El observador de la OEA en el caso AMIA, el chileno Claudio Grossman, presentó el viernes un duro informe en el que recomendó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declare admisible la presentación de los familiares agrupados en Memoria Activa. Según revelaron a Página/12 fuentes de la OEA, el argumento es que “tras diez años de proceso no hay imputados, existió encubrimiento por parte de funcionarios, no se siguieron las pistas que correspondían y hubo una nítida privación de Justicia”. También tuvo en cuenta Grossman, según los funcionarios consultados, que “los propios integrantes del Tribunal Oral señalaron las gravísimas irregularidades del caso”.
El propio gobierno de Néstor Kirchner informó en la semana que pasó que en una audiencia que se realizará en Washington el viernes dará un paso histórico: admitirá que el Estado argentino es culpable por el fracaso y las maniobras en la investigación del atentado.
El Informe Grossman tiene connotaciones de importancia:
- Reafirma las conclusiones que sacó el Tribunal Oral en cuanto a que la investigación estuvo plagada de irregularidades.
- Aunque Grossman no condena, porque no tiene atribuciones para hacerlo, de hecho señala la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, de inteligencia y el aparato judicial que debió investigar.
- Convalida lo que dijeron los jueces del Tribunal Oral en cuanto a que hubo funcionarios políticos –especialmente del gobierno de Carlos Menem– que encubrieron el atentado, sobre todo desviando la investigación. También la mirada crítica va para la administración de Fernando de la Rúa que en ningún momento torció las cosas sino que refrendó lo hecho por el menemismo.
- Les da la razón a los familiares agrupados en Memoria Activa y a sus abogados, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, que junto con el CELS y una organización latinoamericana de derechos humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunciaron ya en 1999 que no hubo voluntad política de investigar realmente lo ocurrido.
- Deja mal parados a quienes durante diez años defendieron la investigación oficial y al juez Juan José Galeano. Entre ellos, especialmente la DAIA, y en gran parte del proceso también la AMIA.
En su informe, el prestigioso jurista chileno podría haber argumentado que todavía hay instancias abiertas en la Argentina, como la apelación ante la Cámara de Casación o la investigación que sigue adelante la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Sin embargo, Grossman le dijo a la CIDH que el paso del tiempo y las irregularidades hacen que la Comisión ya no pueda esperar. Sugirió entonces admitir el reclamo de Memoria Activa contra el Estado. También el jurista podría haber señalado irregularidades en el juicio oral, pero precisamente no realizó ningún cuestionamiento a su labor.
El próximo paso será el encuentro que el viernes mantendrán en Washington las dos partes en litigio. Por un lado, Memoria Activa, encabezado por Adriana Reisfeld y Diana Malamud, con el patrocinio del CELS y la Cejil, y por el otro lado una delegación del Ministerio de Justicia y la Cancillería. Allí, el Estado argentino reconocerá su culpabilidad y la CIDH propondrá una metodología habitual: que se abra un proceso de negociación para encontrar lo que se conoce como “una solución amistosa”.
La delegación del Gobierno ofrecería compromisos sobre la investigación, llevar a fondo las causas contra el ex presidente Carlos Menem, su ministro del Interior Carlos Corach y todos los señalados por encubrimiento, además de cambios en la legislación, reorganización de las fuerzas de seguridad para evitar nuevos atentados terroristas y reparaciones económicas para todos los familiares. Memoria Activa tiene que decidir si acepta entrar en la negociación, a la que se le fija un tiempo y un calendario, y en la que podrá hacer sus propias propuestas respecto de legislación, servicios de inteligencia, apertura de archivos secretos y cualquier demanda que considere pertinente.
La otra alternativa es que Memoria Activa siga hacia una condena del Estado argentino, que se daría en la propia CIDH y es algo que está cantado, puesto que la base será que el propio Estado admite su responsabilidad. En la eventual condena, también la CIDH hará recomendaciones de cómo deben cambiarse las cosas en la Argentina para seguir investigando el caso y para lograr una mejor prevención de los atentados.
La tercera alternativa es que se inicie la negociación pero, si ésta no llega a buen puerto, termine dictaminando la CIDH y luego, si cabe, la Corte Interamericana.