La Cámara de Diputados tratará mañana un proyecto de ley de extinción de penas para los 38 presos y los siete mil procesados por el conflicto social. La iniciativa propone sobreseer todos los casos de este tipo abiertos a partir de febrero de 1991, cuando en Mosconi y Tartagal ocurrieron las primeras puebladas. “La Justicia argentina ha convertido un problema político en uno criminal –sostienen los autores del proyecto–; en un país con la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza sería aberrante que no hubiera reclamo.”
Impulsada por los diputados Ariel Basteiro y Patricia Walsh, la iniciativa tiene la adhesión de 40 legisladores. El texto va a debatirse en una sesión especial fijada para el martes a las 14.30, que será acompañada por una marcha de piqueteros, sindicatos y organismos de derechos humanos.
“Buscamos hacer visible la extensión del problema. Entre los procesados hay religiosos, como Jesús Olmedo en Jujuy y el obispo de Lomas de Zamora. Hay diputados como Eduardo García, quien participó de una manifestación en Córdoba, cuando Germán Kamerath concesionó un parque público para un emprendimiento gastronómico. También el Barba Gutiérrez, quien se opuso al desalojo de los trabajadores de la farmacia Franco-Inglesa. Hay directores de escuela y de hospitales procesados por salir contra el recorte del presupuesto. En Esquel, por la instalación de la mina, a pesar de que después ganaron el referéndum. Hay pueblos originarios de Salta que se opusieron a la venta de tierras públicas: quedaron procesados el cacique y toda la tribu. Están los ahorristas, los comerciantes que en el ’96 y ’97 protestaron contra los cortes de Edenor y Edesur, muchos dirigentes sindicales, los que frenaron remates en el campo, los piqueteros”, explicó Basteiro.
El proyecto de ley tomó en cuenta los antecedentes que los organismos de derechos humanos elaboraron en el inicio de la actual gestión, cuando el Gobierno se había comprometido a tratar el desprocesamiento y a reformar las figuras penales que chocan con las nuevas formas de protesta social, proyectos que finalmente quedaron en el olvido. El texto de Basteiro-Walsh tiene tres artículos, que declaran “extinguidas” las penas impuestas “por reivindicaciones sociales, económicas o políticas”, fija sus alcances (cortes de ruta, escraches, manifestaciones de ahorristas, etc.), ordena a los jueces sobreseer a los acusados y poner en libertad a los presos.
El proyecto se apoya en el artículo 75 de la Constitución que otorga al Congreso la facultad de promulgar leyes de extinción de la pena.
Entre las adherentes figuran toda la centroizquierda (ARI, socialistas, Izquierda Unida, Frepaso, Autodeterminación y Libertad) más algunos radicales y peronistas. Cuarenta apoyos contra los 129 que requiere el quórum, para lo que será necesario el respaldo del oficialismo.
“Esto quiere decir que la sesión de mañana posiblemente no tenga resultados inmediatos”, dijo Patricia Walsh. “De todas formas, yo recuerdo que antes de lograr la nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida hicimos tres sesiones especiales en absoluta minoría, con alrededor de 30 diputados y la clase política opinando que era imposible. Se trata de recorrer un camino. Queremos dar el debate y poner en primer plano la huelga de hambre de los presos de Caleta Olivia, hoy internados por la medida, y plantear que ningún gobierno que sostenga la bandera de los derechos humanos tiene esta cantidad de presos políticos y de procesados.
En la marcha al Congreso participarán las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la Asociación, el Serpaj, Abuelas, el CELS, la Correpi y la APDH. Entre los piqueteros, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) recibirá en Retiro a su titular, Raúl Castells, quien volverá de Chaco tras recuperar la libertad. La Corriente Clasista y Combativa, algunos MTD y Barrios de Pie también anticiparon su presencia, igual que la CTA, Izquierda Unida, Fedecámaras y la Asociación Agraria.