juez Claudio Bonadío.
Verbitsky relató el domingo pasado que la maniobra ocurrió en enero y que el jefe de Inteligencia no anduvo con medias tintas: no sólo reclamó la detención de Cavallo sino también de los banqueros Eduardo Escasany, del Banco Galicia, y de José y Carlos Rohm, del Banco General de Negocios. Aunque los jueces asistentes al encuentro –casi todos los del fuero federal– en principio se negaron, es un hecho que el ex ministro de Economía terminó preso al igual que Carlos Rohm.