Aunque la palabra final la tendrá la Justicia, las especulaciones son inevitables, en tanto crece el clamor contra los culpables. Algunos especialistas discreparon respecto del grado de compromiso judicial que alcanzaría al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. El decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Atilio Alterini, afirmó que no tendría reproche penal. Pero no descartó que alcance a Ibarra una “responsabilidad civil” y, en ese contexto, recomendó al gobierno porteño que “rápidamente” ofrezca “subsidios” a los damnificados “para tratar de clausurar este tema lo antes posible, porque es una herida que va a quedar abierta y no le hace bien al sistema republicano”.
Alterini, opinó que el jefe de Gobierno porteño “está lejos” en la cadena de responsabilidad penal por el incendio en el boliche República Cromañón. “En materia penal es dudoso porque tiene que haber una proximidad entre la autoría y el resultado”, explicó, en declaraciones radiales. Por su parte, el abogado penalista Marcelo Bermolén coincidió en que la responsabilidad primaria es de los funcionarios de control. “El poder se delega y si cualquier error pudiera trasladarse a la máxima autoridad no habría delegación”, expresó ante la consulta de Página/12.
En este sentido, surgen las llamadas “dos bibliotecas”. En la causa por la masacre del 20 de diciembre de 2001, no prosperó la imputación de homicidio contra el entonces presidente Fernando de la Rúa, y respecto del “incumplimiento de los deberes de funcionario” el ex mandatario goza aún de una falta de mérito. En ese expediente se debate si De la Rúa estaba al tanto de lo que ocurría en las calles, mientras la policía reprimía a los manifestantes que pedían su renuncia. Un especialista, que pidió no ser identificado, razonó que es poco probable que Ibarra supiera que el local estaba habilitado fuera de las reglas. Por lo tanto, más allá del costo político, no tendría que rendir cuentas ante la Justicia.
Sin embargo, el penalista Eduardo Barcesat consideró ante Página/12 que el jefe de Gobierno porteño podría ser acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario, al igual que el secretario de Seguridad y el resto de los funcionarios de control de la estructura de poder en la ciudad. El letrado coincidió con Alterini en cuanto a que “si Ibarra dispusiera indemnizaciones en forma inmediata” podría amortiguar mejor el impacto político de la tragedia. La idea de llevar al jefe de Gobierno porteño ante la Justicia surgió ayer, cuando el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas, anunció que prepara una demanda colectiva para “encarcelar a (Omar) Chabán y a Ibarra”.
Según Barcesat, la calificación del delito es la de “estrago” y “homicidio”, y a Chabán podría corresponderle una pena por “dolo eventual”, es decir, por “no haberse representado la eventualidad de un incendio”. Indicó que el empresario habría cometido tres infracciones: no colocar material ignífugo, mantener cerradas las salidas de emergencia y haber excedido la capacidad de su boliche. Más grave sería su situación si se comprueba que él mismo habilitó el ingreso de las bengalas, por el sector VIP tal como indica una versión. Para Barcesat, quien encendió la bengala, el autor material, tiene la responsabilidad plena del homicidio “por dolo eventual”, y el código establece condenas de 8 a 25 años, con el agravante de la cantidad de muertos. “El grupo (Callejeros) es una víctima más, a menos que se acredite lo contrario”, apuntó el abogado. En opinión de Bermolén, “señalar como culpable a un menor (como indicaba otra versión) es una irresponsabilidad, una forma de minimizar” las demás responsabilidades.
Alterini estimó que los juicios civiles se podrán iniciar “contra los propietarios, contra los autores del hecho, contra el Estado y contra las compañías de seguros, si las hay”.