Después de que Página/12 publicó una denuncia sobre el presunto intento de coima de Ciccone Calcográfica a un proveedor, la Justicia comercial se vio forzada a suspender la asamblea de acreedores. Sin embargo, hay mucho más que un escándalo de tribunales o un simple problema comercial. Detrás del nombre Ciccone se esconde lo mismo que detrás de la palabra AMIA luego del atentado de 1994: una trama que sirve para llegar al corazón del menemismo. La AMIA dejó al descubierto el corazón de un aparato político que no reparó en 85 muertos. El caso de Ciccone revela el corazón de los negocios rápidos y los progresos fáciles al calor del Estado.
Norberto y Rubén Crespo, dueños de la empresa familiar de transporte Blue Arrows, denunciaron ante la Justicia penal al gerente financiero de Ciccone, Daniel Reyes. Su empresa transportaba personal. Pero el Estado también era acreedor. La DGI pedía nada menos que 255 millones de pesos.
El periplo de los Crespo pinta el interés de una parte del Poder Judicial cuando está en juego el dinero público.
Primero, el 28 de agosto, fueron hasta el juzgado de Instrucción número 39. El juez es Ernesto Raúl Botto. El secretario es Sergio Schedrovtzky. Allí los atendieron sin entusiasmo (una falta de entusiasmo que aún sigue, porque ninguno de los dos se comunicó con los Crespo) y los enviaron al fiscal Alejandro Molina Pico.
A pesar de que faltaban horas, nada más, para la asamblea de acreedores y que podía haber sospechas de compra de votos también a otros proveedores, el jueves 2 de septiembre Molina Pico dijo que tenía mucho trabajo.
El viernes 3 era la asamblea. Ese mismo día Página/12 publicó la primera parte de la historia.
Muy temprano los Crespo y su abogado fueron a pedirle al juez Atilio González que suspendiera la asamblea por irregularidades.
–¿Ustedes hicieron la denuncia penal? –les preguntó González.
Los Crespo dijeron que sí.
–¿Y ya la ratificaron ante el fiscal?
–No, porque nos dio turno para después –fue la respuesta.
El juez hizo una mueca de desagrado y dijo:
–Ya es muy tarde.
Entonces, el abogado Marcos Corinfeld le tiró sobre el escritorio un ejemplar del diario. En la tapa había un título, tomado de un textual de Reyes expresado en la oficina de los Crespo: “Cagar a la AFIP”.
El juez comercial y el secretario se miraron incómodos y pidieron unos minutos a solas. Leyeron la nota y volvieron con una resolución escrita: acababan de suspender la asamblea de Ciccone.
El martes último, 7 de septiembre, Norberto Crespo ratificó la denuncia ante Molina Pico.
–¿Qué le entregó? –le preguntó anoche Página/12.
–El video donde está filmado el pedido de compra de voto de Reyes –respondió Crespo–. Son dos horas y media de grabación.
–¿Lo atendió el mismo fiscal?
–No. Un empleado me dijo que ya me iban a llamar para testimoniar.
–¿Lo llamaron?
–No. Y eso que yo también le dije que en el video hay muchas puntas concretas para investigar.
–¿Usted qué quiere?
–Que los Ciccone me paguen lo que me deben. Porque el Audi y la cuatro por cuatro los siguen teniendo, ¿no? Yo no quiero que la empresa cierre. Quiero que haya justicia. Pero hasta ahora en la Justicia no se movió nadie. Y no entiendo por qué.
Fundada en 1954, Ciccone Calcográfica, de los hermanos Ciccone, a quienes todos describen como gente de trabajo de la zona Oeste de la Capital, pegó el primer gran salto en 1978. Imprimió las entradas para el Mundial gracias a sus contactos con el almirante Carlos Lacoste, un peón de Massera y de la logia fascista Propaganda Dos.
El segundo gran salto fue durante el menemismo. La combinación de desarrollo tecnológico y contactos en el poder sirvió a Ciccone para imprimir todo documento importante que circulara en la Argentina: cédulas verdes, billetes de Lotería, patacones, cheques o pasaportes.
Los hermanos Ciccone son gente emprendedora pero además con suerte. Durante el menemismo, la Casa de la Moneda se autoexcluía de licitaciones importantes, presuntamente porque no tenía capacidad tecnológica para hacerlas. El beneficiario era Ciccone Calcográfica. El presidente de la Casa de la Moneda era Armando Gostanian, del círculo íntimo de Menem y, como se ve, de bolú nada.
El análisis de un documento público como la lista de acreedores muestra alguna de sus relaciones. Una parte está formada por proveedores normales en cualquier empresa. Otra, por gente muy conectada con el corazón del poder en tiempos de Carlos Menem.
Uno es Santiago Lozano, un socio de Enrique Segura. Los memoriosos recordarán que perteneció a la Unión del Centro Democrático y militó con Adelina de Viola. También que Adelina terminó vinculada a José Luis Manzano y a los intereses del anticastrismo con sede en Miami. El contacto de Lozano, dijeron diplomáticos a este diario, era José Sorzano, ex funcionario de Reagan. Lozano acompañó a Dalessio de Viola en el Banco Hipotecario Nacional, de donde la ex ucedeísta renunció luego del escándalo de una mesa de dinero.
Otro acreedor es Fernando Pablo Vicente. Trabaja de asesor fiscal. Es hijo de Oscar Vicente, el ex directivo de Pérez Companc que hoy maneja Petrobrás, una empresa pública, y critica a las empresas públicas. Vicente dijo que los Ciccone le deben 471 mil pesos. El total que la administración de la quiebra aconseja pagar es de 293 mil.
Marcelo Javier Ruiz es socio del ex secretario de Inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy y ex delegado de inteligencia en Londres.
Liao hsush Yng es una lobbista en la República Popular China, donde los Ciccone hacían buenos negocios gracias a sus contactos con el embajador, ahora en retiro, Federico Barttfeld, que estuvo destinado en Pekín. Barttfeld también había tenido relaciones con Massera y luego con Carlos Ruckauf. El presidente Néstor Kirchner lo devolvió a su casa este año.
Un acreedor es Leonardo Barujel, el fallecido ex dueño de Mau Mau. Como Lozano, Ruiz y Liao, sólo se conocen sus funciones de lobbying.
Walter Cristian Novara es hijo de un subjefe de la Policía Federal de Isabel Perón, el momento de implantación de Propaganda-Dos en la Argentina por los nexos con José López Rega y Alberto Vignes.
Está también el corredor José Froilán González. Pero no entrenaba a los choferes de Ciccone Calcográfica sino que introducía gente. Uno de sus vínculos era Christian Colombo, el activo jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa.
Otro acreedor es la empresa Universal Control. Pertenecía a Rodolfo Galimberti, el ex montonero convertido en empresario menemista que desarrolló sus negocios primero aprovechando sus contactos con funcionarios de Menem y luego con hombres de Fernando de la Rúa. Uno de ellos fue el ex número dos de la SIDE Darío Richarte, uno de los grandes amigos de Daniel Hadad, a tal punto que funcionarios de la SIDE como Juan Carlos Daidone terminaron trabajando al servicio del copropietario de Canal 9.
Hay otro ex montonero transformado en entrepreneur que no figura entre los acreedores a pesar de sus vinculaciones con Ciccone, de quien fue socio en una empresa: es Mario Montoto, que también incursionó en el negocio de los ferrocarriles. Un secretario de Estado dijo a Página/12 que hoy Montoto merodea con éxito el despacho de un ministro, cuyo nombre no quiso revelar, mientras intenta ser interlocutor de otro, el ministro de Defensa José Pampuro.
Montoto, un lobbista capaz de comer asados con el diablo y con Dios, por ejemplo con el ex obispo de Mercedes Emilio Ogñeñovich, con el ex secretario general de Presidencia Eduardo Bauzá o con su número dos y luego embajador en el Vaticano Esteban Caselli, se relacionó con Ciccone desde que integró la empresa Trainmet Ciccone Sistemas, que importó las maquinitas expendedoras de boletos. Ciccone tenía el 45 por ciento de las acciones. Otro 45 por ciento estaba en manos del fallecido Luis Carral, un famoso empresario del transporte de pasajeros y experto en el manejo de dinero cash. Y un 10 por ciento quedaba para el lobbying, que como todo el mundo sabe es el aceite que lubrica al chirriante Estado argentino.
Caselli no solamente compartió asados. Como secretario general de la gobernación bonaerense de Ru-ckauf activó los contratos con Ci-ccone para imprimir cheques del Banco Provincia y patacones, y también para adquirir a la Policía Federal, cuyo jefe era Rubén Santos, un sistema Afis de huellas dactilares para la policía bonaerense. También el Estado nacional quiso comprarlo. Pero lo curioso es que el Estado ya lo había comprado. Alguien estaba engañando al fisco para que pagara otra vez por lo que era suyo, tal como lo reveló este diario el 20 de julio del año pasado. La maniobra en ese momento fue desbaratada por el ministro del Interior Aníbal Fernández, que hasta ahora estaba a cargo de la renegociación de los contratos por los documentos.
La compra del sistema Afis había servido de excusa para prorrogar por decreto el contrato con Ci-ccone a fines del gobierno de Menem, tal como se informa en estas mismas páginas.
El origen de la historia fue un pliego a medida que si no involucrara dinero del Estado sería un buen chiste. Un apartado decía que “el centro de producción de documentos deberá estar dentro del territorio nacional a un radio de no más de 60 kilómetros de la Capital Federal”. La planta de Ciccone Calcográfica, sobre la Panamericana, está en Don Torcuato, a 25 kilómetros y medio.