Antonio Boggiano quedó a un paso de ser acusado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. El juez de la Corte presentó ayer por escrito su defensa frente a los tres últimos cargos formulados en su contra, ligados a su actuación en la causa conocida como Meller. Allí sostuvo que es “normal” que los supremos cambien su voto rotundamente de un día para el otro, como él lo hizo. El diputado Ricardo Falú (PJ) dijo que el descargo es “endeble e inconsistente” y anunció que a lo sumo en quince días estará listo un dictamen que pedirá la destitución.
El ministro de la Corte, que en los noventa formó parte de la mayoría automática, arrastra catorce imputaciones en total. El primer descargo ante la Comisión de Juicio Político, que tampoco formuló personalmente, lo hizo hace quince días. Uno de sus argumentos centrales, reiterados en su nueva presentación, señalaba que los magistrados no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias.
En Diputados sostienen que el caso Meller es quizás el que más compromete a Boggiano. Formó parte de las acusaciones contra Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez –que renunciaron– e integró los fundamentos de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor. A todos ellos en la comisión se los responsabiliza por haber convalidado con un fallo un pago millonario que la empresa Meller le reclamaba a la ex ENTel. por la impresión de guías telefónicas. La resolución cortesana rechazaba la revisión de una decisión del Tribunal de Obras Públicas que condenó al Estado a abonar una cifra que, actualizada, sería de 400 millones.
Los cargos que Boggiano intentó refutar ayer le atribuían una “conducta gravemente autocontradictoria”. Señalaban que modificó su voto en el caso Meller un día antes de que el alto tribunal dictara sentencia, se apartó “de sus propios precedentes judiciales” y estuvo “motivado por intereses diferentes a los de la función judicial”. El juez, decían los diputados, sostuvo en la primera versión de su voto que había que admitir el recurso del Estado y dejar sin efecto el fallo favorable a la compañía, pero luego escribió que un laudo arbitral no es pasible de revisión en la Corte.
El nuevo escrito del juez de la Corte está titulado “Los derechos humanos del juez” y dice que cambiar el voto es algo habitual. Para mostrarlo, involucra a sus compañeros. Como ejemplo muestra que los que se pronunciaron en disidencia en el caso Meller (Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio) también modificaron sus posturas. Por su parte, alega que su voto “no causó perjuicio alguno al Estado” y que la posible contradicción con su doctrina se debió a una “inadvertencia”.
Después de leer las quince páginas, Falú –titular de la Comisión de Juicio Político– dijo que el descargo “no trae novedad ni prueba alguna”, sino que “acentúa la culpabilidad”. En las próximas dos semanas, anticipó, será elevado el dictamen acusatorio que ubicará a Boggiano más cerca de la remoción. Lo cuestionará no sólo por su desempeño en el asunto Meller, sino por la presunta obstrucción de una pesquisa sobre contrabando de autos (caso Macri) y por la sanción a la jueza Haydeé Dragonetti de Román que habría invadido facultades del Consejo de la Magistratura.
Todavía hay chances de que la acusación llegue al recinto de Diputados antes de fin de año, pero será difícil. Falú da por hecho que esa Cámara impulsará la expulsión de Boggiano. Pero las señales desparejas sobre la iniciativa que envió el Gobierno aumentan la incertidumbre en relación con el Senado, donde el oficialismo aún se muestra ambiguo.