El juez Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja participaron del armado de una pista “insostenible” para “responder a las demandas de la sociedad”. Esta es la conclusión fundamental de las más de 4000 carillas de los fundamentos del caso AMIA. Todos los acusados fueron absueltos porque existió ese acuerdo para sembrar una pista falsa, pero además, en base al derecho a la verdad, los jueces se encargaron de detallar en forma extensísima que no hay evidencia alguna de que el armador de autos truchos Carlos Telleldín haya sabido que la camioneta que él vendió se iba a usar para un atentado y que tampoco hay prueba alguna de que se la haya entregado a los policías bonaerenses acusados.
Los magistrados sostienen que a mediados de 1995, tras una reunión entre Corach y Galeano, se puso en marcha el plan para responsabilizar a Telleldín y los policías bonaerenses, en el que contaron con la participación de Anzorreguy, que aportó dinero y silencio sobre la maniobra, y Beraja y los fiscales que conocían lo que se estaba haciendo. Por otra parte, el Estado argentino, durante el gobierno de Carlos Menem, exhibió negligencia, desinterés y desidia, al punto de que nunca se trató seriamente la investigación del atentado ni se pusieron en marcha verdaderas políticas para prevenir un nuevo ataque en la Argentina.
Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo hicieron una prolija enumeración de cómo se plantó la pista falsa.
- A mediados de junio de 1995 empezaron las primeras reuniones con Telleldín. En ellas se negoció que El Enano, como le dicen a Telleldín, imputara a los policías.
- En esos primeros encuentros participaron el abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, y el titular de la DAIA, Rubén Beraja.
- Sin embargo, el puntapié fundamental con el que se lanzó el armado de la pista de los policías bonaerenses fueron los encuentros que la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo mantuvo con Telleldín en la cárcel de Devoto. Los jueces del Tribunal Oral consideran gravísimos esos encuentros y señalan que no respetaron ningún ordenamiento jurídico. El término “inauditos” es casi el más usado para calificar esas reuniones en Devoto, por lo cual los jueces acusan no sólo a la camarista sino al juez Galeano por permitirlas.
- Los jueces mencionan que en aquellos encuentros entre la camarista y el acusado, la magistrado le dijo varias veces a Telleldín que venía con el aval del gobierno nacional y, en particular, de Carlos Corach.
- En esa época se produce una reunión entre el juez Galeano y Corach, sobre la que declara el ex prosecretario de Galeano Claudio Lifchitz, y otro funcionario del juzgado. Ambos coinciden en que el juez volvió de ese encuentro en la Casa Rosada con la consigna de que “debe cerrarse la pista policial antes del segundo aniversario”, o sea julio de 1996.
- En función de ese análisis de las cosas, los integrantes del Tribunal Oral sostienen que a raíz de las negociaciones con Telleldín se pone en marcha el expediente Brigadas en el que se consagrará la pista falsa, en sintonía con lo acordado con el gobierno nacional. Por ello, se anula todo lo hecho en el expediente Brigadas con aquel trasfondo. La fecha desde la cual se estipula la anulación es octubre de 1995.
- Punto culminante del plan son las tratativas con Telleldín para que declare judicialmente que les entregó la camioneta a los policías. Esas negociaciones aparecen claramente en los famosos videos en los que se ve a Galeano y Telleldín hablando de lo que va a decir, qué testigos truchos va a aportar y cuánto va a cobrar. Los jueces detallan hasta el cansancio la transcripción de las cintas de video en las que está muy claro que los tres testigos que aportará Telleldín van a mentir diciendo que vieron el momento en que les entregó la camioneta a los policías. Más aún, los integrantes del Tribunal Oral hacen una comparación de lo que esos testigos dijeron antes del pago y lo que dijeron después, evidenciando las mentiras.
- Los magistrados demuestran que en aquella negociación se pacta el pago de 400.000 dólares a Telleldín. En esa operación, no registrada en el expediente, participa Hugo Anzorreguy, quien aporta el dinero de la SIDE. Los jueces hacen una larga descripción de la forma en que el ex titular de la SIDE maneja en forma ilegal los fondos para entregarle a Telleldín ya que –dicen– es ilegal sacar dinero del presupuesto del Estado para pagarle ilegalmente a alguien.
- Cuando los jueces ordenan que Anzorreguy y Corach sean investigados por la Justicia mencionan que ambos funcionarios supieron del pago y respaldaron al juez en sus irregularidades.
- En los fundamentos entregados ayer hay extensos párrafos para demostrar que también Rubén Beraja mintió cuando dijo que no supo nada del pago. Se detallan conversaciones, testimonios e indicios que demostrarían que el ex titular de la DAIA participó del plan de instalar una pista que “naufragaba”, según afirman los jueces. El Tribunal Oral ordena la investigación de Beraja por falso testimonio, pero de hecho plantea que fue hombre clave en lo ocurrido.
En el fallo difundido ayer, las mayores y más extensas acusaciones van contra el juez Juan José Galeano. Se sostiene que actuó con parcialidad, que valoró en forma arbitraria las pruebas, ocultó gran parte de lo actuado a las partes, que permitió aprietes a testigos y él mismo escondió delitos de algunos de los protagonistas con tal de conseguir en forma ilegal evidencias poco confiables contra los policías. La imputación más grave es la que tiene que ver con el pago a Telleldín y la negociación ilegal que se ve en los videos que es lo que termina derrumbando la causa. También se acusa al magistrado y a la SIDE por intervenir teléfonos en forma ilegal e incluso antes de lo que figura en el expediente, por lo que se da a entender que había una investigación secreta y paralela que después se trataba de incorporar al expediente, aunque queda la duda de que hubo muchas cosas que se hicieron en forma ilegal y que nunca fueron blanqueadas. En los fundamentos, también hay larguísimos tramos de acusaciones contra los fiscales.
Uno de los mayores cuestionamiento que realizan los magistrados es al gobierno de Carlos Menem. Se dice, por ejemplo, que el ministro del Interior de entonces, Carlos Ruckauf, fue totalmente negligente, la misma consideración que hacen sobre el secretario de Seguridad, Hugo Franco, y otros funcionarios. Respecto del riojano, se mencionan testimonios de que incluso estaba más interesado en saber quién sería el técnico de la selección nacional de fútbol que en la marcha de la investigación del atentado. Es más, hay un relato pormenorizado, basado en lo que dicen los ex ministros y secretarios, de que en las reuniones de gabinete sólo se trataba el tema de la investigación en forma muy general.
Como una mayor demostración de la negligencia y desidia de la administración Menem, en el texto se hace una larga referencia a que mientras en los medios de comunicación se anunciaban medidas contra el terrorismo, en realidad todo se demoraba, quedando el país expuesto a un tercer atentado. Las palabras “falta de interés” son las que se repiten en el texto para dejar en claro que no hubo voluntad política alguna de investigar en serio el atentado y que todo se orientó a encontrar, de cualquier manera, culpables truchos. La conclusión final es que no sólo hubo protagonistas centrales del armado falso, sino que también otras vertientes del Estado argentino apoyaron a Galeano y a los funcionarios menemistas en su maniobra: se menciona en concreto a jueces, como Cavallo y Oyarbide, y a una parte de los legisladores de la Comisión de Seguimiento de los Atentados, los que salieron a defender a Galeano cuando se hizo público el video en el que se veía claramente el escandaloso manejo de la causa AMIA.