El ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico Alberto Lestelle podrían ser citados a indagatoria como sospechosos del desvío de 2.550.000 dólares de fondos reservados. Ambos ex funcionarios son protagonistas en una vieja causa penal que uno de los nuevos jueces federales, Julián Ercolini, decidió desempolvar para juntar nuevas pruebas. Este es uno entre una decena de expedientes sobre gastos secretos, desde el menemismo hasta la actualidad, que tramitan en los tribunales federales.
Los comienzos de esta investigación puntual se remontan a 1995, cuando una denuncia advirtió que, mediante un decreto promovido por Cavallo, se le habían asignado fondos reservados a la secretaría de Lestelle a pesar de que no le correspondían (sólo están previstos para tareas de defensa e inteligencia). A fines de 1992 el Poder Ejecutivo había pedido al Congreso que en la ley de Presupuesto se entregara una partida secreta a la Sedronar, pero ante la negativa parlamentaria el ex ministro de Economía la concedió por su cuenta.
Tanto Lestelle como Cavallo ya habían sido indagados hace tiempo por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales. Después fueron beneficiados con falta de mérito, una especie de perdón provisorio que deja la puerta abierta a un procesamiento o un sobreseimiento definitivo.
En el expediente se estableció que de los 2,5 millones entregados, Lestelle desembolsó 1,8 millones. Cuando declaró, dijo que “el dinero se utilizó para gastos de la secretaría” y que a su entender estaba “debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo”. Cavallo dijo que la transferencia de los fondos obedeció a un “error involuntario”, ya que para la cartera de Economía era “imposible” revisar cada una de las planillas del esquema presupuestario. En el juzgado presumen que, como el decreto se firmó un día después de que se enviara el pedido al Congreso, aparentemente ya estaba tomada la decisión de otorgar el dinero.
Ercolini ya estaría analizando nuevas pruebas, entre otras cosas las transcripciones de las sesiones del Congreso de aquellos tiempos. Con una decisión de la Cámara Federal, que sostuvo que la causa no prescribió pese al paso del tiempo, el camino está casi allanado para que el magistrado cite a los dos ex funcionarios involucrados a una nueva indagatoria.
El caso de la Secretaría de Narcotráfico aparece en un informe-denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado ante la Justicia Federal, donde denunciaba el uso sospechoso de unos 1.000 millones de pesos de fondos reservados en los últimos 15 años, lo que abarcaría –según las hipótesis– desde sobresueldos hasta gastos de campaña.