Atilio Alimena es un bicho raro de la política. Arquitecto, estudió ingeniería mecánica y se perfeccionó en control ambiental y sistemas de infraestructura urbana.Trabajó durante veinte años en grandes empresas privadas, tanto de grupos locales como de transnacionales, o como profesional independiente. Ingresó a la política poco antes de cumplir los cuarenta, en el Partido Federal, y luego se sumó al activismo republicano de Domingo Cavallo. Cuando el padre del modelo y el modelo se evaporaron, Alimena pasó al partido Demócrata. Entre sus cargos públicos fue asesor del Defensor del Pueblo de la Ciudad y director adjunto de policía municipal. Como legislador porteño presidió la comisión de protección y uso del espacio público e integró las de obras y servicios públicos y defensa de consumidores y usuarios. Desde hace un año tiene a su cargo en la Defensoría adjunta del Pueblo de la Ciudad el control de obras públicas, servicios y espacios públicos, temática ambiental, consumidor y usuario, hábitat y deterioro de calidad de la vida urbana que afecten la libertad y el bienestar de las personas. Su curriculum indica que este militante de un partido conservador se ocupa de lo que sabe. Su página en Internet, muy simple pero más precisa y actualizada que la del próspero gobierno de la Ciudad, incluye los proyectos que presentó como legislador (entre ellos uno de habilitación y clausura de boliches y otro de seguridad contra incendio) y sus informes como Defensor adjunto. El más conocido es el de Prevención contra incendios en locales bailables. Si el progresista gobierno de Aníbal Ibarra hubiera tomado en cuenta sus recomendaciones, el país no se indignaría ahora por casi doscientas injustas muertes jóvenes.

Decisión política

El texto de esa actuación 631/04 dice que la Defensoría verificó “un alto incumplimiento a las normas vigentes por parte de los responsables de locales bailables”, sobre todo las de seguridad contra incendio, lo cual “pone en peligro la vida de más de 400.000 personas por fin de semana, especialmente jóvenes”. Por eso solicitó a la Subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, que intimara a los propietarios a cumplir con las normas y que sancionara a quienes no lo hicieran. Sólo uno de cada seis locales tenían su habilitación en regla. “Fiszbin recibió nuestro informe el 7 de mayo. En agosto, como los controles no avanzaban, mandamos otra nota preguntando cuántos locales habían inspeccionado, cuántos habían clausurado o qué otra medida habían tomado. Nunca recibimos respuesta”, explica Alimena, quien sin embargo atribuye “buena voluntad” a la ex funcionaria. En las conversaciones telefónicas que tuvieron “mostraba avances, pero en la práctica iba todo lento y le expresé que los boliches que no tuvieran certificado tenían que clausurarse. Ibarra dice que de los 200 locales que en mayo no reunían las condiciones de seguridad, ya se habían habilitado 80. Eso significa que otros 120 siguieron trabajando sin habilitación”.
–¿Cómo explicaba Fiszbin que se permitiera funcionar a los que carecían de habilitación?
–Me dijo que la clausura era una decisión política que superaba sus atribuciones.
Fiszbin es la primera candidata para acompañar a Omar Chabán en alguna dependencia policial, donde tendrá tiempo para reflexionar acerca de las obligaciones indelegables de quienes ejercen cualquier cargo jerárquico, que no deben subordinarse a ninguna decisión política. Si Fiszbin confirma ante la Justicia lo que Alimena dijo para esta nota, los niveles superiores también deberán dar explicaciones a la jueza. Por encima de Fiszbin sólo estaban el secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López, y el propio Ibarra.

Connivencia

No sólo se violaron las reglamentaciones de seguridad contra el fuego. El incendio, en el cual un tercio de las víctimas tenía menos de 18 años, ocurrió un jueves que no era feriado y pasadas las 22 horas, cuando las ordenanzas vigentes dicen que los chicos de esa edad sólo pueden permanecer en los locales bailables autorizados en días feriados, sábados y domingos, de 16 a 22. Antes de Alimena ya la ex Defensora del Pueblo Alicia Oliveira había recomendado al gobierno que efectuara los controles necesarios para evitar el ingreso de menores en el horario nocturno (Resolución 1884/01) y que clausurara de inmediato los locales sin habilitación (Resolución 2022/03). En la última, Oliveira describió “una estructura informal que se mantiene a lo largo de los años” y que los funcionarios superiores no han erradicado “por ineficiencia, falta de decisión política o corrupción”. “Esta estructura parece mantener un orden de cosas ilegítimo e ilegal”, lo cual “no resultaría posible sin la connivencia no sólo de inspectores del gobierno, sino también de los funcionarios de los que dependen estos agentes”. Es ostensible que la Dirección General de Fiscalización y Control no ejerció el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos, ni confeccionó las órdenes de inspección, ni practicó las intimaciones, ni dispuso las clausuras, ni labró las actas de comprobación, ni coordinó los operativos de verificación y control, según las competencias que le atribuyeron los decretos 2.696/03 y 1.563/04.

Cinco semanas

Más allá de la hojarasca retórica de estos días, hay un hecho indiscutible: la habilitación de República Cromañón venció cinco semanas antes de la catástrofe. No hubieran sido necesarios grandes recursos para impedirla. Ni siquiera una vieja computadora de descarte. Bastaba con un gran almanaque de pared, en el que constara qué habilitaciones caducaban cada día. Con dos inspectores alcanzaba para clausurar aquellos locales que al vencimiento de la habilitación de bomberos no hubieran presentado la nueva. La falla principal no fue entonces la obsoleta legislación vigente ni la falta de recursos humanos o técnicos. Como dijo Fiszbin, lo que faltó fue la decisión política. Mientras los familiares de las víctimas eran sometidos a todo tipo de mortificaciones para recuperar los cuerpos, el jefe de gobierno trataba de encontrar un responsable, ya fuera su ex concuñado López o la Policía Federal. Cuando sus allegados quieren defenderlo sólo pueden decir que el SAME funcionó razonablemente bien. Llegó al pico de la ansiedad cuando dijo que los integrantes de la Superintendencia de Bomberos estaban ciegos o habían sido coimeados cuando dieron el visto bueno a un local con los materiales que se inflamaron el 30 de diciembre. Luego se reveló que ese dato era falso, que las reformas fueron posteriores y que la habilitación estaba vencida. Las reiteradas advertencias de la Defensoría del Pueblo, en tres de los cinco años del mandato de Ibarra, son agravantes de la indiferencia que mató a tantas personas, cuando el jefe de gobierno acababa de lanzar su propia línea política nacional con la que pensaba sustentar una futura candidatura presidencial.
Estos antecedentes explican la reacción culposa con que encaró el desastre y que lo fue enredando en explicaciones contradictorias, desmentidas por los hechos a las pocas horas. Cuando creía que los bomberos habían habilitado Cromañón, Ibarra firmó el disparatado decreto que declara caducos todos los certificados y exige nuevas habilitaciones. Luego desechó esa información pero no anuló el decreto. Tampoco nadie se comunicó desde el gobierno de la Ciudad con el Defensor adjunto Alimena, que es el único funcionario que tomó la cuestión con la seriedad que merecía antes de que todo ardiera. En cambio, se aceleró la sucesión compulsiva de gestos que simularan seriedad y acción.

Obscenidades

Pero hizo falta una gestión presidencial para que Ibarra hiciera lo mínimo esperable de un gobernante después de un episodio tan tremendo, que es reunirse con sobrevivientes y con familiares de los muertos por asfixia. Después de ese encuentro y de la marcha de varios miles de personas que caminaban y lloraban, la noche del mismo jueves funcionarios de su gobierno se dedicaron a evaluar el impacto sobre la imagen de Ibarra y las posibilidades de que aumentara o disminuyera la presión social en demanda de su renuncia. Este análisis puede tener sentido en la intimidad de un político, pero su difusión a través de los medios con el propósito de influir en la opinión pública profundiza la ruptura de un sector de la clase política con las personas normales, como dijo en su conmovido discurso en la Legislatura Milcíades Peña, quien perdió un sobrino en Cromañón. Con un cálculo tan generoso como el de Ibarra, el jefe de la oposición local, Maurizio Macri, intentó convertir la situación en una crisis institucional que terminara con el mandato de quien lo derrotó en los comicios de 2003. Tampoco es posible advertir mayor diferencia entre las actitudes de ambos y la de la gran esperanza blanca, Juan Carlos Blumberg, quien por primera vez probó en piel propia el tratamiento que se reserva a los líderes políticos que intentan aprovechar en su beneficio la ira y el hastío populares ante conductas que la sociedad anhela superar. No fue mejor el desempeño del tardofoquismo insurreccional, que a grupas del dolor colectivo trató de desencadenar un nuevo 20 de diciembre, forzar el alejamiento de Ibarra e involucrar entre los culpables al presidente Néstor Kirchner, como si pudiera equipararse la actual gestión (y la percepción de la sociedad al respecto) con la de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo. Por buenas razones, obvias para quienes no se encierran en el pesimismo de la ideología y el optimismo del aparato, pero también por las peores, porque el corralito y el estado de sitio implicaron a todas las familias del país y Cromañón sólo a un par de miles, esa pretensión es ilusoria.
Luego de reunirse con los familiares de las víctimas, lo cual insumió dos días de contactos a la secretaría general de la presidencia, cuyo titular fue uno de los funcionarios que padeció el drama en su familia, el enojo presidencial se dirigió contra los sectores de poder tradicional que sólo están aguardando un traspié para arrojarse sobre él y cobrarle sin olvido ni perdón todo aquello que la paleoizquierda y el progresismo de medio pelo desdeñan como populismo, tibieza u oportunismo. Pero lo hizo al costo de un desplante de intemperancia superfluo, contra la prensa que llamó amarilla. No es una mala noticia, en medio de la infinita tristeza de estos días, que ni esa agrupación Retro que arrojó ácido al rostro deempleados públicos desarmados, ni Ibarra, ni Macri, ni Blumberg hayan tenido éxito. Cuando se enjuguen las lágrimas, el saldo será la exigencia de una investigación seria de lo sucedido y de la cadena de responsabilidades y de una reforma de las instituciones para capitalizar la experiencia adquirida a tan insoportable precio.

Arte de magia

No hay que confiar en que ello ocurra por arte de magia. La inercia y el absurdo de la burocracia tienden en otra dirección y sólo una atenta vigilia social podrá contrariar esa deriva. El viernes, luego del juramento de Juan José Alvarez como nuevo encargado de seguridad y justicia de la Ciudad, parejas de inspectores partieron a visitar boliches y amenazar con clausuras sin ton ni son. Un par de ellos llegaron a Notorious, en la avenida Callao, a la hora del comienzo del show del exquisito trío Tango Reflections, de Adrian Iaies, Pablo Mainetti y Horacio Fumero. Dijeron que el restaurante y disquería no estaba habilitado como local para música y canto. El trámite se inició hace cinco años y el propietario sólo obtuvo un certificado provisorio, que nunca le permitieron convertir en definitivo y cuya vigencia consiguió semana tras semana ante cada inspección. Hace un año, esa vieja estructura corrupta fue desactivada por Ibarra, pero desde entonces nadie se presentó a controlar nada. Hasta el viernes. No es un local bailable, no admite más de ochenta personas, el público habitual tiene un promedio de edad de 40 años y más propensión al queso brie que a la bengala. Detrás del escenario, una enorme puerta vidriera a la vista y de fácil acceso comunica con un gran jardín al aire libre, por lo cual no hay el menor riesgo. Hace poco, el propio gobierno de la Ciudad organizó allí una función.
Los inspectores ya no son viejos coimeros sino jóvenes arquitectos de impecable corrección, pero la arbitrariedad de la orden con que llegaron permite imaginar que esta distracción durará tanto como la furia social. Lo mismo pasó con la ridícula normativa de los cinturones de seguridad en el asiento trasero de los taxis, de la que ya nadie se acuerda. “Pareciera que sólo pensaran en los medios y que detrás no hubiera nada. Nosotros también hacemos prensa, pero cuando empezamos a tocar, el trío suena del carajo”, rumiaba Iaies, quien lleva dos meses organizando el recital, para el que Fumero viajó desde Barcelona. “Si me hubieran avisado por la tarde, me daban tiempo de comunicarme con parte del público y devolver las entradas. Pero llegaron a la hora del show, con todas las mesas ocupadas y la gente cenando”, agregaba uno de los propietarios del local. El acta que labraron dice algo distinto a lo que los inspectores alegaron durante la inspección: se refiere, como corresponde en estos días, al revestimiento del piso y las paredes. Uno de ellos se sinceró. “Si conseguís una habilitación para música y canto, te buscamos otra cosa para cerrarlo.”

El traspaso

El sorpresivo nombramiento de Alvarez fue impulsado por el vicejefe Jorge Telerman, un ex peronista inquieto por la estabilidad del gobierno porteño, para el que buscó sostén en el conurbano. Antes de aceptar, Alvarez pidió la aprobación presidencial, para que no le ocurriera lo mismo que durante su fugaz gestión bonaerense, cuando quedó atrapado en las pugnas políticas entre el presidente Néstor Kirchner y el gobernador Felipe Solo. Kirchner le comunicó que el Poder Ejecutivo apoyaba su designación y le impartió apenas dos directivas: “Hacia adelante, que esto no se vuelva a repetir; hacia atrás, justicia a fondo”. Recién después de recibir el nihil obstat presidencial y de reunirse por primera vez con Ibarra, quien le había ofrecido el cargo por teléfono, Alvarez informó al ex senador Eduardo Duhalde, quien antes había hablado con Telerman y con el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Alberto Fernández. Para encontrarse con Duhalde, Alvarez hizo un viaje relámpago a Punta del Este, en una llamativa muestra de respeto hacia su ex jefe político.
La diputada Hilda González de Duhalde dijo en una declaración pública que el nombre de Alvarez había sido una propuesta “de mi esposo”, pero el nuevo funcionario lo niega. Al volver de Punta del Este, Alvarez se reunió con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para analizar el punto central de su propuesta: el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de las superintendencias de seguridad metropolitana y de bomberos de la Policía Federal. “No vamos a hacer locuras ni a apresurarnos”, había declarado Fernández a este diario. Kirchner le comunicó que el traspaso era su decisión política, con lo cual la reticencia cesó. Aclarado ese punto nadie supone que Fernández, de buena relación con Alvarez, vaya a ser un obstáculo. Sólo restará vencer el malhumor corporativo policial, que no forma parte de las preocupaciones de Alvarez ni de Kirchner. Ambos se sienten cómodos mandando a organizaciones verticalistas. Kirchner volvió a demostrarlo la última semana, al ordenar el pase a retiro del teniente coronel Jorge Hipólito Villamayor y del suboficial Micozzi. Villamayor era el asistente personal del Jefe de Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini, a quien filmó sin su conocimiento durante una audiencia con un dirigente político. Varias fotos tomadas de la filmación clandestina estaban listas para circular junto con panfletos denigratorios de Bendini. Es de presumir que, luego del diálogo en Punta del Este de Alvarez con Duhalde, la provincia de Buenos Aires tampoco se opondrá a la derogación de la ley Cafiero, que hasta ahora impidió que la Ciudad más poblada del país tuviera policía propia, y a la asignación de las partidas necesarias para realizar la transferencia. Traspaso rápido quiere decir rápido: antes de asumir Alvarez pidió licencia a la Cámara de Diputados por 120 días, y no se propone solicitar una prórroga.