En la decisión más importante sobre la Justicia tras la renovación de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo no contestó nada sobre la renuncia del juez Juan José Galeano. Así se guardó la llave, porque en cualquier momento podría aceptar la dimisión, pero sobre todo permitió que sea el Consejo de la Magistratura el que lo desplace.
El presidente Néstor Kirchner hizo una jugada muy riesgosa.
El Consejo podría no echar a Galeano como juez.
Galeano podría protagonizar cualquier otro escándalo judicial mientras ejerza la función.
Los legisladores del Consejo podrían usar la acusación contra Galeano para presionar al Ejecutivo.
Los riesgos, pues, son políticos. Pero ésa, paradójicamente, es la principal ventaja de no haber aceptado la renuncia a Galeano. Una ventaja de dos caras.
Una cara es que el Presidente normalmente se siente a gusto cuando trabaja al borde de lo posible. Al borde, del lado de acá, no de allá. Kirchner demostró no ser un suicida.
La segunda cara es que ahora todo el sistema político se pondrá en tensión y, también, en exposición pública.
La historia del Consejo de la Magistratura es lamentable, con una estructura monstruosa, muy pocos jueces desplazados y tiempos vaticanos. La historia, sin embargo, no tiene por qué repetirse si los ojos están puestos en el organismo.
Los legisladores, con pocas excepciones, y los representantes del Poder Judicial, con pocas excepciones, suelen amparar a los enjuiciados. ¿Podrán ser igual de piadosos con un juez que según el veredicto del Tribunal Oral número tres participó en el armado completo de una causa? Ese fallo rompió el pacto corporativo de la familia judicial. Si, fuera de sintonía, continuase el pacto corporativo entre la familia legislativa y Galeano, el Congreso entero se añadirá a sí mismo un costo más en su propia historia. Naturalmente, algunos integrantes del Consejo de la Magistratura podrían apostar a una frustración para que el costo acabe recayendo sobre todo el sistema político. Pero si ése fuera el escenario, habría que ver si todos están dispuestos a inmolarse por Galeano.
Si Kirchner hubiera aceptado la renuncia del juez, Galeano podría estar más cerca de la cárcel. Esa es la ilusión penal.
Como Kirchner no se pronunció sobre la renuncia, abrió la ilusión política: que, por una vez, el Consejo de la Magistratura se vea públicamente obligado a funcionar de acuerdo con el reclamo de independencia judicial. La ventaja es que desde el 2001 ese reclamo suena tan fuerte que, si encuentra resistencias, terminará ayudando al Gobierno a cambiar algunos integrantes del Consejo, los que hasta ahora fueron más corporativos.
Siempre habrá tiempo para que se cumpla la ilusión penal. Pero esta vez hay grandes chances de que, primero, la ilusión política sea una realidad.