El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, afirmó ayer en el Senado que el Ejecutivo “dará un giro histórico el 4 de marzo cuando, en representación del Estado, admitamos la responsabilidad que cabe por la deficiente investigación que tuvo el atentado contra la AMIA”. Ese reconocimiento de la privación de justicia se hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en una audiencia de la que participarán también los demandantes: los familiares agrupados en Memoria Activa.
La postura del Gobierno, que sería presentada en Washington por el ministro de Justicia y el canciller, Rafael Bielsa, fue impulsada directamente por el presidente Néstor Kirchner y por Cristina Fernández, quien fue en su momento muy crítica cuando integró la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados. “Se trata de un punto de inflexión –señaló Rosatti–, porque es muy distinto de lo que antes se hacía.” El ministro se refirió así a las dos contestaciones anteriores del Estado argentino. La primera, en tiempos de Carlos Menem, fue la de rechazar categóricamente las acusaciones de que la investigación era una farsa e incluso aquel escrito era agraviante con los familiares de las víctimas. La segunda respuesta a la CIDH data de la época de la Alianza. Fue diferente a la primera, tenía como estrategia dilatar las cosas y, obviamente, tampoco hubo admisión de ningún tipo respecto de las fallas y maniobras de la pesquisa. El punto nodal del escrito del gobierno de De la Rúa fue que debía esperarse al juicio oral.
“En lugar de buscar la verdad, lo que se trató fue de ocultarla”, sintetizó crudamente, Rosatti, en su visita al Senado, donde se entrevistó con el vicepresidente Daniel Scioli y con el secretario parlamentario, Juan Estrada.
En el encuentro de Washington del 4 de marzo, el Estado le propondrá a Memoria Activa una serie de reparaciones, entre las que figuran un cambio en el control de los fondos de la SIDE, transformaciones en las fuerzas de seguridad para prevenir atentados, nueva legislación e indemnizaciones para los familiares de las víctimas. Se impulsaría una especie de Ley de Víctimas de la AMIA, que quedaría como un legado de la lucha de los familiares. Ayer, Laura Ginsberg, la figura pública de Apemia, una agrupación que rompió con Memoria Activa, insistió en que la aceptación de responsabilidades que hará el Gobierno en el encuentro de la OEA es una manera del Estado de no ser culpabilizado ni por denegación de justicia ni por su participación en ese acto de terrorismo de Estado que fue el atentado. El Estado, con la aceptación, no se compromete a nada nuevo”.
En el encuentro de Washington, los integrantes de Memoria Activa, Adriana Reisfeld y Diana Malamud, patrocinados por los abogados Alberto Zuppy y Pablo Jacoby y por el CELS, pueden aceptar la propuesta del Gobierno o pueden rechazarla, con lo que el caso sería tratado por la Corte Interamericana que seguramente condenaría a la Argentina por privación de justicia en la masacre de la AMIA.