Las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura avanzan en todo el país. A veces con mayor publicidad, a veces en sigilo, los represores están siendo arrestados. A un año y medio de la anulación legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a cuatro de que el juez federal Gabriel Cavallo declarara que esas normas son inconstitucionales, los detenidos son, al menos, 122. No hubo capturas masivas e indiscriminadas, como auguraban algunos medios. Cada caso está documentado con pruebas. Tampoco se puso en peligro la continuidad del orden institucional sino más bien todo lo contrario.
Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Bergés, Reinaldo Benito Bignone, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, Pedro Durán Sáenz, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Julio Simón (a) “El Turco Julián” y el cura Christian Federico Von Wernich. Todos ellos están presos. Y son sólo una muestra.
Los números surgen de los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Procuración General de la Nación, que creó una unidad especial para asistir a los fiscales de todo el país en causas relacionadas al terrorismo de Estado (ver aparte). De allí se desprende que además de los 122 detenidos –120 en el país y dos en España, algunos acumulan más de una causa–, hay 19 prófugos y seis acusados que recibieron falta de mérito. Además, hay 48 represores fallecidos que hubieran estado presos si la Justicia no hubiera tardado tanto. Y tres imputados que fueron declarados incapaces: Juan Bautista Sasiaiñ, Rodolfo Wehner y Julián Capanegra.
Algunas investigaciones se reabrieron después de la anulación legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, otras corresponden a casos de apropiación de menores y otras fueron impulsadas por jueces y fiscales que resolvieron declarar la inconstitucionalidad de las normas que les impedían avanzar en el juzgamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que organizaron, comandaron e integraron los grupos de tareas de la última dictadura. Los principales expedientes abiertos son:

- ESMA y Primer Cuerpo de Ejército.
Se trata de dos “megacausas” que fueron cerradas cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La Cámara Federal ordenó reabrirlas cuando el Congreso anuló las leyes. Las llevan los jueces Sergio Torres y Daniel Rafecas, respectivamente. En la causa ESMA hay once detenidos, aparte del ex diputado provincial de Tierra del Fuego Juan “Jeringa” Barrionuevo. Siete miembros de la patota de la ESMA también están presos por la desaparición del abogado Conrado Gómez, en la pesquisa en la que se comprobó cómo Massera y sus secuaces se apropiaron de las tierras de Chacras de Coria, en Mendoza. En la causa del Primer Cuerpo –abarca Capital, parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa– hay 29 detenidos y suman 31 si se cuentan a tres represores presos por la Masacre de Fátima. Partes de ambas causas están listas para ir a juicio oral, pero el trámite se demorará hasta que la Corte no se pronuncie sobre la invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Varios organismos de derechos humanos se quejaron ante los magistrados porque la mayoría de los detenidos que no superan los 70 años están presos en dependencias de las Fuerzas Armadas y no en cárceles comunes.

- Plan Cóndor.
Por los crímenes perpetrados por la coordinación de las dictaduras del Cono Sur durante la década del ’70, hay 20 represores presos. La investigación se reactivó en julio de este año cuando el juez Jorge Urso ordenó el arresto de Albano Harguindeguy y Ramón Genaro Díaz Bessone, entre otros. El expediente quedó ahora a cargo del nuevo juez y ex fiscal Guillermo Montenegro.

- Contraofensiva.
El caso cobró notoriedad cuando el juez Claudio Bonadío arrestó a los ex líderes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía al considerar que habían tenido responsabilidad en el secuestro, realizado por miembros del Batallón de Inteligencia 601, de veinte militantes de esa organización. La decisión provocó que la Cámara Federal le sacara la causa, que pasó al juzgado de Jorge Ballestero. Hay 29 detenidos.

- Córdoba.
La jueza federal Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Foliñuk tienen a su cargo las causas sobre violaciones a los derechos humanos en la provincia que comandó Menéndez durante la última dictadura. Por el secuestro y desaparición de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Hilda Flora Palacios y Raúl Osvaldo Cardozo hay ocho militares presos. Además, está detenido el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, quien en junio de este año confesó su participación en asesinatos de detenidos políticos en un escrito que entregó al jefe del Ejército, Roberto Bendini, con el objetivo de obtener un ascenso. También se activó recientemente la investigación por la desaparición del estudiante Diego Hunziker. Por ese caso está prófugo Ernesto Barreiro, protagonista del levantamiento carapintada de Semana Santa, en 1987.

- Corrientes.
El juez Carlos Vicente Soto Dávila arrestó a nueve represores, pero luego dejó a dos en libertad. Entre los presos por la desaparición del estudiante Ramón Artieda en el ex Regimiento de Infantería 9 están los tenientes coroneles Horacio Losito y Jorge Barreiro, los únicos militares –a excepción de Bruno Laborda– que estaban en actividad cuando fueron arrestados por violaciones a los derechos humanos. La Cámara Federal de Corrientes tiene que expedirse sobre un pedido de excarcelación presentado por los acusados. En esta causa los abogados de tres gendarmes solicitaron el allanamiento de la casa del hermano de Artieda, de los domicilios de dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y del despacho del subsecretario de Derechos Humanos provincial, Pablo Vassel. El pedido fue rechazado. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Eduardo Luis Duhalde, se presentó como querellante.

- Salta.
Están abiertas las causas por la Masacre de Palomitas –el fusilamiento de doce presos políticos el 6 de julio de 1976–y por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. En la primera están detenidos los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo César Espeche. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también se presentó como querellante en ambos casos.

- Tucumán.
Hay cinco detenidos por la desaparición de Marta Coronel y su padre Rolando. Entre ellos está el represor Luis Armando De Cándido, quien hasta hace un par de meses seguía viviendo en la casa de los Coronel, de la que se apropió luego del secuestro. Su hermano, Carlos Esteban De Cándido, también está preso. Vivía en otra propiedad de la familia Coronel. Por el secuestro de Marta y su padre también están detenidos Antonio Domingo Bussi y Roberto Albornoz, quienes además fueron arrestados por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse. Recientemente los fiscales Emilio Ferrer y Félix Crous reclamaron la apertura de 400 casos.

- Santiago del Estero.
La investigación sobre el crimen de La Dársena promovió las pesquisas sobre las violaciones a los derechos humanos en esa provincia, en las que quedó involucrado el ex gobernador Carlos Juárez. El caudillo fue excarcelado, pero hay nueve represores detenidos. Antonio Musa Azar, ex jefe de inteligencia de Santiago, es uno de ellos.

- Santa Fe.
Hay cinco represores presos por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como Quinta de Funes. El juez Reynaldo Rodríguez está a cargo de otra causa que se inició luego del rechazo de las extradiciones pedidas por el juez español Baltasar Garzón. Después de la feria judicial de enero indagará al ex juez Víctor Brusa, cuatro ex policías y un militar retirado.

- La Plata.
Se trata de una jurisdicción en la que el Juicio por la Verdad impulsado por algunos integrantes de la Cámara Federal permitió concretar numerosas denuncias penales. Por el momento, los únicos detenidos son el cura Christian Von Wernich; Rodolfo González Corti, ex director de seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires; Reinaldo Tabernero y Rodolfo Campos, ex subjefes de la Bonaerense, y Osvaldo Sertorio, ex titular de la comisaría 5ª, donde funcionó un centro clandestino. En marzo de este año un tribunal platense condenó a siete años de prisión a Bergés y a Etchecolatz por la apropiación de una menor.
Salvo los casos de robo de bebés, el resto de las investigaciones aún dependen de un pronunciamiento de la Corte Suprema. El máximo tribunal dio señales de que esperará primero un fallo de la Cámara de Casación, pero está en condiciones de expedirse en al menos dos casos, que ya están en su órbita.
Una vez que la Corte termine de renovarse, el fallo sobre las leyes de impunidad no debería retrasarse. En Tribunales se dice que las causas con presos son las que tienen prioridad, y en este caso se trata de 122 detenidos. Eso sin contar los casi 29 años de espera de los familiares de las víctimas y el hecho de que, aunque hay casos que están listos para ir a juicio oral, algunos magistrados aguardan el guiño de los supremos para concretar el debate público.
En base a un camino abierto por la misma Corte post-Nazareno, no son muchas las alternativas de los supremos. Este año se pronunciaron por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y acaban de reabrir la investigación sobre la muerte de Walter Bulacio, al reconocer como obligatorio un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mismo tribunal internacional dijo en el caso Barrios Altos, en Perú, que graves violaciones a los derechos humanos como torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones, no se pueden amnistiar.