Donde quiera que decida revolver, el fiscal Guillermo Marijuán sigue encontrando irregularidades en la distribución de planes sociales. Esta vez detectó que 587 integrantes del Ejército y 97 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) cobraron, en los últimos cuatro años, subsidios que estaban destinados a desocupados. Todos ellos fueron denunciados ayer ante la Justicia Federal por el delito de defraudación a la administración pública. La presentación es parte de una megainvestigación que ya mostró que las mismas anomalías se reproducen entre miles de empleados de organismos públicos y efectivos de fuerzas de seguridad de todo el país.
La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), que dirige Marijuán, viene desentrañando desde hace cerca de tres años los distintos mecanismos perversos que emanan del propio sistema político que otorga ayuda a los pobres. Hasta ahora llegó a establecer algo más de 7000 casos de empleados de organismos estatales de distintos puntos del país –incluso del Ministerio de Trabajo– que percibieron planes sociales previstos para personas desocupadas.
Uno de los escenarios más alarmantes corresponde a la provincia de Buenos Aires: allí se detectaron irregularidades en 130 de los 134 municipios. Y otra rama clave de la pesquisa abarca a 1200 policías provinciales, 152 policías federales, 142 prefectos y 153 gendarmes en el cobro de Planes Jefas y Jefes y Planes Trabajar. Ayer Marijuán sumó una denuncia que involucra a oficiales, suboficiales y jubilados del Ejército y a miembros del SPF como beneficiarios de subsidios. Hacia fin de mes completará el mapa de las fuerzas de defensa y seguridad con una presentación contra unos 60 integrantes de la Fuerza Aérea y un grupo de la Armada cuya magnitud aún debe determinar.
Para poder sacar conclusiones, el fiscal usó un mecanismo simple: hizo un entrecruzamiento de bases de datos de empleados públicos y agentes de las distintas fuerzas con los listados de planes sociales vigentes desde 1998 hasta la actualidad. Dentro de ese lapso, aún no se estableció durante cuánto tiempo se extendió el cobro ilegal de cada plan. La mayoría ya fue dado de baja, pero según las estimaciones de Marijuán el perjuicio a las arcas públicas “fue muy importante”. Sólo los casi 700 casos denunciados implicarían un fraude de 1 millón de pesos por año, suponiendo que los subsidios en cuestión hubieran sido percibidos todos los meses.
La Ufises, en sus presentaciones, denuncia principalmente a los empleados o funcionarios que recibieron la asistencia para desempleados (además de su sueldo). “Queda a cargo de los juzgados que instruyen causas penales establecer quiénes son los responsables del reparto ilegal, ya sean intendentes, otras autoridades municipales, nacionales o de las fuerzas de seguridad”, explicó Marijuán. Ante la situación registrada en los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas, el fiscal advirtió que la Justicia tiene el desafío de analizar si existe una maniobra organizada desde las propias institucionales.
En el organismo investigador saben que la entrega de planes ha operado como moneda de compra de voluntades o favores por parte de punteros políticos actuando como intermediarios. Esa lógica siempre arrastró consecuencias para quienes realmente no tienen trabajo: mientras que muchos quedaron excluidos de los planes, otros que sí los obtuvieron se encontraron con que dirigentes o incluso intendentes les exigían un “peaje” para poder seguir recibiendo el beneficio. La Unidad recibió denuncias y testimonios de gente a la que le hacían creer que para poder cobrar regularmente tenía que entregar la mitad del dinero, limpiar casas privadas, trabajar en alguna campaña y hasta donar sangre.
Por el momento la Justicia no avanzó demasiado en la identificación de responsables políticos. En agosto del año pasado, por primera vez, fue procesado un funcionario nacional por este asunto. Se trata de Alejandro Keck, ex director de Promoción del Empleo durante la gestión de GracielaCamaño en Trabajo. El juez Martín Gurruchaga, de San Martín, lo responsabilizó por utilizar su cargo en la cartera laboral para otorgar irregularmente en ese partido, donde era candidato a intendente, 12 mil planes Jefas y Jefes. La denuncia la había hecho el diputado bonaerense Carlos Raimundi (ARI).