Como corolario de un camino sinuoso, la causa de los sobornos en el Senado llegó a la Corte Suprema, que ahora podría decidir si anula o deja en pie los desprocesamientos que beneficiaron a los cuatro principales sospechosos. La Oficina Anticorrupción (OA) presentó ayer un recurso extraordinario ante el máximo tribunal pidiéndole que revocara el fallo de la Cámara de Casación Penal que alivió al ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes, al “arrepentido” Mario Pontaquarto y a los ex senadores José Genoud (UCR) y Emilio Cantarero (PJ), al reafirmar otra resolución previa que decía que no había pruebas para incriminarlos.
La memorable confesión de Pontaquarto reactivó, en diciembre del año pasado, el expediente sobre las coimas. Con su testimonio y una serie de medidas, el juez Rodolfo Canicoba Corral dio por acreditado que “el 18 de abril de 2000 el entonces secretario parlamentario retiró de la SIDE cinco millones de pesos” para “entregarlos a dos senadores” con el fin de que “aprobaran la Ley de Reforma Laboral”. La pesquisa parecía marchar a paso firme hasta que –el 13 de julio– la Cámara Federal, con los votos de Martín Irurzun y Horacio Vigliani, anuló los procesamientos dictados por el magistrado contra De Santibañes, Genoud, Cantarero y el propio Pontaquarto. Según los camaristas, no había constancias suficientes para culparlos y detallaron directivas para profundizar la investigación.
La OA y el fiscal de Cámara Germán Moldes llevaron el caso hasta la Cámara de Casación, pero la Sala I de ese tribunal rechazó como “inadmisibles” sus recursos y, así, ratificó los desprocesamientos de la Cámara Federal. La última esperanza para los investigadores queda en la Corte. Allí recurrió ayer el titular del organismo Anticorrupción, Daniel Morin, con una presentación que advierte que la resolución de Casación “es arbitraria” y pide que sea revocada. Argumenta que no tuvo en cuenta la “gravedad institucional” que encierra la trama de los sobornos e incluso la “perpetúa”, “consintiendo la no dilucidación de los hechos por parte del Poder Judicial y aumentando mucho más la gravedad del caso de corrupción que nos ocupa, que ve cada vez más involucrados a los tres poderes del Estado”. Para la OA, durante la etapa de instrucción basta que el juez “reúna elementos mínimos”. Eternizar la producción de prueba, dice, “provocaría” la “total parálisis” del proceso.
La Corte tiene ahora varios caminos alternativos. Si rechaza el recurso extraordinario, la OA aún podría presentar otro de queja. Si éste también fuera descartado, los desprocesamientos quedarían firmes. Pero los supremos también podrían admitir la apelación y pedirle a Casación un nuevo fallo o directamente pronunciarse ellos mismos sobre el fondo. Según allegados a la causa, más allá de que el tema esté en el máximo tribunal, el juzgado, a cargo del nuevo juez Daniel Rafecas, puede seguir dando pasos. De hecho, en las últimas semanas se tomó testimonio a agentes de la SIDE y avanzan nuevos peritajes. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido, también viene recogiendo relatos que avalan la historia de Pontaquarto.