“Para las hermanas de Alice Domon y el sobrino de Leonie Duquet fue un encuentro decisivo que marcó el reconocimiento oficial del Estado argentino sobre el sufrimiento que habían padecido sus familiares.” De esta forma, la abogada francesa Sophie Thonon sintetizó en diálogo con Página/12 la reunión entre los familiares de las monjas francesas desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada y el juez federal Sergio Torres en la embajada argentina en París. Ese es uno de los casos por los cuales Torres dispuso la detención del ex marino Alfredo Astiz al reabrir la causa ESMA luego de que el Congreso dispusiera la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El represor está preso en una unidad militar a pesar de haber sido degradado. El juez dijo a este diario que se lo mantiene en esa situación “por razones de seguridad”, pero aclaró que fue trasladado de urgencia al Hospital Naval y “estamos esperando el informe de los peritos forenses”.
Una de las hermanas de Alice, Gabrielle Domon, le preguntó al juez si a partir de la investigación se podrá conocer la cronología, los lugares donde estuvieron secuestradas, el destino y a lo mejor dónde están los cuerpos. Torres, quien ordenó la detención de Astiz y una veintena de esbirros de la ESMA, le explicó que a partir de los testimonios acumulados y del cruce de información se empieza a tener una idea más precisa del martirio de las monjas. “Para nosotros es un momento histórico. Por primera vez en veinte años de luchar y pedir justicia tenemos un reconocimiento de la Justicia argentina, que nos recibió. Nos vamos muy contentos y esperamos que sirva para algo”, dijo una de las hermanas de Domon.
Durante casi una hora, los familiares de Domon y Duquet, la abogada del caso en Francia, Sophie Thonon, y el abogado en la Argentina, Horacio Méndez Carrera, intercambiaron información con el juez, el fiscal Eduardo Taiano y los secretarios Cristian Barrita y Diego Flupski. Hoy Torres recibirá el testimonio de más víctimas de la represión ilegal en la embajada en Francia, que se transformó en un imán al que llegaron atraídos familiares y sobrevivientes de distintos países europeos.
Thonon le planteó al juez por qué “Astiz sigue preso en una especie de cárcel de lujo, como es una dependencia naval”. Torres señaló que es por razones de seguridad, a pesar de que el Angel Rubio perdió su grado militar no por sus hechos sino por sus dichos. La Armada efectivizó la medida tras el escándalo público provocado por las declaraciones del oficial que se ufanó de ser el mejor preparado para asesinar a un político o a un periodista. El decreto 83/98, firmado por el entonces presidente Carlos Menem, ordenó la “destitución de Alfredo Astiz por provocar con su actitud inconsulta e irresponsable una situación de gravísima repercusión social y política que afecta seriamente el prestigio de la Armada y otras instituciones”. En ese momento el ex capitán de navío gozaba de libertad y ni se discutía sobre la nulidad de las leyes de impunidad y los indultos que habían abortado los procesos judiciales contra la represión ilegal. De hecho, Francia es el único país que condenó a Astiz en ausencia y sigue reclamando su extradición. Los familiares de las monjas francesas le entregaron al juez argentino documentación que fundamentó la sentencia contra el integrante de los Grupos de Tareas de la ESMA que hasta llegó a infiltrarse en el incipiente grupo originario de las Madres de Plaza de Mayo y entregó a Azucena Villaflor. En rigor, en el caso Astiz, el juez Torres al ordenar su detención apenas reabrió la causa ESMA una vez dispuesta la nulidad de las leyes por el Congreso y habilitado el proceso por la Cámara Federal hizo primar la jurisdicción argentina para juzgarlo.
La delegación judicial argentina llegó a París procedente de Madrid, en busca de más pruebas y testimonios, un objetivo que el magistrado consideró “ampliamente cumplido”. “Cuando lleguemos a Buenos Aires haremos una valoración general de lo obtenido: 50 mil folios en Madrid ytestimonios en París. Estamos muy conformes”, dijo el juez Torres, quien destacó “la colaboración del embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini”. La embajada se ocupará de toda la logística y el transporte de la documentación del juzgado de Baltasar Garzón y su traslado por correo diplomático a Buenos Aires.
Los procesos reabiertos por la ESMA y la represión en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército avanzan con la decisión de mantener con prisión preventiva a los imputados. Por los secuestros y desapariciones en el centro clandestino de la Armada están detenidos Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Juan “Jeringa” Barrionuevo, Raúl Scheller, Carlos Capdevilla, Manuel García Tallada, Oscar Montes, Héctor Febres, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Juan Antonio Azic.
Mientras tanto, la Cámara de Casación tiene que decidir las apelaciones de los defensores de los militares que cuestionan la nulidad de las leyes de impunidad. El tema también está en análisis en la Corte Suprema, que viene postergando una definición en medio del proceso de renovación que desplazó a cuatro de los cinco jueces de la mayoría automática menemista.