“La visión del norte sobre las Fuerzas Armadas, es decir de Estados Unidos y Canadá, es que tengan un accionar policial vinculado a la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Nuestra visión es opuesta, es más tradicional: las Fuerzas Armadas participan en la defensa del territorio nacional.” De esa forma sintetizó el ministro de Defensa, José Pampuro, las diferencias que volverán a aflorar en la próxima Cumbre de ministros del área que se realizará en Ecuador a mediados de noviembre. Las coincidencias priman, en cambio, en torno de Haití: Pampuro anunció que la Argentina enviará entre 250 y 300 gendarmes para incrementar los efectivos de la fuerza de paz y explicó que el tema está en manos de los ministros de Interior y de Relaciones Exteriores.
Pampuro actuó como anfitrión de la reunión de los ministros de Defensa de América del Sur que deliberó ayer en el coqueto Hotel Sofitel. El objetivo de José Viegas Filho, de Brasil; Michelle Bachelet Jería, de Chile; Yamandú Fau, de Uruguay; Roberto González Segovia, de Paraguay; el general Gonzalo Arredondo Millán, de Bolivia, y el viceministro Jaime Andrade, de Ecuador, fue acordar una postura regional frente a la agenda continental que se debatirá en Quito.
Estados Unidos y Canadá –junto con la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe que los acompañan– vienen impulsando desde hace años la necesidad de borrar las fronteras entre defensa y seguridad. Cobijándose en la amenaza del terrorismo, los hombres de George W. Bush presionan para que las Fuerzas Armadas intervengan en esa lucha haciendo caso omiso de la legislación interna de los países de América latina que –como en el caso de la Argentina– prohíben taxativamente la participación militar en conflictos internos.
La ministra de Chile explicó que “para algunos países el problema del terrorismo puede ser más acuciante que para otros, pero es un problema de todos. Tenemos conciencia de que para enfrentar las amenazas comunes respetando las particularidades de cada uno el único camino es la cooperación. Frente a un problema de la región como el caso de Haití, fuimos y apoyamos fuertemente”. Pampuro coincidió en que la actuación en Haití “es un inicio, un punto de inflexión; de acá en más el proceso de integración va a ir creciendo”. El uruguayo remarcó que “Haití marca la posibilidad de reencauzar a un país en la paz, en la equidad social y en la justicia económica, es una responsabilidad que recae en los países de la región”.
Pampuro anticipó que los ministros Aníbal Fernández y Rafael Bielsa están analizando el envío de gendarmes a Haití para cumplir funciones de policía. “En Argentina estamos atravesando problemas de seguridad difíciles, no podemos mandar gran cantidad de efectivos”, dijo el ministro.
–¿Qué lugar ocupa la lucha contra el terrorismo en la agenda de América latina? –fue la pregunta recurrente de la prensa regional.
–El terrorismo es uno de los problemas más importantes de la agenda mundial –se explayó el brasileño–. Ningún país está libre de la amenaza del terrorismo. No hay duda de que la lucha contra el terrorismo no es una función de las Fuerzas Armadas, es más bien una lucha de inteligencia y de policía. En todo caso los servicios de inteligencia militares deben estar coordinados con la inteligencia civil. No es una lucha militar sino de prevención y de inteligencia.
Pampuro insistió en que “en la Argentina la Ley de Seguridad Interior establece claramente que la policía es la encargada de combatir al terrorismo. Pero –abundó– lo peor que podemos hacer con el terrorismo es ponerlo en un compartimento estanco. Las Fuerzas Armadas tienen un rol colateral en el control del espacio aéreo, en el rango de información, en la integración de grupos de trabajo”. La reestructuración de la Junta Interamericana de Defensa (JID) para que pase a ser controlada más de cerca por la Organización de Estados Americanos y, de esa forma, limitar la autonomía de los delegados militares que con sede en Washington operan prácticamente sin supervisión de los gobiernos de turno es otro de los temas que será analizado en Quito. La presidencia de la JID sería rotativa pero la secretaría general sería permanente y quedaría en manos de Estados Unidos. El delegado de Bush está tratando que para el cargo se requiera un general de una estrella porque los de mayor rango están en funciones en las distintas fuerzas estadounidenses distribuidas por el mundo.