“Como no queremos quedarnos en el simple discurso, hemos dispuesto que, en un esfuerzo que vamos a compartir con las provincias que no puedan, a partir del mes de inicio de las clases, ambas jurisdicciones logremos que ningún docente de esta querida Patria quede por debajo de los 700 pesos.” Con esa frase, el presidente Néstor Kirchner provocó uno de los moderados aplausos de la ceremonia inaugural del año legislativo. El anuncio supone elevar el salario en siete provincias para financiar 160 mil cargos docentes. “Aspiramos a llegar en cinco años a destinarle por lo menos el 6 por ciento del PBI a la educación”, prometió el Presidente. “En la práctica equivale a 9500 millones de pesos más” en ese lapso, explicó a Página/12 el ministro de Educación, Daniel Filmus, exultante porque “le estamos poniendo un piso de dignidad al trabajo docente”.
“Desde el punto de vista de la estructuración de un sistema educativo nacional cruzado por la desigualdad, este piso salarial es un paso adelante”, señaló Filmus al regresar de la inauguración del ciclo lectivo en Tucumán. El ministro señaló que las jurisdicciones que hasta ahora estaban por debajo de los 700 pesos de salario inicial son Formosa, San Juan, Misiones, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Capital Federal. “En diciembre había dieciocho provincias que no llegaban a este piso, en estos meses varias fueron elevando la oferta y ahora todas quedarán por sobre los 700 pesos, con lo cual un docente que recién se inicia y tenga dos cargos cobrará más de 1400 pesos”, dijo.
La reivindicación de un piso salarial unificado es un reclamo histórico de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). En 1988, cuando encabezó una huelga histórica durante 57 días, ése fue el eje de la protesta y en la instalación de la Carpa Blanca que estuvo durante 1003 días frente al Congreso –hasta diciembre de 1999– también jugó ese pedido. El problema es que el sueldo inicial está integrado por un básico –sobre el que se aplican los aportes jubilatorios, asistenciales y se calcula la antigüedad– y sumas fijas –generalmente no remunerativas– que distorsionan la escala. El secretario general de la Ctera, Hugo Yasky, consideró que el anuncio de Kirchner “es un paliativo, ya que la verdadera solución a la crisis del sistema es una ley de financiamiento integral de la educación. Hay que recomponer la carrera docente, restituir el escalafón en muchas provincias para evitar que docentes con antigüedad no perciban el mismo salario que un docente que recién se inicia. Esto es lo que provoca malestar en varias provincias y por esta razón hay conflictos” (ver aparte).
Filmus dijo que la incorporación al básico de las sumas fijas se discute provincia por provincia y adelantó que “nosotros estamos dispuestos a generar un espacio nacional para discutir el Estatuto del Docente”. La promesa de llevar la inversión en educación al 6 por ciento del PBI figura en la Ley Federal de Educación, sancionada en 1993. Hasta ahora, ronda el 4 por ciento. El Presidente aspira a cumplir con esa meta en cinco años, lo cual insumirá tres más que el fin de su primer mandato.