Con turnos de 24 horas de guardia cada uno, tres custodios de la Policía Federal vigilan la casa de la fiscal María Gabriela Ruiz Morales y la de su secretario Sergio Cabrera. Los puestos de vigilancia son recientes. La Procuración los ordenó cuando se hizo público el contenido de la investigación por el contrabando de 60 kilos de cocaína que partieron desde el aeropuerto de Ezeiza y que ellos investigan. Ayer a las dos de la madrugada, el secretario Sergio Cabrera escuchó “un tiroteo” en la puerta de su casa de Ranelagh. Cuando salió, su custodia estaba agazapado detrás de un árbol: desde un punto fijo, a 30 metros de distancia, le estaban disparando a la custodia.
Sergio Cabrera vive en uno de los barrios tranquilos del sur de la provincia de Buenos Aires. No es un country, sino un barrio apacible de casas bajas. La casa del secretario de la Fiscalía Penal Económica que viene trabajando sobre el affaire de las cuatro valijas con cocaína enviadas a España está en una esquina, a unos 30 metros de distancia de la cortada desde donde habrían salido los tiros.
Cabrera tiene 43 años; desde el ’99 trabaja en la fiscalía de Ruiz Morales. Hasta hace dos semanas, la fiscalía no había solicitado custodia. Se la consideró necesaria sólo cuando se difundió el caso de SW y porque se trataba de una causa de contrabando de drogas, un tema con consecuencias siempre difíciles de precisar. El segundo elemento que la Procuración tuvo en cuenta para ordenar la protección de los funcionarios fue una serie de incómodos llamados telefónicos que hasta ahora no se habían calificado de amenazas.
Hubo llamados a los teléfonos celulares de la fiscal y de su secretario. También se hicieron llamados a los teléfonos fijos de sus domicilios particulares y del juzgado. Usualmente, los autores cortaban apenas alguien respondía el teléfono. En alguna ocasión, pronunciaron una ironía: desearon “que tengan un buen día” y después colgaron.
En el entorno judicial se asegura que esas llamadas forman parte de una práctica habitual, que sucedió incluso cuando la fiscalía trabajaba sobre la causa del contrabando. Aunque en este caso las llamadas serían más.
Ayer a la madrugada, los llamados dejaron de ser sólo mensajes o silencios molestos. Cuando empezaron los disparos, Cabrera dormía en su casa del barrio de Ranelagh. Había llegado a las doce y media de la noche, después de una agitada jornada judicial. Una hora y media más tarde escuchó tiros. Cuando completamente dormido se asomó para ver qué sucedía se encontró con la custodia agazapada detrás de un árbol. En la casa estaban sus dos hijos de 14 y 13 años de edad.
La custodia dio la alerta a la policía de la provincia de Buenos Aires, que rápidamente montó un operativo. Hasta anoche, en la fiscalía no se tenía información sobre la procedencia o el origen de los disparos. Sólo se suponía que provenían de un punto fijo. No se sabía si ese punto fijo correspondía a los disparos de alguien de a pie o de un vehículo.
A la mañana temprano, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se comunicaron con la fiscal Gabriela Ruiz Morales. Aunque no se hizo declaraciones públicas sobre el hecho, en el ámbito judicial se lo relacionó con la causa de las narcovalijas. Nadie quiso darle connotación directa con la causa, pero al mismo tiempo tampoco se la quitaron. Pocas horas después de los tiros, la fiscal y el secretario entraban al juzgado de Carlos Liporace para presenciar el careo entre dos de los tres detenidos, entre ellos el hijo del ex jefe militar del aeropuerto.