Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

El Congreso vuelve a ser una incógnita para el Gobierno. Luego de que la resistencia de los senadores contra el Plan Bonex empujara al ministro de Economía Jorge Remes Lenicov fuera del gabinete, esta semana se pondrá nuevamente a prueba la voluntad de los parlamentarios para acompañar las iniciativas oficiales. En este caso, se trata de dos proyectos incluidos en el acta de 14 puntos suscripta entre los gobernadores y el presidente Eduardo Duhalde: la ley de quiebras y la de subversión económica. Precisamente ambas desvelan a los hombres del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no dejan de aparecer en las constantes reuniones que los funcionarios mantienen con los organismos de crédito internacional. El primer intento tendrá lugar este jueves cuando en el Senado se intente discutir la derogación de subversión económica.
Paradójicamente, desde todos los centros de poder se afirma de distintos modos que ambas leyes se han vuelto cruciales para “la seguridad jurídica”. En consonancia con esa mirada el flamante ministro de Economía, Roberto Lavagna, se mostró partidario de modificar la ley de quiebras y de derogar la de subversión económica. El objetivo de máxima del Gobierno es lograr el tratamiento parlamentario de ambas iniciativas legislativas durante esta semana. Todo indica que será difícil.
La ley de quiebras se encuentra en Diputados. El feriado de mañana lleva a pensar que la habitual sesión semanal no se concretará. Sin embargo, los más optimistas hombres del oficialismo sugerían ayer que la Cámara baja podría sesionar el jueves, en el mismo momento en que los senadores se dediquen a discutir la derogación de la ley que desvela a los banqueros: la de subversión económica.
Dos son los puntos más polémicos de la ley de quiebras. Uno es el de la capitalización forzosa (crawn down) que permite a los acreedores hacerse cargo de las empresas en quiebra. Antes de que un grupo de legisladores de la coalición peronista-radical que sostiene al gobierno partieran rumbo a los Estados Unidos en busca de apoyos financieros, había un prematuro consenso en limitar la figura de la capitalización forzosa. Originalmente estaba contemplado que los acreedores de empresas en quiebra pudieran hacerse cargo del gerenciamiento y control de la misma. Los radicales insistieron en los derechos del deudor. Por lo menos, reclamaban que éste tuviera prioridad de mantener sus empresas en caso de que pudieran igualar la oferta de los acreedores. El tema no es menor, en un contexto de empresas altamente endeudadas en dólares con el mercado externo. Un dólar cotizando en alza puede ser determinante para que el capital norteamericano termine desplazando a los capitales europeos que controlan a las empresas de servicios públicos privatizadas, aseguran integrantes de la conducción del bloque del PJ.
Otro de los puntos a unificar era la valuación de las empresas. Mientras que el Gobierno es proclive a la cotización contable de las firmas, los legisladores se inclinan por el valor de los activos. Una delegación de legisladores, integrada por Miguel Angel Toma y Jorge Matzkin, intentaba ayer encontrar puntos comunes con el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli. Aunque los más oficialistas descartan que la ley contará con el voto favorable de los diputados, no faltaban las voces del bloque justicialista que afirmaban que “no hay espíritu para tratar la ley”.
En el Senado el clima es similar. Los presidentes de los bloques del PJ y la UCR, José Luis Gioja y Carlos Maestro, coincidieron en señalar que “la ley se deroga el jueves”. Sin embargo, ambos evitaron destacar que en sus respectivas bancadas las opiniones están divididas.
Para buena parte de los senadores de la UCR, la derogación lisa y llana implica una “amnistía” para los banqueros. Entre los justicialistas el sentimiento es similar. Algunos, como el riojano Jorge Yoma, adhieren a esa lectura. Otros, en cambio, consideran que no es el momento político adecuado para una derogación. Razonamiento que en Diputados se escucha en boca de muchos duhaldistas como José María Díaz Bancalari, quien sueleafirmar que “justo ahora que se persigue a los que robaron el país nos piden que los salvemos. Es imposible”.