Por A. M.

Carlos Corach, ex ministro del Interior de Carlos Menem, habría sido el cerebro del encubrimiento. Hugo Anzorreguy, ex jefe de la SIDE, el receptor del pedido del juez Juan José Galeano para pagarle a Carlos Telleldín (aunque hay quien piensa que fue al revés). Los fiscales, en lugar de controlar al magistrado, o sabían y no hicieron nada o miraron para otro lado y terminaron junto a él en el banquillo de los nuevos acusados. Pero esta trama tuvo a otros protagonistas. Dos jueces federales que absolvieron a Galeano en el escándalo del video que reflejó el pago al reducidor, diputados que vieron el video y no hicieron la denuncia y abogados que participaron de aprietes a imputados y testigos. Todo para sostener la versión oficial, que el Tribunal Oral Federal 3 terminó ayer de despedazar.
Además, el TOF 3 también denunció la intervención de funcionarios de la provincia de Buenos Aires en los “espurios intereses del juez”. Por ejemplo, en los fundamentos describieron el ofrecimiento al padre del entonces procesado Diego Barreda y al propio imputado por parte del comisario inspector Luis Ernesto Vicat para que involucre a Juan José Ribelli, ex jefe de la Brigada de Lanús (que ayer también se dejó ver en Comodoro Py y anunció la próxima apertura de su propio estudio como abogado). Del mismo modo, el entonces abogado Federico Domínguez, hoy camarista, defensor del ex acusado Bautista Huici, y la abogada de la DAIA Marta Nercellas fueron denunciados por presionarlo para que acusara a los policías bonaerenses.
El camarista Gabriel Cavallo y el juez Norberto Oyarbide tuvieron en sus manos la causa por la presunta extorsión de Juan Ribelli a Galeano con el famoso video que plasmó el ofrecimiento de dinero a Telleldín. “Galeano no ofreció, ni los jueces que se ocuparon de la instrucción se lo requirieron, un relato juramentado de lo acontecido en la mencionada entrevista”, escribieron ayer hasta última hora los jueces del TOF 3. “Deviene inadmisible, entonces, sostener que Galeano, por su mera condición de juez, se encontraba eximido de cumplir con esa exigencia procesal o, lo que es más grave, presumir su buena fe”, agregaron.
Respecto de los integrantes de la comisión bicameral de seguimiento del caso AMIA, Carlos Soria, Rafael Galván, Carlos “Chacho” Alvarez, José Romero Feris, Federico Storani, César Arias y Melchor Cruchaga serán investigados por las “sucesivas reuniones que Galeano mantuvo con ellos, encaminadas a lograr un respaldo político que avalara su proceder, en aras de aventar el temor, presumido como inevitable, que por entonces se enarbolaba: ‘Cualquier cuestionamiento a su labor haría caer la causa AMIA’”. Estos diputados también vieron el video y no lo denunciaron.
Por otra parte, el comisario Ramón Verón, Rubén Beraja y el represor Héctor Vergez deberán responder ante la acusación de falso testimonio, porque en el juicio oral negaron haber sabido del pago a Telleldín.