Aunque enfrenta cargos similares y por las mismas causas que terminaron con la destitución de sus ex compañeros de tribunal, Eduardo Moliné O’Connor y Adolfo Vázquez, el juicio político al juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, es esencialmente distinto. Con fuertes vinculaciones con la Iglesia Católica, su asiento siempre fue identificado como una cuota parte inamovible de la corporación. Esto, y su oportuno distanciamiento de la denominada “mayoría automática” del menemismo, le valió la gracia del duhaldismo y hasta alguna gestión oficial, en el 2004, tendiente a desarticular su acusación por mal desempeño. Una vez concretada la masiva votación en su contra en la Cámara baja, el oficialismo negoció, tal como admitió a este diario un destacado dirigente del partido de gobierno, “una salida incruenta” del magistrado. Despejadas algunas dudas sobre los beneficios jubilatorios a los que podría acceder el cortesano, la renuncia de Boggiano se concretaría antes de que los diputados formulen su acusación en el recinto de la Cámara de Senadores.
Este diario pudo saber que la negociación con el magistrado tuvo al jefe de la bancada justicialista de senadores, Miguel Angel Pichetto, como una pieza destacada. Aunque esas gestiones no suelen ser sencillas, a cualquier lector avezado de los cambios políticos no le pasará desapercibido que luego de la acusación ya todas las herramientas están lanzadas, y el desenlace aparece como inevitable. Una de las dudas que Boggiano necesitó despejar fue su futuro acceso al sistema jubilatorio. Una vez resuelto este interrogante, y con la certeza de que podría acceder al régimen especial que tienen los magistrados, el resto es cuestión de tiempo. El verano permitió cobrar algunos salarios más. Ahora, con el año parlamentario en danza, las decisiones se acercan. “La decisión más sabia, más inteligente, es su renuncia”, señaló a este diario un importante legislador de la mayoría justicialista.
Algún guiño previo de parte de un importante funcionario de la Casa Rosada alentó en Boggiano cierta expectativa de que el proceso podría naufragar en la comisión de juicio político de Diputados. El juez fue el primero en hacer trascender a los medios ese guiño. La jugada le jugó en contra. Encabezados por el tucumano Ricardo Falú, los diputados votaron su acusación y el 27 de diciembre pasado notificaron al Senado su decisión.
Luego de la votación, el tema fue incluso motivo de una conversación entre el presidente Néstor Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández. “Ambos coincidieron en que los mecanismos institucionales estaban lanzados”, confió a Página/12 un destacado parlamentario. Según el mismo interlocutor, en ese análisis también se concluyó que “Boggiano tampoco es una pieza aquilatada como para pagar un alto costo político”. A esa altura, los hombres del justicialismo sabían que la Iglesia no pondría el grito en el cielo por el desplazamiento de Boggiano.
Al magistrado no le quedaron muchas cartas por jugar. Antes y con relativo éxito había dejado trascender a un parlamentario que si era citado declararía que también se lo debía convocar al presidente de la Corte, Enrique Petracchi ya que, en el caso Meller, éste también había cambiado su voto original. Así las cosas, y ante un conflicto mayor, el oficialismo aceleró su negociación.
No por nada en un año electoral el gobierno expone una de sus principales conquistas: la renovación de la Corte Suprema. Para colmo de males, el mayor costo recaería en la senadora Kirchner, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y una de las fichas clave en los comicios de octubre. Si bien, tal como adelantó Página/12, la senadora no será candidata por Buenos Aires, debe renovar su banca por Santa Cruz. “Yo no soy Graciela Fernández Meijide”, le respondió la legisladora a un par suyo, apenas circularon las primeras versiones sobre su probable cambio de distrito. Aunque no se involucre en la interna bonaerense deljusticialismo, Fernández de Kirchner es, junto con el Presidente, una de las principales piezas políticas del justicialismo.
La espera que el oficialismo concedió a Boggiano para que éste entregue su renuncia explicaría las demoras del Senado en iniciar los trámites formales del juicio político. Hace más de un mes, desde el 3 de febrero, la acusación tiene estado parlamentario. Y el tribunal no se rige por el período ordinario de sesiones sino por un reglamento propio. En los casos anteriores, los plazos entre la entrada del expediente y el comienzo de las actuaciones no pasaron de un día en el caso Moliné, y de cuatro días en el caso de Vázquez. En este proceso, la falta de apuro tiene una explicación: “La salida incruenta”, es decir la pronta renuncia de Boggiano.