Mientras la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos avanzan favorablemente, una minoría de magistrados traba algunas investigaciones. La Cámara Federal de San Martín se pronunció contra la ley que anuló el Punto Final y Obediencia Debida y paralizó la pesquisa sobre los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo. Los jueves Hugo Fossati, Jorge Barral y Narciso Lugones señalaron que invalidar las leyes de impunidad era contrario a la “seguridad jurídica” de los represores, que debía considerarse un “derecho humano esencial”. Hace un par de semanas, la Cámara Federal porteña aprovechó un escrito presentado en la causa Poblete para contestar este argumento. Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi señalaron que el legislador tiene autoridad “para discernir, a través del dictado de las normas correspondientes, entre seguridad jurídica e impunidad”. Y afirmaron que la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida era una “clara manifestación en ese sentido”.