En lo que va de diciembre, salieron de Aeroparque 222 mil pasajeros, de los cuales 26.700 tuvieron destino internacional: Chile, Brasil y Uruguay. Punta del Este fue el destino con mayor flujo. Por eso, Sergio Resumil, gerente de Comunicaciones de Aeropuertos Argentina 2000, en diálogo con Página/12, se mostró contrariado ante el fallo del juez Ernesto Marinelli: “La causa es vieja, lo que cambia es la pretensión de intervenir directamente justo cuando vienen las vacaciones”. La empresa contraatacó enviando una carta documento a las asociaciones de consumidores que promovieron la acción judicial, a las que advierte que podrá iniciarles una causa para reparar los daños que le ocasiona la actual medida.
Por otro lado, Resumil responsabilizó al Estado, que fijó las tarifas en dólares. “La realidad es que todo lo que sea comercio internacional está en dólares. Aeropuertos no cobra lo que se le ocurre. Pretendemos que nos fijen el cuadro tarifario. Porque el problema es vivir en inseguridad. ¿Cómo proyecto mi balance 2005 si no puedo saber cuánto voy a cobrar? Es un delirio”, dijo. Lo cierto es que AA 2000 es el único servicio público privatizado que cobra sus tarifas en dólares, afectando directamente a los usuarios.
Por otro lado, Resumil dijo que la medida es impracticable porque mucha gente paga con tarjeta y porque la medida establece que hay que llenar un formulario con los datos personales. “Pretenden preservar el interés de los usuarios pero hay medidas judiciales que son difíciles de cumplir –señaló–. Ni siquiera apelamos todavía, queremos que quede claro que no es falta de voluntad ni prepotencia, es un tema complejo.”
Sin embargo, las asociaciones de consumidores que llevan adelante esta demanda recibieron a comienzos de esta semana una carta documento firmada por Alberto Quiroga, apoderado de Aeropuertos Argentina 2000, intimando a cada una de ellas a “que nos dejen compulsar el libro de socios, el libro de actas de comisión directiva, el libro de actas de asamblea y el libro de inventarios y balances dentro del plazo de 5 días”. La carta plantea que las acciones promovidas por las asociaciones ante el juzgado de Marinelli “han causado, causan y habrán de causar a nuestra empresa y al servicio público aeroportuario perjuicios de distinta índole, cuya reparación pretendemos en sede judicial tanto por parte de la Asociación como de los integrantes de la comisión directiva o de los asociados, según cuáles hubiesen sido las actitudes que hubieran adoptado en las reuniones de los órganos asociativos respectivos”.
Consultado por este diario, Resumil prefirió no expedirse sobre el tema. “Yo llevo más de 10 años defendiendo a asociaciones de consumidores y jamás vi una cosa así. Es extorsivo”, opinó Ariel Caplán, abogado de Consumidores Libres. Y Héctor Polino consideró que “es una actitud amenazante para que desistamos de la acción”. Sin embargo, dijo, “vamos a persistir en defensa de los usuarios porque consideramos que la empresa se está burlando de la ley y está actuando de manera gangsteril”.