Un embarque de 60 kilos de cocaína, detectado en España, no es una cuestión menor. Sobre todo cuando uno de los responsables es hijo del jefe del Aeropuerto y viene realizando el mismo viaje en forma regular, una vez por semana. En un país donde el nepotismo no es la excepción sino la regla, a todo el mundo le parece normal esa promiscuidad. Pero aun así, ¿alguien puede creer que el comodoro Beltrame nunca le preguntó a su hijo por qué voló fuera del país a lo largo de cincuenta miércoles, cuando su tarea en la empresa era la atención de pasajeros en tierra?
La orden del presidente Néstor Kirchner de intervenir la Policía Aeronáutica Nacional (PAN) es la primera respuesta del Poder Ejecutivo al gravísimo episodio, necesaria pero insuficiente.
Necesaria, porque la responsabilidad de la PAN es inocultable, pese al burdo intento por concentrar las responsabilidades sólo en la empresa Southern Winds.
Insuficiente, porque no hay razón para que una de las Fuerzas Armadas siga realizando tareas policiales que según las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional no le corresponden y para las que, como se acaba de ver, no está capacitada y ni siquiera tiene recursos, según reveló su ex jefe. Es lo que ocurre cuando alguien se ocupa de lo que no debe.
La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda que la operación y el control no deben estar en las mismas manos. En la Argentina la Fuerza Aérea es responsable de 21 aeropuertos, opera el sistema de navegación aérea y el de control del espacio aéreo, es la autoridad aeronáutica que establece las normas y confiere las homologaciones, fija tasas e inspecciona, además de poseer una línea aérea de carga y pasajeros. Ni el personal ni los medios militares son adecuados para esas actividades. Mientras el sistema de navegación aérea debe asegurar el tránsito de un punto a otro en rutas y corredores establecidos y zonas de aproximación a aeropuertos, el control del espacio aéreo debe garantizar la seguridad en los vastos cielos de todo el país, para evitar agresiones externas.
El jefe de Estado Mayor, brigadier Carlos Rohde, conocía los hechos desde setiembre, pero recién relevó al comodoro Alberto Beltrame cuando tomaron estado público, lo cual incluso podría implicar responsabilidades penales. Durante esos cuatro meses y medio ocultó lo que sabía al ministro de Defensa. Esa falta de lealtad no fue correspondida por José Pampuro, quien por respaldarlo en una conferencia de prensa hasta se ganó una recriminación presidencial. La idea de que en semejante caso ocurrido en doble jurisdicción de la Fuerza Aérea (por el aeropuerto y por la PAN) no exista responsabilidad institucional sólo se comprende en un país donde nadie se hace responsable de nada. ¿O será que la Fuerza Aérea tampoco tiene que ver con el incumplimiento de las normas internacionales de seguridad aérea, que en abril pasado evaluó el gobierno de Estados Unidos? La hipótesis que se manejó ayer de que el comandante de Regiones Aéreas, Carlos Matiak, fuera el interventor en la PAN sólo puede entenderse por la incomprensión de lo que está en juego: tanto el Aeropuerto de Ezeiza como la PAN dependen precisamente del Comando de Regiones Aéreas, por lo que el conflicto de intereses era flagrante ya que cualquier investigación real de lo sucedido afectaría a Matiak. La designación interina de un civil, el secretario de Defensa Jaime Garreta, debería ser el primer paso para modificar esa estructura corporativa, resabio de medio siglo de dictaduras o gobiernos civiles militarizados. No debe ser casualidad que la Fuerza Aérea sea la única cuya máxima autoridad hasta el día de hoy haya retaceado la toma de distancia categórica con la dictadura militar que hicieron en 1995 y 2004 el Ejército y la Armada.
Kirchner ya suplantó la Casa Militar de la Presidencia por empleados civiles y luego del incidente con la turbina de su avión T-01 dispuso que el peritaje lo realizara la Junta de Investigación de Accidentes de losEstados Unidos que, por supuesto, no depende de la US Air Force sino del Departamento de Transporte. Es tiempo de reparar esta otra anomalía, estipulada en 1977 por un decreto del dictador Videla y contradictoria con la institucionalidad vigente y el buen sentido. El control de los aeropuertos debe quedar en manos de una fuerza de seguridad que dependa del ministerio del Interior, como la Prefectura y la Gendarmería. Y el momento es ahora.