Tras mantenerlo durante tres semanas en estudio, el Poder Ejecutivo dispuso finalmente ayer un nuevo aumento salarial no remunerativo de 100 pesos para todos los trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada y para los empleados del sector público nacional, pero hasta un límite para estos últimos de 1250 pesos de sueldo bruto. El anterior aumento de 50 pesos, vigente desde el 1º de enero último, será incorporado a las sumas remunerativas de cada trabajador a partir del próximo 1º de abril, según lo que dispondrá el mismo decreto que hasta ayer no había sido redactado. Según explicó Roberto Lavagna, la medida fue dispuesta tomando en cuenta “la marcha general de la economía y la mejora de la productividad, porque es importante dar participación a los sectores asalariados”. Carlos Tomada, titular de la cartera laboral, indicó por su parte que la fijación de aumentos por decreto “no invalida la negociación colectiva (entre patrones y sindicatos), más bien le quita obstáculos”. El ajuste beneficiaría en forma directa a 140 mil empleados públicos y cuatro millones 130 mil trabajadores “registrados” del sector privado, según la estimación de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, aunque Tomada elevó esa estimación a “aproximadamente siete millones de trabajadores en relación de dependencia”, tomando en consideración también a los “no registrados” o sin aportes al sistema previsional, a los que, según subrayó, “también les alcanza el derecho a percibir la suma adicional”.
Tal como había anticipado Página/12 el viernes 26 de noviembre, Tomada tenía en estudio la suba de salarios por decreto, con la cual apostaba a reforzar los ajustes que se vienen concretando a través de negociaciones paritarias, entre sindicatos y cámaras sectoriales o entre los primeros y empresas. Aproximadamente el 90 por ciento de los convenios homologados en los primeros nueve meses del año en la cartera laboral incluyeron cláusulas de ajuste salarial, abarcando a aproximadamente un millón de trabajadores representados en convenios por rama y a otros 100 mil bajo jurisdicción de los convenios por empresa.
El decreto de aumento salarial, según anticiparon ayer en el Ministerio de Trabajo, contemplará que las empresas que otorgaron mejoras salariales recientes podrán absorber este ajuste y, por lo tanto, sus empleados no recibirán ningún nuevo beneficio a partir de enero. Lo mismo ocurrirá con aquellos convenios colectivos en los que se dispuso que los aumentos otorgados fueran “a cuenta de futuros ajustes”. Por otra parte, pese a la interpretación benévola de Tomada, aquellos trabajadores no declarados o sin recibo de sueldo (“en negro” o “en gris”, según la jerga del mercado laboral) difícilmente cobren 100 pesos adicionales en enero por más que les corresponda “por derecho”, que sus patrones desconocen en el resto de sus condiciones laborales. Así, el número de trabajadores que efectivamente perciban el aumento en enero podría verse reducido a menos de tres millones.
No obstante, Tomada enfatizó en un encuentro con la prensa escrita –posterior a la conferencia de prensa que dio en la Casa de Gobierno– que “el mejor instrumento para estimular la redistribución del ingreso es la negociación colectiva, y éste es un principio básico de este gobierno”. El ministro rechazó los cuestionamientos con respecto a que la repetición de aumentos por decreto atentaría contra las negociaciones colectivas. “No es así, con los ajustes por decreto ayudamos poniéndole un piso a la negociación salarial”, sostuvo.
El titular de la cartera laboral dijo que si bien en los últimos meses se intensificó el ritmo de acuerdos salariales, “a todos les cuesta volver a la negociación después de tantos años sin discusiones paritarias”. “Los sindicatos recién se están desentumeciendo los músculos y los empresarios siguen acostumbrados a decisiones unilaterales en materia de salarios”, describió. Citó como ejemplo los casos de telefónicos y de subterráneos en los que, sostuvo, de haber mediado una mayor “gimnasia de negociación, no se hubiera llegado a las situaciones de conflicto que vivimos”.
En el caso de los empleados públicos, las máximas autoridades de la cartera laboral explicaron que los trabajadores cuyos sueldos brutos se aproximen a los 1250 pesos, sólo percibirán una suma no remunerativa equivalente a la diferencia faltante para llegar a esa cifra (los que tienen sueldo de 1225 pesos, percibirán una suma no remunerativa de 25 pesos, por ejemplo). A diferencia de otros ajustes anteriores, éste también alcanzará a empleados de organismos descentralizados y sociedades del Estado (“como Canal 7 o Radio Nacional”, ejemplificó Tomada), con el mismo límite en cuanto al monto salarial.
De acuerdo con el análisis de la propia cartera laboral (Subsecretaría de Estudios Laborales, a cargo de Marta Novik), el impacto del aumento de salarios por decreto en el sector privado supondrá una mejora en el nivel promedio de ingresos de los trabajadores registrados del 11 por ciento, considerando un universo de beneficiarios igual al total de trabajadores registrados en el sector privado (4,1 millones). Con la incorporación en abril del año próximo a los sueldos de los 50 pesos no remunerativos otorgados en enero de 2004 –el aumento nominal será de 62 pesos, para que el beneficio de bolsillo para el trabajador quede en 50 pesos–, la retribución bruta media del sector privado formal quedará en el orden de los 1126 pesos, siempre según el Ministerio, contra los 1013 pesos actuales. En cuanto al sector público, el impacto del aumento sobre la retribución media de los beneficiarios –sueldos inferiores a los 1250 pesos– será del 13 por ciento, siempre de acuerdo a dicha estimación oficial.
Por otra parte, la Subsecretaría de Estudios Laborales analizó además el impacto a nivel macroeconómico de las medidas salariales dispuestas para enero y abril de 2005. Tomando en cuenta que la medida alcanzara a los 4,1 millones de trabajadores privados y 140 mil estatales, el incremento en los ingresos de este universo supondría una masa salarial extra de 6425 millones de pesos al año, equivalentes al 1,35 por ciento del producto interno bruto. “Con estas medidas se logra no sólo un mayor consumo para los beneficiarios directos, sino que los efectos indirectos permiten que se beneficie la economía en su conjunto”, deduce el mismo informe.
Finalmente, un cálculo realizado por la consultora Equis, de Artemio López, concluye que con este incremento de suma fija por decreto, al mes de enero próximo el nivel de pobreza habrá descendido a 41,7 por ciento de la población (contra 44,3 promedio en el primer semestre de 2004) y la indigencia al 16 por ciento (contra 17 para ese mismo período).