Siete ex trabajadores de YPF que en noviembre pasado realizaron un piquete en reclamo del pago de sus indemnizaciones serán llevados a juicio oral acusados de “coacción agravada”, un delito con penas de hasta cuatro años de prisión. Así lo confirmó la Sala Primera de la Cámara Penal platense, integrada por los jueces Pedro Soria y Carlos Silva.
Hace más de diez años, cuando la petrolera estatal fue privatizada, se creó un Programa de Propiedad Participada (PPP). Su función fue facilitar la venta de la empresa otorgando una reparación a los empleados. Aun así, en los años que siguieron sólo una parte de ellos lo pudo cobrar, situación que dio lugar a numerosas protestas. En la actualidad, aunque existe una oferta de pago del PPP, ella está muy por debajo de lo que los ex trabajadores esperan. El Ministerio de Economía les ofrece unos 23 mil pesos en bonos por cabeza mientras que los ypefeanos sostienen que les corresponde legalmente 100 mil. El conflicto, de acuerdo con los datos de la Mesa Coordinadora Nacional de Ex Trabajadores de YPF, afecta a unas 29 mil personas.
En este marco, el año pasado la Mesa Coordinadora realizó bloqueos en los ingresos de las refinerías de Ensenada (La Plata), Mosconi, Aguaray y Campo Durán (Salta).
Los acusados participaron de las protestas en La Plata, en las cuales cortaron calles y quemaron neumáticos. Denunciados penalmente por la empresa, a lo largo del proceso judicial sus acciones fueron encuadradas con distintas figuras penales.
El fiscal Carlos Gómez pidió sus detenciones por supuesta intimidación pública. Basándose en el peligro que habría implicado la quema de neumáticos en cercanías de un depósito de combustible, el juez de Garantías Guillermo Atencio consideró que habían violado el artículo 211 del Código Penal, que sanciona con penas de tres a diez años de prisión a quienes busquen infundir temor público o suscitar tumultos y desorden con “explosivos, químicos o materias afines”. Finalmente, la Cámara de Apelaciones modificó este encuadre legal y elevó la causa a juicio oral por coacción agravada.
Los imputados son Juan Carlos Bertoluccio, Reinaldo Oscar Giles, Jorge Alejandro Germán, Roberto Carlos Burgos, Carlos Alfredo González, Daniel Seoane y Tránsito Osorio, quienes podrán esperar el inicio del juicio oral en libertad. Arrestados a fines del 2003 en una serie de allanamientos, fueron beneficiados con la excarcelación en el mes de diciembre. En las indagatorias negaron que durante los piquetes hayan generado algún riesgo de incendio.
Mario Reartes, integrante de la Mesa Coordinadora de ex trabajadores de YPF, dijo a Página/12 que de las 29 mil personas que esperan cobrar las acciones del Programa de Propiedad Participada, “quienes están en una situación económica precaria están accediendo a cobrar los 23 mil pesos mientras que los que pueden aguantar han iniciado juicios”. El dirigente señaló que, apoyándose en esta situación, algunas financieras están haciendo su negocio, invitando a los ex trabajadores a retirar las acciones para comprárselas a bajo precio.
También en Salta los reclamos dieron lugar a procesos judiciales que todavía están en curso. Por este motivo, lo que decida el tribunal en el juicio oral de La Plata marcará una dirección sobre lo que puede pasar con juicios similares abiertos en otros puntos del país. Las audiencias de La Plata todavía no tienen fecha de inicio, ya que como marca el procedimiento todavía debe realizarse una instrucción suplementaria en la que las partes pueden pedir que se reúnan nuevos elementos de prueba sobre los episodios investigados.