A Juan José Galeano le llegó la hora. El Consejo de la Magistratura resolvió no concederle más prórrogas y ratificó la citación para que declare mañana a las 10 ante la Comisión de Acusación por las maniobras que se le atribuyen en la instrucción de la causa AMIA. El juez había pedido por tercera vez una postergación de su descargo, con el argumento de que no llegó a leer los extensos fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral 3, que juzgó el atentado terrorista y a él le atribuyó varios delitos. Un grupo de consejeros entendió que sus planteos responden a “una maniobra dilatoria” y dejó firme el interrogatorio, al que puede ir personalmente o mandar un escrito.
En el Consejo conjeturan que Galeano no concurriría a declarar pero mandaría un texto con sus argumentos. Si no hace ninguna de las dos cosas, lo más probable es que la comisión interprete que desistió de su derecho de defensa y dictamine sin más trámites sobre su conducta en el expediente AMIA. Como sea, en el organismo esperan que el caso llegue al plenario hacia fin de mes. Allí podrían suspenderlo y declarar abierto el juicio político, un proceso que quedará en manos del jury de enjuiciamiento. La Comisión de Acusación citó por primera vez a Galeano para mediados de septiembre en base a un informe preliminar que elaboraron los consejeros Marcela Rodríguez, diputada del ARI, y Beinusz Szmukler, representante de los abogados. El documento lo responsabilizaba no sólo por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que inculpara a policías bonaerenses, sino por coacciones y torturas sufridas por testigos, manipulación y destrucción de pruebas y creación de legajos paralelos, entre otras cosas. El magistrado buscó dilatar de todas las formas posibles su declaración y dos veces consiguió que los consejeros le extendieran los plazos.
El martes último, el Consejo recibió un nuevo pedido de prórroga en el que Galeano sostenía –junto con su abogado, el ex camarista Andrés D’Alessio– que no había llegado a leer los largos fundamentos de la sentencia del tribunal oral y que había tenido “grandes dificultades” para acceder a ellos. Decía carecer, así, de “un conocimiento acabado de las imputaciones formuladas”.
El titular de la Comisión de Acusación, Juan Mínguez, llamó a una reunión extraordinaria para resolver la situación del magistrado, que se hizo ayer a la mañana. De los siete miembros de ese equipo, sólo concurrieron el propio Mínguez, Szmukler, Rodríguez y el abogado Luis Pereira Duarte. Los ausentes fueron los legisladores peronistas: Jorge Casanovas, Jorge Yoma y Lelia Chaya, tres consejeros proclives a votar en contra de las acusaciones de jueces. Casanovas incluso mandó una nota en la que decía que estaba enfermo y no podía ir, pero que no tenía ningún problema en darle a Galeano el tiempo que necesite.
Rodeados por un grupo de familiares de víctimas del atentado nucleados en Memoria Activa y otras organizaciones, los consejeros decidieron en un trámite expeditivo no hacer más concesiones al juez y ratificar la fecha para su declaración que estaba prevista, que es mañana a la mañana. Rodríguez aclaró: “Galeano nunca fue citado en base a la sentencia del tribunal oral sino a los hechos que se investigaban desde hacía tiempo en este Consejo (las primeras denuncias datan de 2001). Si le diéramos más prórrogas lo estaríamos colocando en una inexplicable situación de privilegio”.