Desde el martes a la tarde, la caja de Aeropuertos Argentina 2000 del Aeroparque Metropolitano está intervenida por la Justicia. Se debe a que la concesionaria de los aeropuertos no cumplió con una medida cautelar que la obliga a depositar parte de la Tasa de Uso de Aeroestación, que pagan los pasajeros que viajan al exterior del país, en una cuenta judicial. El fallo, al que accedió Página/12, se da en el marco de un juicio iniciado a principios de 2002 por asociaciones de consumidores, por el que se cuestiona la legalidad de la dolarización de las tasas aeroportuarias. La deuda hacia los usuarios acumulada durante estos dos años por AA 2000 ascendería a unos 300 millones de pesos. “Esta medida es un éxito de los consumidores. Las empresas privatizadas estaban acostumbradas a hacer lo que querían pero en Argentina ha habido un cambio, y cuando la Justicia actúa de manera independiente se producen fallos de esta naturaleza, que obligan a las empresas a respetar la ley”, celebró el diputado Héctor Polino, de la asociación Consumidores Libres. Sergio Resumil, gerente de Comunicaciones de AA 2000, dijo que apelarán la medida y que “lo más razonable sería que la Justicia determinara definitivamente cuánto es el monto que deben pagar los pasajeros”.
El juez Ernesto Marinelli, del Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo Federal, ordenó además remitir el expediente a la Justicia Penal para que se evalúe si pudo existir “desobediencia” a una orden judicial por parte del concesionario de los 33 aeropuertos del país.
El caso se remonta al 6 de enero de 2002, momento en que el Congreso nacional salió de la devaluación con la ley 25.561 de Emergencia Económica. Esa ley estableció que todas las empresas privatizadas de servicios públicos debían mantener sus tarifas en pesos. Por lo tanto, AA 2000 debía seguir cobrando 18, 13 y 8 pesos, según la distancia de los vuelos internacionales. Pero el entonces presidente Eduardo Duhalde sacó el decreto 577/02, en el que establecía que “las tasas aeronáuticas de los cuadros tarifarios correspondientes a los vuelos internacionales” se cobrarían en dólares. El decreto fue ratificado por otro de necesidad y urgencia, el 1910/02.
Pero para esto un grupo de asociaciones de consumidores (Consumidores Libres, Unión de Usuarios y Consumidores, Centro de Educación al Consumidor, Asociación Vecinal Belgrano C, Deuco y Consumidores Argentinos) había iniciado un juicio fundado en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, planteando al Estado nacional la inconstitucionalidad del primer decreto y pidiendo como medida cautelar que la empresa mantuviera la tasa en pesos. La jueza federal Clara Do Pico, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 8, ordenó la medida cautelar, que fue apelada tanto por AA 2000 como por el Estado.
Pero el 24 de septiembre de 2002, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la firma de los jueces María Jeanneret de Pérez Cortés, Guillermo Galli y Alejandro Juan Uslengui, falló en el mismo sentido que Do Pico: ordenó sujetar a embargo y depósito judicial las diferencias entre las tasas de Uso de Aeroestación correspondientes a vuelos internacionales fijadas en dólares y su valor en pesos, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, con el fin de que “si prospera la demanda, los fondos sean devueltos a los respectivos usuarios del servicio”.
Por lo tanto, AA 2000 debía seguir cobrando las tasas en dólares, pero debía quedarse con el valor en pesos y depositar la diferencia en una cuenta a nombre del juzgado interviniente. Pero eso nunca sucedió. Y en el medio hubo varias idas y vueltas, entre apelaciones y cambios de jueces.
La jueza Do Pico se excusó por sentirse moralmente afectada después de que AA 2000 le iniciara un pedido de juicio político y de que aparecieran algunos artículos periodísticos en su contra en el periódico El Guardián. Ese juicio político fue desestimado recién este año. El otro juez que tuvo la causa en sus manos fue Osvaldo Guglielmino (actual procurador del Tesoro de la Nación), que se declaró incompetente. Así, la causa pasó a manos de Marinelli, quien en un fallo del 27 de septiembre de este año, “atendiendo a la ineficacia evidenciada hasta el presente del embargo dispuesto”, designó un interventor recaudador para que cumpla con lo que AA 2000 no hizo por voluntad propia:
- Cobrar la tasa de uso de aerostación correspondiente a vuelos internacionales incluyendo países limítrofes.
- Depositar semanalmente lo recaudado en la cuenta habilitada, la diferencia entre el valor nominal de las tasas en dólares y su valor en pesos.
- Entregar diariamente a AA 2000 sólo el valor de dicha tasa expresado en pesos.
- Colocar en forma clara y visible avisos impresos que den cuenta de la medida dispuesta, para que los usuarios estén al tanto y guarden los comprobantes de pago.
Estas medidas se están aplicando desde ayer en Aeroparque. “Materialmente, lo único que hacen es complicarles la vida a los usuarios. La tendencia es hacer que el paso por el aeropuerto sea lo más veloz posible. Tienen que pagar lo mismo y cumplir una cantidad de trámites para registrar su queja y que después les devuelvan el dinero. Veremos cuál es la reacción de los usuarios”, dijo Resumil. Y agregó: “La tasa la fija el Estado nacional, no la fija Aeropuertos, así que lo razonable sería que se determinara de una vez y para siempre cuánto es el monto a pagar”.
Por otro lado, el juez libró los oficios al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Nº 3 de Lomas de Zamora para que se cumpliera la misma medida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y a la Dirección Nacional de Migraciones, para que informara la identidad, cantidad, vuelo y destino de los pasajeros que salieron del país por los aeropuertos explotados por el concesionario AA 2000 desde la traba de la medida cautelar hasta la fecha, con el fin de “perseguir su cumplimiento por el período pasado, en la medida en que ha quedado claro hasta el presente que nunca debió de suspenderse su cumplimiento”. De esta forma se podrían devolver las sumas cobradas en exceso a los usuarios.
“¿Alguien puede creer que alguna vez van a devolver el dinero pasajero por pasajero? Es medio estrambótico”, opinó Resumil. Para Gustavo Maurino, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y patrocinante de las asociaciones de consumidores junto a Horacio Bersten, Ariel Caplán y Martín Sigal, en cambio, “la resolución de Marinelli es muy razonable y valiente. En un estado de derecho todos debemos estar sujetos a las decisiones adoptadas porlas autoridades públicas; los poderosos no tienen una habilitación para cumplir a su antojo y según sus convenienciaslas decisiones de la Justicia. El Poder Judicial tiene desafíos pendientes que honrar con la sociedad, decisiones como la adoptada en esta causa apuntan en ese sentido”.