En la Oficina Anticorrupción (OA) no vuelan papeles ni arden los teléfonos. Sus cinco despachos, en un rincón del tercer piso del Ministerio de Justicia, están semivacíos. Parece mentira que allí tramiten en este momento 600 denuncias de corrupción y se fiscalicen cientos de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. Desde que fue creado hace cinco años, el organismo tuvo dos jefes más uno de transición, todos provenientes del Poder Judicial. Su nuevo titular, el prestigioso jurista Abel Fleitas Ortiz de Rozas, marca una diferencia: viene de la propia estructura del actual gobierno, donde fue viceministro de Gustavo Beliz.
–¿No es contradictorio pasar de un cargo importante en la administración de Néstor Kirchner a otro donde debe fiscalizarla?
–No lo creo. El compromiso y la transparencia con que se asume una función tienen que ver con la trayectoria de cada uno y con la línea ética que se tuvo en sus distintas funciones. Ahí está la garantía de independencia. Yo también estuve en la actividad académica, en la profesional y en la función judicial. Y hay que tener en cuenta que la OA integra el Poder Ejecutivo, pero no es el único organismo que enfrenta la corrupción. También existen la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público, es decir, todos los fiscales.
–¿Para que sirve la OA si existen esas otras áreas más autónomas?
–La OA fue creada desde el ámbito del Gobierno porque la corrupción no es sólo de funcionarios sino estructural. Abarca a muchos sectores de la sociedad: la Justicia, niveles profesionales y empresariales. Esto produce un drenaje muy perjudicial para las políticas de gobierno. Argentina ocupa un lugar muy bajo en las estimaciones internacionales de transparencia administrativa. Sin perjuicio de investigar a los mayores responsables, se requieren mecanismos para cortar la corrupción en todos los niveles.
–¿Qué hizo y qué hará la OA para lograr esa “limpieza”?
–Hizo investigaciones importantes. Pero encontró obstáculos en la Justicia, sobre todo en la federal porteña, donde no avanzaron, se perdieron o quedaron paradas. La OA fue una especie de motor al asumir el rol de querellante, pese a que hubo jueces que intentaron cuestionar su legitimación. Impulsó, por ejemplo, la causa de los sobornos en el Senado, las investigaciones contra María Julia Alsogaray, la de la familia Yoma, las declaraciones juradas de Carlos Menem, las transferencias de fondos irregulares que habría hecho el ex ministro (Raúl) Granillo Ocampo.
–La mayoría de los casos que usted cita se remontan al menemismo. ¿Los gobiernos siguientes fueron menos corruptos?
–Hay un sistema de corrupción básico que excede a los gobiernos y que se reitera. Una de las pocas causas impulsadas por la OA que se llegó a elevar a juicio oral se refiere al ingeniero Carlos Bastos, que fue funcionario del gobierno de la Alianza. Igual, los casos paradigmáticos son de los ’90, que potenció la cultura del rico y famoso, del aplauso y la legitimación al que tuviera éxito sin importar los medios. Quizás hubo cierta toma de conciencia desde el año 2000, pero falta mucho para decir que se ha terminado la impunidad y no es sólo un tema de investigación. Hay que trabajar sobre una cultura educativa acerca del respeto a la ley.
–¿Usted insistirá con el pedido a Kirchner para que levante el secreto sobre los decretos que habilitaron el pago de sobresueldos y otros usos discrecionales de fondos reservados? Su antecesor, Daniel Morín, denunció penalmente el tema, enumeró resoluciones que van desde el gobierno de Menem al actual y le hizo un pedido expreso al Presidente para que revele su contenido. Nunca tuvo respuesta.
–Es un tema delicado. La justificación de los gastos reservados tenía que ver con las tareas de seguridad nacional y de inteligencia. En el menemismo tuvieron una expansión desmesurada hacia otros ministerios. La SIDE tuvo el nivel más alto de esos gastos desde el ’94 al ’99. Hasta se intentó que el Congreso y la Corte tuvieran fondos reservados.
–¿Pero usted volverá a pedir, como medida de esclarecimiento, que se revele el contenido de los decretos secretos que permitieron transferencias dudosas de unos 1000 millones de pesos?
–Hay un problema histórico que es la falta de control sobre los gastos reservados. Tendría que funcionar la Comisión Bicameral del Congreso nacional. No descartamos proponer medidas legislativas para mejorar esas deficiencias y mantener un concepto restrictivo de los fondos reservados.
–Entonces apuntarán a fiscalizar a futuro más que a determinar quiénes y cómo participaron en los fraudes consumados.
–Vamos a estudiar cuáles son las mejores medidas.
–¿La investigación de los gastos reservados continúa en la OA?
–Somos querellantes en una causa judicial sobre gastos irregulares que habría hecho el ex ministro Granillo Ocampo. Allí se entregaron los datos que se habían reunido.
–¿Qué hará la OA para alentar que se investigue y se denuncie cuando es común que los denunciantes, como pasó con Mario Pontaquarto, sean cuestionados?
–La Convención Interamericana contra la Corrupción prevé que existan medidas legislativas de protección a denunciantes y testigos. En esto nuestra legislación no avanzó. Vamos a tratar de promover normas para transmitir confianza y dar respaldo a quien denuncie. En mi experiencia en el gobierno bonaerense y acá en el ministerio, tuve casos de personas que se acercaban a comentar con escándalo pedidos de coima. Esa gente mostraba su molestia, pero se borraba a la hora de avanzar en una investigación. Hasta escuché quejas no por la coima sino porque era muy alta.
–¿Es casual que la OA haya sufrido un achicamiento progresivo de plantel y de presupuesto?
–No diría que se achicó estrictamente. Lo que se acabó es una donación del Banco Mundial, pero podemos gestionar otros apoyos. La Oficina es, de por sí, reducida. Tiene unas 60 personas. Yo voy a intentar ampliar la infraestructura para hacerla más eficaz. Lo estoy hablando con el ministro (Horacio) Rosatti y con la Jefatura de Gabinete.
–¿Va a modificar la Dirección de Investigaciones? Una versión reciente decía que acotarían los temas o el alcance de las causas. En los hechos, esa área carece de jefe desde hace más de un año.
–La OA debe seleccionar los casos más graves y de más repercusión. Pero eso no significa acotar sino trabajar con un criterio más selectivo. Es cierto, a la vez, que queremos profundizar las políticas preventivas.
–¿Qué meta se propone para su gestión en la OA?
–No es que en breve nos convertiremos en Dinamarca. Una de las cosas es trabajar para que sea más eficaz, evaluando qué factores pueden ayudar a acelerar las elevaciones a juicio de las denuncias que el organismo hace ante la Justicia. Hasta ahora seis casos llegaron a juicio oral, pero hay muchos más en trámite. También queremos trabajar en forma preventiva donde puede haber focos de corrupción.
–¿Cuáles existen hoy en la administración pública?
–No sé si lo llamaría foco de corrupción, pero un tema clásicamente controvertido es el del financiamiento de las campañas políticas. Para este año que hay elecciones ya hablé con la Cámara Electoral para tratar de hacer una acción coordinada de control del gasto electoral y su origen. Lo mismo haremos en otros casos donde haya negociaciones importantes del Estado que anteriormente pueden haber sido cuestionadas.
–¿Qué negocio quiere fiscalizar?
–Prefiero no anticiparlo.
–¿Abrió una investigación sobre las gestiones del secretario de Comunicación, Guillermo Moreno, para que Telefónica refinancie la deuda de Canal 9 y sobre el caballo que habría aceptado el interventor del Comfer, Julio Bárbaro, como regalo de Raúl Moneta?
–Preferimos esperar a que nos llegue una denuncia.
–¿Acuerda con que la esposa del ministro Julio De Vido sea funcionaria de la Sindicatura General, que controla las cuentas del Estado?
–Si yo recibiera una denuncia sobre incompatibilidad la estudiaría. Pero no quiero abrir juicios, sobre casos particulares.
–¿Qué le pareció el reclamo de Alberto Kohan para obtener una amnistía en las causas penales que enfrenta? Lo hizo invocando un proyecto de ley del diputado macrista Jorge Vanossi.
–El proyecto de Vanossi no lo conozco, pero estoy en contra de cualquier amnistía con respecto a hechos de corrupción. Sería el peor mensaje que se puede dar a la sociedad con respecto a la impunidad.
–¿Qué análisis hace hoy de la salida de Beliz?
–Respeto y aprecio a Beliz, pero se dio una circunstancia lamentable que hizo inevitable su renuncia. Las actitudes que tomó él, las tomó él y prefiero no opinar.
–¿Por qué se quedó usted?
–Yo presenté la renuncia, pero me pidieron que me quedara. Igual fui ajeno a los hechos que desencadenaron la salida de Beliz. No me sentía en conflicto o alejado del Gobierno. Más adelante me ofrecieron la OA.