Hay un punto central en el que Kirchner y Lavagna no tienen disidencias: la tutela del FMI es una piedra de molino y quitársela del cuello un requisito mínimo para consolidar el crecimiento macroeconómico e intentar que un mayor porcentaje de la población flote por encima de los escandalosos indicadores de pobreza e indigencia debidos a la perversa combinación entre la convertibilidad menemista y la megadevaluación duhaldista. Las diferencias comienzan cuando se trata de avanzar hacia la liberación de ese yugo. La autonomía nacional ha sido secuestrada y el gobierno está tocando todos los timbres y vaciando todos los cajones con desesperación por reunir el monto del rescate. El presidente y su ministro de Economía tienen cada cual su propia idea acerca del mejor modo de hacerlo y ninguno acusa el menor déficit de autoestima. Nada parece indicar, sin embargo, que los chisporroteos de los últimos días pongan en riesgo la continuidad de la sociedad política entre quienes conservan el recíproco respeto intelectual y personal que nunca se profesaron, por ejemplo, Menem y Cavallo.
Fantasmagoría
El presunto conflicto entre Lavagna y el presidente del Banco Central por la administración de las reservas es una fantasmagoría inconsistente. En su último diálogo con Kirchner, Alfonso de Prat Gay cuestionó la estrategia de negociación de Lavagna por la deuda pública en mora. “No es de Lavagna, es mía”, le respondió el presidente como amable despedida. Lo mismo ocurre ahora: es Kirchner (y no Redrado ni Lavagna) quien medita acerca de la modificación de la ley que regula la actividad de la autoridad monetaria. Militante del poder, Martín Redrado fue impuesto antes de asumir de las condiciones a las que debería atenerse en su desempeño. El mito de la autonomía del Central duró hasta el último día de la gestión de su predecesor y sólo resta darle piadosa sepultura también en los textos legales que fijan las reglas del juego. La reforma de la Carta Orgánica del BCRA es imprescindible para lidiar con el FMI en condiciones menos desiguales y sólo la emancipación del organismo multilateral dejará de contraponer la defensa del valor de la moneda a las necesidades más elementales de la política económica. Se trata de círculos viciosos superpuestos y es imposible romper uno sin afectar el otro. Lo saben tanto Kirchner como Lavagna, quienes difieren en el cómo y el cuándo y, sólo tal vez, también en el para qué. Sólo a ese criterio de oportunidad se refirió Redrado cuando dijo que no era preciso ningún retoque a la Carta Orgánica. “Por ahora”, le faltó decir, como hacía su riojano introductor en el mercado político cuando no quería mostrar el juego antes de tiempo.
Comprar libertad
Cuando Kirchner asumió, con apenas 9000 millones de dólares de reservas y compromisos inminentes por 6000, la insinuación de extender el default a los organismos multilaterales era verosímil y contaba con alguna chance de impunidad. Bastó que se mentara esa posibilidad, para que el Fondo aceptara un acuerdo ad hoc, conveniente para ambas partes: la Argentina le pagaría en fecha y el organismo le giraría luego un monto casi idéntico. El Fondo se aseguró así un trato más considerado que los bonistas. En el año transcurrido desde entonces, el gobierno se dedicó a acumular reservas. Esto por un lado lo fortalece, pero por otro lo torna más pasible de represalias, ya que ahora no podría invocar en forma convincente el estado de necesidad que era indiscutible entonces. Todos los sondeos intentados con distintos eventuales aliados, dentro y fuera de la región, tuvieron el mismo decepcionante resultado. En el mundo unipolar regido por una hiperpotencia nadie acompañaría el gesto solitario de la Argentina. El gobernante que cediera al voluntarismo de las consignas podría atraer sobre el país el escarmiento que desde hace años se quiere imponer a la Argentina. La conclusión oficial fue que comprar libertad obliga a pagar un precio alto.
Pura malta Thornton
El 8 de agosto, hace ya largos cuatro meses este diario reveló el proyecto oficial de rechazo a las condicionalidades del Fondo. En septiembre esto se confirmó al postergarse la revisión de metas prevista para septiembre. La primera idea en ese sentido no fue de Kirchner sino de Lavagna, quien difundió en forma oficial la crítica más vitriólica que un país miembro haya dedicado al organismo en sus seis décadas de existencia. El razonamiento, compartido a ambos lados de la calle Hipólito Yrigoyen, es que si la Argentina hubiera seguido las recomendaciones del Fondo, estaría en una situación infinitamente peor. El ejemplo extremo es la recomendación del delegado del FMI, John Thornton, en favor de una nueva hiperinflación que licuara los pasivos, al estilo de aquella que el FMI y Domingo Cavallo desataron en 1989 para acabar con cualquier atisbo de autonomía nacional y contribuir a la educación presidencial de Menem. “Hubiera sido como colocar una botella de whisky sobre la mesa de un alcohólico recuperado”, describe uno de los funcionarios que desdeñaron ese consejo envenenado. El Fondo no se priva de nada. En contra de las finalidades de su propio estatuto, pugna por un incremento de los precios al público de las empresas privatizadas y un relajamiento de los proyectos regulatorios, es agente de los bancos que claman por compensaciones de la pesificación asimétrica y sostiene que debe mejorarse la oferta a los acreedores del Estado, reclama niveles crecientes de superávit fiscal, cuestiona cualquier actividad del Estado como promotor económico, exige una nueva ley de coparticipación federal que desataría una carrera de exigencias de las provincias hacia la Nación y cada tres meses envía una desestabilizadora misión de monitoreo con ese monótono pliego de condiciones.
También insiste en una sustancial apreciación del peso, de modo que un dólar cueste no más de 2,30 pesos, muy conveniente para transferir superávit al exterior. La competitividad de la economía se hundiría varios escalones, los niveles de actividad (y de empleo) volverían a encogerse, lo mismo que los ingresos fiscales. Tampoco sería posible mantener las retenciones a las exportaciones agropecuarias e hidrocarburíferas que a falta de una reforma tributaria hoy financian la caja estatal en forma algo menos regresiva que lo acostumbrado. Plegarse a la coacción del Fondo sería como descender al abismo de la dolarización y olvidarse incluso de las más módicas políticas de inversión social o en infraestructura.
Presunciones
El costo de saltearse la revisión de septiembre fueron los pagos que la Argentina hizo al Fondo sin la contraparte del reembolso pactado. Ello fue posible por la excepcional situación fiscal, que es transitoria y ajena a la capacidad de decisión local. La obsesión de Kirchner por acumular reservas (que identifica con autonomía) coincide con la necesidad de sostener el tipo de cambio alto mediante fuertes compras diarias. Esto hizo que las reservas se incrementaran en cerca de mil millones de dólares, a pesar de esos pagos de capital e intereses al Fondo, del crecimiento sostenido que superó las previsiones presupuestarias y de los anuncios de fin de año, que implican la mayor transferencia directa de ingresos de la que haya registro estadístico, equivalente al 13 por ciento del ingreso promedio de todos los hogares. El gobierno aprovechó la suspensión de septiembre para aprobar el presupuesto en el Congreso sin atender las exigencias contractivas del FMI, y las facultades de reasignación de recursos que se presume serán mayores que los pautados. Esta es un arma de doble filo. Por un lado amplía los márgenes de maniobra del Poder Ejecutivo frente a los acreedores, por otro merma la calidad institucional e introduce un factor de discrecionalidad que contradice el discurso republicano que el presidente repite en cada acto. Pero la otra expectativa era tener cerrado en enero el acuerdo con un alto porcentaje de los tenedores de bonos en mora, lo cual mellaría el filo de los reclamos del Fondo. Esa última presunción se hizo trizas, cuando la apertura de la oferta sufrió una demora de por lo menos 50 días y nadie puede jurar que no se estire aún más. Por primera vez en sus dos años y medio de gestión, Lavagna actuó como un italiano temperamental y no como el inglés autocontrolado que le gusta parecer. Sin esperar a que Kirchner regresara de su viaje a Costa Rica denunció un gigantesco complot, que incluyó a la comisión de valores de Italia y al lobbysta de ese país Nicola Stock, al capitoste del Citigroup Bill Rhodes, y al Bank of New York, al presidente del Instituto para las Finanzas Internacionales, Charles Dallara y al ex director general del FMI, Jacques de Laroisière. A pesar de tan colosal coalición adversa anunció que la fecha de lanzamiento de la oferta, el 29 de noviembre, no se modificaría. Recién después de firmar el comunicado escuchó a los bancos asesores, cuya opinión fue menos dramática, y al presidente, con quien acordó postergar la operación para no abrir peligrosos flancos legales por discriminar a unos acreedores en beneficio de otros. Pero esto implica que también deberá postergarse la revisión de enero, lo cual implicará nuevos desembolsos sin devolución. Es decir, cancelación neta de capital e intereses (este es uno de los objetivos del FMI en relación con la impredecible Argentina) y sin que por ello se despeje el horizonte de las insoportables condiciones que, como juez y parte, impone el auditor-acreedor. La experiencia del último trimestre insinúa que desoyendo los consejos del FMI es posible pagarle, crecer y distribuir. Esto señala un camino tan arriesgado como tentador.
Yo no fui
Mientras Lavagna preparaba el canje de bonos, Kirchner exploraba otras alternativas, con capitales europeos y asiáticos. Lo hizo al margen de los canales institucionales de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores. La principal consistía en un complicado trueque que permitiría pagar el rescate al Fondo en los plazos comprometidos pero sin tocar las reservas. A través de voceros oficiosos, Lavagna sostuvo que no fue él quien enteró a Washington de aquella compleja operación. El problema es que en la Casa Rosada no le creyeron, porque entre los muy pocos que conocían esas tratativas, nadie más que Lavagna tenía diálogo abierto con el Fondo. La negociación incluía el pago de los vencimientos al FMI con títulos del Tesoro estadounidense adquiridos no a su emisor sino en el mercado secundario, donde se los cambiaría por títulos criollos. Estos, a su vez, se redimirían en condiciones harto desahogadas: cinco años de gracia, pago de intereses a partir del sexto, con una tasa de apenas el 2 por ciento anual, y de capital recién desde el 2010. Por supuesto, el FMI dijo que sólo aceptaría cobrar cash. La hipótesis de que para hacerse de efectivo la Argentina pudiera volcar al mercado miles de millones en bonos del tesoro norteamericano, con el riesgo de hundir su precio, hizo crujir nudillos de ansiedad en varias capitales. La deuda argentina con el fondo equivale a un mes de emisiones del Tesoro gringo y, al fin de cuentas, éste es el país que a fines del siglo 19 precipitó con sus operaciones creativas una de las peores crisis financieras en la meca londinense. Por esa o por otras razones, hasta ahora la operación no ha ocurrido y es para Kirchner una frustración equivalente a la que Lavagna padeció con la demora en el canje de bonos. Como de costumbre, los conflictos se agrandan cuando las cosas no salen como se desea. Pero por eso mismo tanto Kirchner como Lavagna son propensos a cerrar las puertas con mayor delicadeza de la que en los últimos días muchos interesados hicieron creer.
Pagar con lo propio
Como lo que hubo de haber habido no fue, volvió a considerarse la conjetura original de pagar con lo propio. Allí entran a jugar las reservas del Banco Central, que son hoy de 19.200 millones de dólares y que podrán llegar a 20.000 en la semana del pan dulce y la sidra. La carta orgánica del Banco Central permite aplicar reservas al pago de deuda, pero no destinarlas a la construcción de caminos o el aumento de jubilaciones. En cambio el superávit fiscal es de libre disponibilidad. De ahí que cada vez que se acerca un vencimiento, el gobierno quiere recurrir a las reservas y guardar el superávit disponible para esos otros fines. Pero esto tiene un tope, fijado por la carta orgánica del Banco Central, para mantener un alto respaldo a la moneda nacional. La pugna por esos adelantos perturbó la relación de Lavagna con Prat Gay. Cuando el ministro piensa en la forma de sortear ese artículo de la ley no contempla topes ni plazos, sólo remover un obstáculo a su discrecionalidad. Su idea es postergar los vencimientos que lo admitan, pagar los ineludibles y, una vez despejada la negociación con los bonistas, refinanciar el resto.

Los pagos próximos al FMI, detallados por año, son los siguientes, en millones de dólares:

2005 5245
2006 4258
2007 3523
2008 429

Si en vez de cancelar cada vencimiento en la fecha convenida se propusiera un plan de cancelación, tal vez sería posible distribuir de otro modo la carga de estos 13.455 millones de dólares. En este momento podrían destinarse a este rescate hasta 350 millones de dólares mensuales, sin la imposición de un nuevo ajuste. Ello implicaría unos 4200 millones de dólares el año próximo, contra 2400 que el Banco Central puede adelantar (12 por ciento sobre reservas de 20.000 millones). La diferencia no parece inalcanzable. Recién cuando ese proyecto de desendeudamiento estuviera avanzado y su factibilidad bien estudiada, sería razonable poner en consideración la posibilidad de retocar la carta orgánica del Banco Central, incrementando el porcentaje de las reservas de las que el gobierno podría disponer, sólo por el plazo imprescindible para cumplir con ese programa, exclusivamente para pagar el rescate al FMI y recuperar la autonomía de decisión nacional, y con el compromiso también legal de no tomar nuevos préstamos del organismo. El momento no ha llegado, pero se aproxima.