Dos capitales, dos incendios, dos tragedias con cinco meses de diferencia. “Fue una réplica de lo que pasó acá”, aseguró a Página/12 el doctor Roberto Almirón desde Asunción. Su hijo Eric tenía 19 años cuando murió aquel 1º de agosto, en un local de compras que cerró sus puertas cuando empezó el fuego. “Para evitar la impunidad que es tan común en este país y lograr mantener preso al dueño del shopping (Ycuá Bolaños), nos organizamos y les aconsejamos a los familiares de quienes murieron en el boliche Cromañón que hagan lo mismo”, expresó en su condición de presidente de la Asociación Víctimas de Ycuá Bolaños. En diálogo con este diario relató la experiencia del “shopping del Estado”, como se llamó al sitio que centralizó todos los trámites, explicó las características de una ley sancionada para dar asistencia integral a las víctimas y relató la visita de Aníbal Ibarra a Asunción, la semana posterior al incendio.
“Vi la tragedia por televisión, me quedé hasta la 6 de la mañana... fue lo mismo que pasó aquí, donde también murió gente de clase media baja”, afirmó Almirón. “No hay que perder de vista el aspecto socioeconómico y por eso impulsamos la sanción de una ley especial por la cual el Estado se hizo cargo de la indemnización a las víctimas y de acusar a los responsables, además de dar educación y salud a los huérfanos”, agregó.
La mayoría de quienes perdieron la vida en el Ycuá Bolaños vivía en Trinidad, una zona carenciada. Y a Almirón le preocupa que algunos de los familiares están abandonando el juicio que está en marcha. “La gente está vendiendo sus derechos, porque (José) Paiva (dueño del shopping) los hace visitar por escribanos, está usando todos sus recursos económicos y políticos para debilitar a la asociación de víctimas, que somos los únicos garantes de que haya justicia. Mi esposa fue amenazada en dos oportunidades”, reveló. Almirón está casado con la argentina Mónica González, se conocieron en La Plata mientras estudiaban medicina y tienen tres hijos. “Eric nació cuando aún estaba soltero, y era mi secretario personal”, describió.
Este médico clínico es el dueño del sanatorio Santa Bárbara, ubicado a tres cuadras del sho-pping Bolaños, donde fueron atendidas 60 personas tras el incendio. En un comunicado de solidaridad con las víctimas de la tragedia de Once, la asociación que dirige expresó que lo ocurrido en ambos países se produjo “por falta de seguridad, por la gestión ineficiente de algunas instituciones y el cierre de puertas de los cultores de la mezquindad del capitalismo salvaje, vestidos de ‘empresarios de la noche’ en el caso argentino y de ‘supermercadistas’ en el caso paraguayo”. Apenas consigan los pasajes, los miembros de la entidad viajarán a Buenos Aires con la intención de acercarse “para ayudar a las víctimas, aportar nuestra experiencia y tratar de evitar que cometan errores”.
–¿Como cuáles?
–Apurar el retiro de cuerpos que puedan estar mal identificados. Acá hubo muchos carbonizados y la presión social por retirar apuradamente los cuerpos sin una muestra previa de ADN no es conveniente. Nos vimos en figurillas para resolver los 47 desaparecidos que había y, si hubiéramos tenido que exhumar 414 cuerpos, hubiera sido un caos social.
–¿Cuáles son las cifras definitivas del incendio en el shopping?
–Tenemos 204 huérfanos, 414 muertos, de los cuales 100 eran niños menores de 15, además de 477 heridos y 19 desaparecidos. Logramos bajar la cifra de desaparecidos realizando 600 análisis de ADN a partes reducidas de cuerpos carbonizados, incluso enviando muestras a España y Brasil. Hay una comisión de desaparecidos encabezada por una argentina, Aída Echeverría, que perdió a su abuela, y realizó una tarea muy importante en este sentido.
–¿Cómo fue el operativo de emergencia y asistencia en el incendio ocurrido en su país?
–La asistencia del Estado fue entre regular y mala; hubo mucho voluntarismo de gente particular. No estamos preparados para tragedias de este tipo.
–¿Y cuáles son los consejos que quieren aportar al caso argentino?
–Aconsejamos a los familiares de las víctimas que se organicen, porque sólo ellos van a poder ejercer la presión necesaria para obtener buenos resultados. Acá, si no lo hubiéramos hecho, ahora los responsables estarían tomando sol en alguna playa caribeña. Juan Paiva, el dueño de la cadena de supermercados Bolaños, habría sido liberado porque nuestra Justicia no es certera, o tendría una acusación por homicidio culposo. Por ahora no se le encontraron las cuentas internacionales, pero sabemos que es un prestanombres que se acomoda con los poderes políticos de turno, los financia, lava dinero y así saltó de la pobreza absoluta a la riqueza. Pero está preso en Tacumbú, a pesar de que compró fiscales y peritajes. Hubo una jueza que fue a interiorizarse por sus derechos humanos y solicitó que le den prisión domiciliaria. El punto es que Paiva tiene 65 años, es diabético y su expectativa de vida no es muy larga. Entonces no quiere morir en prisión y está usando todos sus recursos para evitarlo.
–¿De qué manera?
–Y, por ejemplo, comprando los peritajes médicos y de los bomberos de Asunción. La decisión sobre su arresto se iba a tomar un lunes y el sábado anterior le hicimos un escrache social a la jueza, con huevazos y basurazo, y así fue que no lo largaron. Se hubiera fugado si no hubiera sido por la presión popular, la prensa y nuestra actividad. También conseguimos un peritaje independiente de Estados Unidos, y uno mejor aún de los bomberos argentinos, de Formosa, que ratificó que las puertas estaban cerradas y que la mayoría de las muertes se produjeron por eso.
–¿Es el único detenido?
–Además de José Paiva, está preso su hijo Víctor y un guardia del shopping. Víctor Paiva no mueve un dedo sin consultar a su padre y tenemos la grabación de la gente pidiendo auxilio y que abran las puertas. Y está imputado el constructor del shopping, pero en libertad.
–¿En qué estado está la causa?
–En marzo habría una audiencia preliminar y luego se iniciaría el juicio oral.
–¿Hay funcionarios imputados?
–La fiscal Matilde Moreno debería hacer la acusación contra la Municipalidad de Asunción, pero al parecer tendría relación amistosa con la esposa del intendente, Enrique Riera. Estamos presionando para que se lo impute. Aquel día estaba sin permiso en Buenos Aires por un asunto personal, por lo tanto la asistencia de la municipalidad no fue protagónica. Por eso, el entonces ministro del Interior Orlando Fiorotto, que ahora es nuestro embajador en Argentina, trajo todo al Estado al punto cero: fiscalías, registro civil, camión sanitario, comité de emergencia nacional y reparto de víveres, y lo montaron en un edificio de una empresa telefónica a media cuadra del shopping. A pesar de que los expertos de organismos internacionales nos decían que debíamos sacar a las víctimas del lugar del siniestro, para nosotros funcionó muy bien. Ahí la gente hizo todos los trámites y declararon los testigos. Además, recibimos mucho respaldo de otros países. Chile mandó el equivalente a dos hospitales; Estados Unidos envió piel para transplantes y especialistas y Argentina, un avión sanitario. Incluso la semana posterior a la tragedia vino (el jefe de Gobierno porteño) Aníbal Ibarra, visitó el local incendiado, estuvo con concejales y supongo que también con el intendente, para solidarizarse.
–¿Qué otro aprendizaje les dejó la tragedia?
–Acá la ayuda psicológica no resultó, hubo un exceso de voluntarismo y la gente se sintió invadida. Mejor respuesta obtuvimos del apoyo espiritual que aportaron distintas religiones. Aunque pensamos que iban a ser más, hubo sólo dos suicidios de familiares que perdieron a sus seres queridos.