EL PAíS
› EL GOBIERNO DESIGNO A UN CIVIL COMO
INTERVENTOR DE LA POLICIA AERONAUTICA NACIONAL
Una valija de malas noticias para Rohde
El escándalo de SW reveló la falta de control de la PAN en Ezeiza. Con ese argumento, el Presidente ordenó a Pampuro su intervención. Al frente fue nombrado el viceministro de Defensa, una designación que pone en la cuerda floja al jefe de la Fuerza Aérea. El Gobierno estudia sacar a la PAN del aeropuerto.
› Por Raúl Kollmann
“El sistema de seguridad de Ezeiza fue diseñado y es responsabilidad de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN). Y lo concreto es que ese sistema de seguridad fue burlado. Puede ser que en la banda de narcotraficantes no haya ningún miembro de la PAN o la Fuerza Aérea. Eso lo determinará la Justicia. Pero igual hay una responsabilidad por la violación de la seguridad.” Con ese argumento, el presidente Néstor Kirchner le ordenó al ministro de Defensa, José Pampuro, que interviniera la Policía Aeronáutica, despidiera a quien fue el jefe de la PAN hasta ayer, comodoro Horacio Giaisgischia, y que se dirigiera a Ezeiza, para hacer un inmediato informe sobre la situación de seguridad del aeropuerto y cambiar todo lo que haya que cambiar. Por la tarde, Pampuro designó al brigadier Carlos Matiak a cargo de la PAN, aunque un sector del Gobierno quedó extrañado por el nombramiento: Matiak era superior directo del desplazado Giaisgischia. Finalmente, Matiak resultó desplazado y la intervención quedó en manos de un civil: el viceministro de Defensa, Jaime Garreta. Como adelantó ayer Página/12 en exclusiva, en el Ejecutivo se baraja la idea de que la PAN ya no esté más a cargo de la seguridad de Ezeiza.
Las decisiones relacionadas con la intervención de la Policía Aeronáutica se tomaron en un encuentro realizado en la mañana de ayer entre el Presidente, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro Pampuro. En la reunión, el titular de Defensa hizo un informe sobre lo ocurrido en Ezeiza y los datos existentes sobre la operación de envío de los 60 kilos de cocaína en un vuelo de Southern Winds (ver aparte).
Según el diagnóstico oficial, por ahora no hay elementos que indiquen que un integrante de la PAN o la Fuerza Aérea vaya a ser imputado en la causa penal. Con el correr de la semanas –dicen en Defensa– se verá lo que depara el expediente, pero las evidencias apuntan hacia empleados jerárquicos de SW y hasta el momento no se han encontrado evidencias de que un hombre de uniforme sea acusado de complicidad en el delito de narcotráfico.
El punto más urticante de la reunión fue la responsabilidad de la PAN y la Fuerza Aérea en lo ocurrido. “No se puede alegar que el trabajo de revisión lo hacía tal o cual empresa privada. El esquema fue armado por la PAN, porque es el Estado el que tiene el poder de policía. Si el esquema de seguridad fue violado, la responsabilidad no queda en la empresa privada, sino que es de la PAN. Puede que no haya responsabilidad penal, pero seguro hay responsabilidad administrativa”, argumentaron Kirchner y Fernández. El Presidente y el jefe de Gabinete, además, agregaron el razonamiento ya expuesto por este diario el martes: “Si no eran 60 kilos de cocaína, sino 60 kilos de explosivos, estaríamos tratando de explicar 300 muertos y ¿a quién se le ocurriría derivar la responsabilidad a una empresa privada?”.
En la Casa Rosada sostienen que, al final de la reunión, Pampuro estuvo de acuerdo en poner en marcha la intervención de la PAN como una forma de demostrar que el Gobierno no tolera que el aeropuerto de Ezeiza se haya convertido en una especie de colador bajo la órbita de la conducción de una fuerza armada. Por lo tanto, no sólo debía ser desplazado el jefe, el comodoro Giaisgischia, sino que correspondía un gesto más fuerte: la intervención. Que terminó siendo civil, lo que fue más fuerte todavía.
Rohde, complicado
Aunque en el encuentro de ayer no se tocaron en profundidad otras aristas del tema, en el Gobierno hubo disgusto con la PAN y la Fuerza Armada por varios motivos:
- El día anterior se convocó a una conferencia de prensa en la que se esgrimió un argumento inadmisible: que la PAN sólo es responsable de la seguridad de los aviones del 30 por ciento de las líneas aéreas que operan en Ezeiza. En otras palabras, que el 70 por ciento de la seguridad la manejan los privados, y la PAN y la Fuerza Aérea se lavaron las manos en público.
- Que por un lado se hiciera un deslinde de responsabilidades atribuyéndoselas a los privados y al mismo tiempo se dijera que el problema era la falta de personal de la PAN.
- Sigue sin estar claro el hecho de que la Fuerza Aérea haya mantenido en su puesto hasta el viernes pasado al jefe de la PAN en Ezeiza, comodoro Alberto Beltrame, padre del prófugo Walter Beltrame. La denuncia por el caso de los 60 kilos de cocaína y los viajes del hijo del jefe a Madrid datan de octubre y, sin embargo, no se tomó medida alguna. Para colmo, el Gobierno ni siquiera fue informado como corresponde de lo que ocurrió.
- El descontrol de la PAN respecto de los privados se comprobó también con las evidencias sobre los titulares de las empresas de seguridad que funcionan en Ezeiza. Como publicó ayer Página/12, la empresa contratada por SW para monitorear la seguridad es Top Air, aparentemente integrada por dos hombres que habrían sido dados de baja de la PAN, además del hijo del conocido represor Adolfo Donda Tigel, quien revistara en las empresas de seguridad de Alfredo Yabrán.
- El empleado que estaba a cargo del scanner por el que supuestamente pasaron las valijas el 16 de septiembre de 2004 declaró judicialmente que no fue entrenado por la empresa privada en la que trabaja para detectar droga, sino únicamente armas y explosivos. Esa sola declaración indicaría un descontrol en la formación del personal. Pero incluso la declaración es dudosa porque todos los técnicos consultados por este diario señalaron que la formación se hace para ambas cosas, drogas y explosivos.
- Para redondear la situación de descontrol, también se objeta el hecho de que en Ezeiza funcione el sistema de seguridad más sofisticado de América, con 160 cámaras monitoreando todas las zonas del aeropuerto, pero que las grabaciones se borren a los 32 días. Lo que correspondía era que, tras un período razonable, las imágenes se compacten, no que se borren totalmente, ya que en el caso de la cocaína el juez podría hoy ver cómo llegaron las valijas al aeropuerto, en qué auto, qué empleado las recibió, cómo subieron al avión, quiénes fueron los cómplices.
Con tamaña cantidad de cuestionamientos, la PAN fue intervenida cerca del mediodía de ayer. Pampuro llegó a Ezeiza a hacer una recorrida e interiorizarse del funcionamiento de los sistemas de seguridad. “El Presidente ordenó una amplia auditoría e investigación. Por de pronto, está claro que el Estado retomará un mayor control sobre la seguridad y para eso habrá reasignaciones presupuestarias”, explicó el ministro.
Por la tarde, Pampuro dio a conocer el nombre del interventor de la PAN, comodoro Matiak. En algunos integrantes del Ejecutivo hubo sorpresa por la designación, ya que en realidad Matiak era el superior de Giaisgischia y por lo tanto también tenía responsabilidad en la falta de control en el aeropuerto. Un par de horas después, la intervención fue ampliada: al frente de la PAN fue puesto el segundo de Pampuro, Jaime Garreta. Para el jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Rohde, la novedad fue una bomba: un civil al comando del área más sensible en su fuerza lo deja en un estado tambaleante. La incógnita que se abre ahora es, precisamente, el futuro de su carrera militar.
En realidad, lo que la Casa Rosada está estudiando es una solución a fondo: directamente retirar a la PAN e incluso a la Fuerza Aérea del aeropuerto. La Argentina es uno de los pocos países del mundo en que el control aéreo está en manos de una fuerza armada y no, por ejemplo como en Estados Unidos, de la Agencia Federal de Aviación (FAA, de acuerdo con lasigla en inglés), un ente civil que regula la aviación civil. Pero, además, la PAN es parte de la Fuerza Aérea, lo que significa que en el aeropuerto está operando una fuerza armada en tareas que tienen que ver con seguridad interior, algo que está prohibido por ley. Una variante que se baraja es que regrese a los aeropuertos la Gendarmería, que sí es una fuerza de seguridad interior y no depende del Ministerio de Defensa sino, justamente, del Ministerio del Interior.
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