Sin estar presente, el juez Juan José Galeano dará hoy la batalla final por dilatar el juicio político que se sustancia en su contra. El magistrado pidió a la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura una larga serie de medidas de prueba –la enunciación ocupa nueve páginas– que, aunque le concedan una pequeña parte, demoraría todo el proceso al menos un año. La comisión deberá resolver hoy.
Galeano pidió, por ejemplo, que se libre un exhorto al FBI para que éste dé a conocer sus conclusiones sobre la investigación del atentado, un exhorto a las autoridades israelíes para que informen sobre el papel de los rescatistas en los primeros días posteriores al 18 de julio de 1994 y que se saque copia certificada de la causa por el ataque a la Embajada, sin que se entienda qué tienen que ver esas medidas con las irregularidades cometidas por el juez durante la causa AMIA.
En realidad, la Comisión de Acusación no juzga a Galeano sino que sólo se expide sobre si existen méritos para iniciar el juicio político, por lo que las medidas de prueba tienden a hacerse en el propio juicio. El magistrado busca ganar tiempo porque de esa manera no afronta el riesgo de que lo suspendan, como ha ocurrido con la casi totalidad de los jueces que han sido sometidos a juicio político.
Galeano batió todos los records al utilizar seis sesiones de la comisión para exponer sus posturas respecto de las irregularidades que se le atribuyen. En realidad hizo una especie de cronología de la investigación del caso AMIA y no se circunscribió, por ejemplo, a los puntos concretos de la acusación. Recién en la última sesión dio su respuesta al aspecto que está en el centro del cuestionamiento: el pago de 400.000 dólares al principal imputado de la causa, Carlos Telleldín. Galeano alegó que fue una jugada de la SIDE, aunque en los dos videos que se conocen es el propio juez el que negocia el dinero con Telleldín.
Terminadas las seis sesiones de la Comisión, Galeano se despachó con una larga serie de medidas, sobre las que hoy se tomará una decisión. Si se las conceden, o si le conceden aunque sea una parte, el magistrado tiene para rato a cargo del juzgado que hoy preside, ya que las medidas que propone tardarían meses –o incluso años– en realizarse. Algunos de los pedidos son los siguientes:
- Que se les tome declaración a Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian, que en su momento formaron una comisión de notables para investigar las irregularidades de las fuerzas de seguridad e inteligencia en el caso AMIA.
- Que se libren exhortos al FBI y a Israel para que den cuenta de lo realizado por los expertos que de uno y otro lado vinieron a la Argentina.
- Que se incorpore copia certificada de la causa AMIA –13.000 páginas–, la causa embajada y un expediente instruido en su momento por el juez Gabriel Cavallo sobre los videos. Como es obvio, todo eso debería ser leído por los consejeros, algo que tardaría no menos de un año.
- Que se realicen varios peritajes sobre manuscritos y distinta documentación.
- Enviar un exhorto a Alemania para que se expida sobre la primera declaración de un famoso testigo iraní conocido como Testigo C.
Estas son sólo una parte de las medidas pedidas por Galeano y que en la sesión de hoy a las 9 serán tratadas por la Comisión de Acusación. La función de la comisión es realizar un proceso sumario y decidir si acusan a un magistrado ante el plenario del Consejo, en donde se necesita el voto de los dos tercios de los consejeros para destituirlo. Justamente, por el carácter sumario es que las medidas de prueba se hacen en el propio jury de enjuiciamiento y no en la comisión. En el reciente fallo del tribunal oral sobre el caso AMIA los jueces fueron todavía más duros con Galeano que lo que se ventila en el juicio político actual. Lo acusaron de una larga serie de delitos e irregularidades: falsedad ideológica, destrucción de pruebas, privación ilegal de la libertad y torturas, escuchas telefónicas ilegales, coacción, encubrimiento y, obviamente, de pagarle a Telleldín en forma clandestina.