El empresario Omar Emir Chabán es el único detenido por la tragedia del boliche República Cromañón, que suma 187 muertes, pero son muchos los que están en la mira de la Justicia. La lista comprende a los funcionarios del gobierno porteño que permitieron que el local siguiera abierto cuando debía haber sido clausurado en noviembre e involucra a los que encendieron las bengalas que provocaron el incendio. En el caso de los incendiarios, involuntarios o no, falta identificarlos y saber si sobrevivieron. Chabán afirma que la noche trágica el encargado de seguridad era una persona “contratada por el grupo de rock Callejeros” y que “tres jóvenes que vestían pantalones cortos fueron los que lanzaron las bengalas, adrede, hacia el techo” del local. La versión fue dada a los periodistas por una amiga del empresario que ayer lo visitó en su lugar de detención. En el mes de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad había hecho una advertencia, a esta altura premonitoria, sobre la posibilidad de que “suceda una catástrofe” por la falta de control en materia de seguridad contra incendios en los locales de clase “C”, entre ellos el Cromañón.
“¿Donde está el jefe de seguridad que había sido contratado por Callejeros; donde están los tres jóvenes que prendieron, adrede, las bengalas; donde están los funcionarios que no ejercieron el control que había que ejercer?”, declaró a Página/12 una amiga de Chabán, llamada Galilea, que antes había tomado contacto con la prensa luego de visitar al empresario en la sede de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, ubicada en Villa Lugano. La jueza María Angélica Crotto y el fiscal Juan Manuel Sansone siguen acumulando pruebas que complican la situación procesal del empresario, quien está recibiendo “asistencia psiquiátrica y psicológica” por disposición del juzgado a cargo de la causa. “Está muy mal, no lo puede creer, él también tenía a su familia (un sobrino) en Cromañón cuando se produjo el incendio”, sostuvo Galilea. La mujer dijo que su amigo “está mal de salud, escupe una sustancia negra, porque lo afectó el humo, pero todavía no lo fue a ver ningún médico”. La investigación sigue teniendo a Chabán como principal imputado, aunque ayer se confirmó, por allegados al empresario, que hay “otros tres socios” que también podrían ser acusados, aunque siguen sin presentarse ante la Justicia. Del mismo modo se trata de identificar a los espectadores que manipularon las bengalas que provocaron el incendio. “Esto va a llevar su tiempo porque es difícil la identificación, hay que saber si están vivos o si murieron en el siniestro; pero si están vivos, hay que detenerlos”, dijo anoche una fuente cercana a la investigación, mientras trascendió que se contaría ya con un boceto del rostro de los sospechosos.
El tercer punto tiene que ver con la falta de habilitación del local, que debía haber sido clausurado el 24 de noviembre pasado. “El poder de policía lo tiene el gobierno porteño y no los Bomberos”, dijeron fuentes policiales, en coincidencia con lo expresado por los adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Gustavo Lesbegueris y Atilio Alimena.
Para Lesbegueris, “una catástrofe social, no natural, de estas características, obedece a varios factores, desde la irresponsabilidad criminal de cerrar la salida de emergencia, hasta la ausencia de control por parte del Estado”. Alimena había enviado al gobierno porteño un informe aterrador sobre la falta de controles en los locales clase “C” de la Capital Federal. Sobre un total de 258 de esos comercios, donde se realizan recitales, bailes públicos y se expenden bebidas, apenas 36 funcionaban con la habilitación correspondiente.
El informe de la Defensoría, producido en agosto del año pasado, se asemeja hoy a una fatídica premonición. Se recordaba allí que la habilitación debía ser renovada en forma anual (la de República Cromañón venció en noviembre) “con el fin de verificar el mantenimiento de las condiciones de seguridad y prevención contra incendios que puedan ser alteradas por modificaciones”. En Cromañón incorporaron los paneles acústicos de guata, un material en extremo inflamable, luego de la última revisión, en 2003, que caducó en noviembre de 2004.
Unos 400 mil jóvenes concurren cada fin de semana a esos locales y eso, advertía la Defensoría, “genera un grave peligro para las personas que asisten (...) debido a que no cuentan con normas adecuadas de seguridad, prevención contra incendios, medios de salida de emergencia, etc.”. Por ese motivo se afirmaba que “por negligencia, imprudencia, impericia o violación a las normas que rigen este tipo de actividad, por parte de los dueños de los locales (...) y la falta de un adecuado control se pone en riesgo la integridad física de miles de jóvenes...”.
También se afirmaba, y esto podría aplicarse al caso Cromañón, que “algunos locales albergan más gente de la capacidad” permitida, lo que “demuestra que en caso de siniestro el agravamiento del problema generaría una situación incontrolable como resultado del estado de pánico” y se citaba lo ocurrido en el boliche Kheyvis. Se recomendaba, por último, que “la problemática actual (era agosto de 2004) debe tener otra lectura” y “no esperar que suceda una catástrofe para después reaccionar como lamentablemente suele suceder”.
El informe fue elevado a los ahora renunciados ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana Juan Carlos López y ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin. Toda la documentación fue enviada ahora por la Defensoría a la jueza Crotto y al fiscal Sansone, para que las tomen en cuenta a la hora de determinar responsabilidades. Al mismo tiempo, la Defensoría tomó ayer declaración testimonial a unas 20 personas que serán trasladadas a la jueza Crotto.
En su lugar de detención, Chabán recibió ayer a dos hermanos suyos y a una amiga, que sólo se identificó como Galilea. Ella comentó que Chabán les había advertido a los miembros de la banda Callejeros que “tuvieran cuidado con las bengalas, porque la fiesta se podía convertir en un desastre”. Según la versión del empresario, los tres jóvenes que habrían manipulado las bengalas que produjeron el incendio “actuaron adrede, apuntaron directo hacia el techo”, donde estaban la media sombra como cielorraso y la guata que recubría todo el espacio. Todos los elementos están incorporados a la causa, que se afirma como “homicidio con dolo eventual”. En consecuencia, Chabán y los demás responsables podrían ser condenados a penas de hasta 25 años de cárcel.