En la quinta de Villa Rosa se escuchó un profundo suspiro de alivio. La jueza federal María Servini de Cubría dictó la falta de mérito al ex presidente Fernando de la Rúa y a su ministro del Interior Ramón Mestre en la causa sobre la masacre de Plaza de Mayo. La misma medida benefició al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, preso en Gendarmería, en relación con la acusación en su contra por los cinco asesinatos ocurridos durante la represión del 20 de diciembre. Pero la alegría no le alcanzó para brindar porque seguirá encerrado por el primer procesamiento que le había dictado la magistrada, por su responsabilidad en las detenciones ilegales de ese día, hasta que la Cámara Federal decida al respecto. La fiscalía y parte de la querella adelantaron a Página/12 que apelarán la resolución de la jueza. “No nos sorprende esta decisión porque a eso viene apuntando desde el principio”, opinó la abogada María del Carmen Verdú, patrocinante de familiares de las víctimas. El que recibió la peor parte fue el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, a quien Servini sí consideró responsable por las muertes.
El alivio del ex presidente no pudo transformase en festejo por dos motivos: en primer lugar porque la falta de mérito le quita de encima el peso del procesamiento pero lo mantiene vinculado a la causa como imputado, dado que la jueza considera que aún no tiene elementos suficientes para sobreseerlo. Y además porque aún no lo interrogó por las muertes, tal como pide la fiscalía (ver nota aparte). La sala I de la Cámara Federal le ordenó a Servini que definiera la situación procesal de Santos y Mathov en relación a los homicidios y podría adoptar una posición similar cuando tenga que intervenir en las apelaciones de De la Rúa y Mestre. Por lo tanto, el pronóstico para el ex presidente es más benévolo pero aún no llega a ser diáfano.
Servini de Cubría dictó la falta de mérito a De la Rúa por el mismo hecho atribuido a Mestre, es decir, haber convalidando 29 privaciones ilegales de la libertad con la firma del decreto presidencial 1682/01 que puso a disposición del Poder Ejecutivo nacional a los detenidos, en el marco del estado de sitio. Cuando fue indagado, De la Rúa justificó la declaración del estado de sitio como “una potestad propia del Poder Ejecutivo” y aclaró que el decreto le llegó “suscripto por el jefe de Gabinete y el ministro del Interior y con la intervención del secretario Legal y Técnico de la Presidencia”. Virgilio Loiácono, actualmente su abogado defensor en este proceso, era el secretario legal y técnico en ese momento y por eso la jueza lo convocó a declarar como imputado. Por su parte, Mestre se había defendido diciendo que “en ningún momento impartió orden alguna relacionada con la detención de personas determinadas” y que el listado con los 29 detenidos tenía como motivo la “alteración del orden público” por parte de los manifestantes. Sin embargo, Servini de Cubría expuso que los detenidos recuperaron la libertad no por disposición del Poder Ejecutivo sino “en razón de la concesión de un hábeas corpus respecto de esas personas”.
En relación con Mathov, detenido desde el 1º de marzo en el escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería, la jueza consideró que “no tuvo nunca a su cargo la dirección operacional de las fuerzas policiales”, mientras que Santos “impartió directivas impropias e inoportunas”. Según Servini, “la responsabilidad de Santos no es ajena a las muertes provocadas”, y la reunión que celebró el ex jefe policial ese mediodía con la plana mayor de la institución “arrojó como resultado el descontrol total de la fuerza a su cargo”. Agregó que “ese día fue incrementando el poder de la fuerza policial, con personal inexperto y en forma desorganizada, y exacerbó aún más los ánimos de los manifestantes desde el inicio de la jornada”. Y concluyó que Santos “en modo alguno cuidó, vigiló, conservó ni evitó elpeligro, con el fin de preservar indemnes los bienes jurídicos que debía proteger”. Además, embargó sus bienes en ocho millones de pesos.
Santos fue detenido desde el 7 de febrero, y a los pocos días fue procesado por abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, agravados por las circunstancias sociales de la represión del 20 de diciembre. Ahora Servini le amplió el procesamiento al acusarlo de homicidio.