¿Qué rumbo tomará la causa Cromañón? De la lectura del voluminoso expediente y las resoluciones de la jueza María Angélica Crotto puede inferirse que cuando regrese de la licencia, que se tomó por salud, seguirá completando la investigación del entorno del empresario Omar Chabán, ya procesado y detenido. Así serían acusados su hermano Yamil Chabán, el jefe de seguridad de República Cromañón Raúl Villarreal y posiblemente el manager de Callejeros Diego Algañaraz. Crotto dejó entrever en forma muy elíptica que ésos serán sus próximos pasos en una reunión que mantuvo con familiares de las víctimas. Ese camino es el que trazaron el fiscal Juan Manuel Sansone y sus colaboradores, en su segundo requerimiento al juzgado para que esas personas declaren como imputadas. Por lo tanto, hay coincidencia entre los investigadores en cuanto a las líneas a seguir. En el juzgado como en la fiscalía agregan otra pista al entorno: la actuación policial y la reventa de entradas.
Aunque no aparecieron mayores diferencias con el enfoque del caso que tienen en el juzgado de Crotto, en la fiscalía de Sansone sólo manejan tiempos un tanto más ágiles. Más allá de alguna declaración testimonial ya ordenada por la magistrada en relación a la responsabilidad de funcionarios, es de esperarse que sus remplazantes, los jueces Enrique Botto y Julio Lucini, tomen medidas de relevancia hasta su regreso.
Tanto Yamil Chabán, sindicado como mano derecha de su hermano en cuanto al manejo del dinero y del personal de Cromañón y Cemento, como Raúl Villarreal anticiparon que están “a derecho”, es decir, disponibles y ubicables para cuando les llegue la hora de dar explicaciones. Incluso Yamil apareció en Tribunales, de la mano del abogado Pedro D’Attoli, cuyos servicios comparte con Omar, preso en una celda de máxima seguridad en Marcos Paz. Por su parte, el abogado Joe Stefanolo, conocido por patrocinar a rockeros, presentó un escrito ante Crotto en el que fijaron el domicilio real de Villarreal. Lo mismo sucede con Callejeros. Sus abogados, del estudio Virgolini-Silvestroni, explicaron a Página/12 que los músicos están ansiosos por “contar su verdad”, y que lo que menos les preocupa es quedar imputados. De todos modos, apelaron la decisión de la jueza que rechazó tenerlos como parte querellante. Argumentan que ellos también son víctimas porque también perdieron a familiares y seres queridos en el incendio.
Sin embargo, su situación en el expediente parece complicarse. Los investigadores encontraron en Internet un sitio sobre rock que describe el ranking de las canciones de Callejeros según la cantidad de bengalas que se encienden cuando eran interpretadas en cada show. Además, días atrás una sobreviviente declaró que “cinco monos con remeras que decían Callejeros-Seguridad” les impidieron la salida del local que se estaba incendiando.
En el expediente, los testimonios no coinciden: algunos testigos sostuvieron que la seguridad estuvo a cargo de la banda y otros dijeron que esa tarea la realizó personal al mando de los hermanos Chabán. Sí hay acuerdo en cuanto a que el “cacheo” fue realizado “al azar”: a algunos pibes les hicieron sacar hasta las zapatillas y otros apenas fueron registrados. Sin embargo, los bomberos encontraron envases de pirotecnia en diferentes partes del local (ver recuadro).
Respecto de la pista policial, dos testigos ratificaron lo publicado por Página/12 hace un mes: los hermanos Chabán habrían pagado coimas a personal de la comisaría 7ª, ya sea para realizar eventos con más capacidad de la permitida por la habilitación, ya sea para cortar la calle Mitre determinadas noches. Para los investigadores, la actuación policial integra el círculo inmediato de responsabilidades. “A la seccional de la zona no puede escapársele lo que sucede cada noche frente a sus narices”, razonan los investigadores.