Por N. V.

Unos cuarenta cohetes de guerra y más de 150 cajas de detonadores electrónicos fueron encontrados ayer en una fábrica de explosivos ubicada en la localidad bonaerense de Olavarría. El establecimiento, Explosivos Centro Sociedad Anónima, había sido clausurado en abril, y el Registro Nacional de Armas (Renar) dispuso una inspección ante una denuncia recibida el viernes pasado. La causa quedó en manos del juez federal de Azul, Juan José Comparato, quien anoche le estaba tomando declaración al propietario de apellido Catalá.
Especialistas del Renar explicaron a Página/12 que no eran correctas las versiones que daban cuenta del descubrimiento de misiles “porque ése es un armamento sofisticado, que se dispara en forma teledirigida, mientras que los cohetes son más rudimentarios”. El oficial principal Javier Tidoni, a cargo del operativo, informó que el material hallado “es de máxima peligrosidad y solamente es utilizado por las Fuerzas Armadas”.
En el Renar esperaban anoche el informe técnico de un perito para determinar el origen del material bélico porque los cohetes estaban pintados y no se podían determinar los números de serie. En un comunicado, el director del Renar, Juan Carlos Ramos, explicó que “en el procedimiento se secuestraron cabezas de cohetes de guerra con carga explosiva de TNT con sus espoletas, motores de propulsión de cohetes con sus respectivas toberas y combustible, detonadores, mechas, cordón detonante, explosivos encartuchados, anfos y otros explosivos”.
Los inspectores encontraron al dueño de la fábrica en un galpón distante unos cien metros de la planta central junto a cuatro empleados cuyas identidades no se informaron. En un principio pusieron cierta resistencia para el ingreso de los policías.
Una vez que los efectivos requisaron el lugar, hallaron 40 cohetes de unos 50 centímetros de largo, motores de propulsión y más de 150 cajas de detonadores electrónicos con los que se pueden hacer voladuras a un kilómetro de distancia.
Una vez detectado el arsenal, la policía dio intervención al juez federal de Azul, quien investiga la procedencia del armamento y deberá determinar la situación procesal del propietario de la fábrica y sus empleados.