La disco Cromañón inició la oscura noche del 30 de diciembre con su certificación expedida por los bomberos vencida un mes y siete días antes del desastre. El detalle consta en uno de los documentos que conforman el expediente de habilitaciones de la disco y que fue entregado a la jueza María Angélica Crotto por las autoridades porteñas. La última constatación de seguridad al local fue realizada por los bomberos el 24 de noviembre de 2003 y tiene vigencia de un año. Fuentes del Gobierno porteño sospechan que la aislación acústica y la media sombra, altamente inflamables, fueron agregados a mediados del año pasado, mientras estaba vigente el certificado de los bomberos. También sospechan que el certificado no fue reactualizado por los dueños porque hubiera sido clausurado el local. Ayer, fue evidente que Aníbal Ibarra intentaba bajar los decibeles de las sospechas sobre los bomberos y volcar toda su artillería sobre los dueños de la disco.
Como informó Página/12, Cromañón fue visitada por inspectores porteños junto a otros cuatro locales, entre fines de febrero y principios de marzo de 2004. En aquella ocasión, los inspectores pudieron ingresar a tres de los cinco locales, pero no lo hicieron en Cromañón ni en otro porque se encontraban cerrados. Cabe recordar que a esa fecha la disco formaba parte de un listado de locales de baile clase “C” con su documentación en regla. Para entonces, la discoteca tenía la verificación de Bomberos al día.
El 24 de mayo de 2004, la coordinadora general de la Unidad Polivalente de Inspecciones, Ana Fernández, envió un inspector al local de la calle Mitre 3060/72 para solicitar toda la documentación en regla, dando un plazo de 15 días hábiles para cumplir el pedido. Esto surge de una notificación de la UPI recibida en el local con la firma de Mario Díaz (DNI 12.829.917), sin que el acta determine si se trata de un empleado o un directivo de la sociedad Lagarto.
El 10 de junio, Raúl Lorenzo, en representación de Lagarto, remitió a la UPI la documentación requerida. De allí se desprende que la habilitación del local como “local de baile clase C”, con 1447,50 metros cuadrados de superficie cubierta tuvo lugar el 1º de agosto del ‘97.
Los empresarios también entregaron la certificación de bomberos, que tiene fecha 24 de noviembre de 2003. De acuerdo al documento, que fue remitido ayer por la tarde por Aníbal Ibarra a la jueza María Angélica Crotto, la Superintendencia Federal de Bomberos entregó una copia del original del certificado de inspección final número 000035. El certificado original había sido realizado el 17 de julio del ’97. Según aquella inspección, el local “posee el servicio contra incendio y demás elementos complementarios de conformidad al proyecto aprobado por la Superintendencia Federal de Bomberos”. Ese certificado de inspección está firmado por el comisario general Roberto Oscar Corsetti, superintendente federal de Bomberos en aquella época.
La revalidación fue extendida el 24 de noviembre de 2003, con la firma del comisario inspector Daniel Martín Burgueño, de Bomberos. La utilidad de ese documento es determinante: es el que certifica que el local tiene su servicio contra incendios al día. En el facsímil, sobre el ángulo superior derecho de esta página, puede observarse, debajo de la fecha, un pequeño recuadro en el que se puede leer: “IMPORTANTE: El presente documento tiene validez por el término de un año a partir de su emisión. El mismo deberá ser reactualizado para cumplimentar la O.M. 50.250”.
En pocas palabras, el 24 de noviembre de 2004 la disco Cromañón tenía su certificación de seguridad contra incendios vencida. Según Aníbal Ibarra, “el empresario que tiene vencida su certificación está obligado a renovarla o su local será clausurado”.
–Pero Cromañón tenía vencida la certificación y no había sido clausurado –observó este diario.
–La inspección se realiza una vez al año –respondió el jefe de Gobierno porteño–. Los inspectores no pasan justo cuando se vence.“Los paneles acústicos de guata –confió una fuente del sector técnico del gobierno– fueron colocados por alguna queja de los vecinos por el ruido. Y tienen que haber sido colocados después de que pasaron los bomberos, o sea, cuando la certificación estaba vigente. Digamos, a mediados de año. Después, pusieron la media sombra para tapar los paneles y el cablerío. La obligación del empresario es renovar la certificación de Bomberos en forma anual o cuando se hace alguna modificación, como se hizo en Cromañón con los paneles de guata. Ninguna de las dos cosas las cumplieron los dueños.”
“Cuando fue inaugurado (en el ’97) era un local modelo –describió el subsecretario de Justicia, Marcelo Antuña–. Las puertas se abren hacia fuera, son antitumulto; la de emergencia es una puerta enorme, como para camiones. Hasta dicen que tenía las flechitas señalando la salida de emergencia encendidas. Pero cuando un empresario es irresponsable no hay previsión posible. Si hasta encontraron una caja con bengalas en las oficinas administrativas.”
Fue evidente, ayer, que la estrategia de Ibarra había sufrido un pequeño giro: ya no apuntaba contra los bomberos sino sobre la responsabilidad de los empresarios de Cromañón. Va a ser difícil, de todas formas, borrar la idea de qué hubiera pasado si un grupo de inspectores verificara cada noche las 108 discos de la ciudad. Sin estar capacitados para chequear la seguridad contra incendios, sí pueden detectar que las salidas de emergencia estén abiertas; que la cantidad de público sea la que corresponde, y que el local esté al día en la certificación de Bomberos. En cualquiera de los tres casos, Cromañón debería haber sido clausurado.