La primera pregunta que le hicieron los periodistas después de asumir fue por los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Juan José Alvarez respondió que los asesinatos ocurrieron en la estación de Avellaneda, bien lejos de la jurisdicción que él controlaba, y que sólo intervinieron policías provinciales. La cuestión merece análisis, dado que los familiares de las víctimas consideran a Alvarez uno de los responsables políticos de aquel horrendo episodio y con toda razón reprochan al gobierno nacional no haber cumplido la promesa de una comisión investigadora.
Me consta, pero no sólo a mí, que Alvarez se batió en minoría dentro del gobierno interino del senador Duhalde para que no prevaleciera la lógica de la represión. Vale la pena la cita textual de un párrafo publicado aquí el 9 de junio de 2002, tres semanas antes del crimen: “En la reunión de La Pampa tuvo cruces muy duros con varios gobernadores. El de La Pampa, Rubén Marín, le dijo en sorna: ‘¿Te vas a decidir a dar goma?’. El secretario de seguridad Juan José Alvarez le respondió: ‘¿Por qué en vez de pedirme fuerzas federales a mí no mandás a tu policía a darle goma a la gente que hace siete horas nos está puteando en la puerta?’ El de Salta, Juan Carlos Romero, clamó que los cortes de calles y rutas y las ocupaciones de edificios públicos afectaban la seguridad del Estado. ‘Vos desalojaste a una maestra rebelde con la policía y te incendiaron la provincia. ¿Esa es la seguridad del Estado que querés?’ La disputa no ha concluido. Lejos de ello, una fuerte presión se ejerce para forzar su alejamiento. (...)
Designado en su cargo por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Sáa, Alvarez va por su sexto mes pugnando para que la peor crisis económica y social de la historia no desemboque en la tragedia que podrían desatar unas pocas órdenes tan ligeras como los razonamientos de quienes lo cuestionan por su supuesta pasividad”. La nota agregaba que Alvarez ofreció su renuncia en caso de que se accediera a la propuesta de Horacio Jaunarena y Ricardo Brinzoni de devolver funciones de seguridad a las Fuerzas Armadas, que Duhalde entonces desechó.
Lo sabe Elisa Carrió, quien lo declaró en Montevideo durante un viaje que hicimos juntos en aquel momento para participar en un seminario de Naciones Unidas. No lo ignoran los dirigentes de la CTA que durante esos meses calientes se mantuvieron en contacto telefónico con Alvarez en cada movilización, para que ningún gesto equívoco de cualquier lado desatara lo irreparable. Sin embargo ahora le enrostran responsabilidades por la represión, como si todo lo hubieran olvidado. El 26 de junio de 2002 no se cortó un puente, sino nueve al mismo tiempo. Los otros cortes fueron impedidos por la Policía Federal y la Gendarmería sin que hubiera una sola víctima. El policía bonaerense que mató a Santillán, Alfredo Fanchiotti, hizo su carrera próximo al ex intendente de Guernica Oscar Rodríguez, compañero de la mesa de póker de Duhalde. Las comunicaciones de ese día muestran que ese comisario, a quien Felipe Solo presentaba como el policía modelo, llamó después del tiroteo a la SIDE, donde Rodríguez era el segundo. Alvarez proviene de la derecha justicialista, hizo una carrera de más de veinte años junto a Duhalde, fue ministro de Rückauf y una claque sindical acompañó su juramento. Ideológicamente tiene poco que ver conmigo y con los lectores de esta página. Pero en los peores momentos que la sociedad argentina pasó después de la dictadura, demostró prudencia y respeto por la vida y coraje para no dejarse avasallar. Recordarlo ahora no es un servicio a Alvarez, sino a la sociedad, que necesita conocer con la mayor objetividad posible los hechos y sus protagonistas si quiere construir un futuro algo mejor. ¿Qué utilidad tiene escarnecer a quien intentó impedir la masacre y pasar por alto al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ex abogado policial Luis Genoud? El gobernador Felipe Solo lo hizo renunciar como fusible y luego lo recompensó nada menos que con un asiento en la Suprema Corte de Justicia Provincial. Desde allí, convalida la situación monstruosa que se vive en las cárceles y comisarías bonaerenses, en las que una persona es asesinada por semana. Por la razón que fuere, exigir justicia pero desdeñar la verdad es una táctica autoderrotista para una sociedad más consciente que nunca de su necesidad de cambiar.