El ex marino Adolfo Scilingo quedó a un paso de convertirse en el primer represor argentino condenado y encarcelado fuera del país por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura: la fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió ayer que se le aplique la pena de 9138 años de prisión por haber incurrido en los delitos de “genocidio, 30 asesinatos y 255 lesiones”. Así reivindicó, además, la competencia de los tribunales de España para juzgar crímenes de lesa humanidad ocurridos fuera de su territorio.
“La calificación de la fiscalía se suma a los pedidos de las acusaciones populares y particulares y, por lo tanto, los refuerza”, destacó el abogado de la Acusación Popular Carlos Slepoy, y confió en que la solicitud de la fiscal del caso, Dolores Delgado, permitirá al tribunal que está enjuiciando a Scilingo contar con más elementos para dictar la sentencia. Slepoy pronunciará hoy su alegato y pedirá 6626 años de prisión para el represor.
Para fundamentar la magnitud del castigo que solicitó para Scilingo, la fiscal Delgado reprodujo parte del relato que el propio ex marino hizo en su momento sobre su participación en la represión. Eligió el tramo en el que Scilingo, refiriéndose a los “vuelos de la muerte”, contó que en los aviones había “un olor fuerte a desinfectante; había marcas de haber arrastrado y trasladado personas, coincidiendo con la aplicación de aquella primera inyección que se les suministraba. Después quedaban en el suelo o dejaban marcas en las paredes”.
La representante del Ministerio Público le imputó a Scilingo treinta asesinatos, “uno por cada una de las personas que fueron arrojadas al mar” en los dos “vuelos de la muerte”, de los que se acusa de haber participado al ex militar. También lo acusó por genocidio y por 255 “lesiones” a partir de su participación en torturas.
El pedido de Delgado al tribunal que juzga a Scilingo, además de ser más duro que el de las acusaciones popular y particulares, marca un cambio de actitud de la fiscalía en el caso. La modificación en la posición de la fiscalía viene a confirmar la línea que al asumir en junio pasado adoptó el nuevo fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, al ordenar al antecesor de Delgado que defendiera la competencia de los tribunales españoles para juzgar delitos de lesa humanidad. En función de esa directiva, la fiscal dirigió al comienzo del juicio a Scilingo un escrito a los jueces a cargo del proceso en el cual adelantó que modificaría sus conclusiones provisionales en la fase de informes finales.
Por los hechos que se le imputan y con las leyes actuales de España, Scilingo podría ser condenado a más de 12 mil años de cárcel. Sin embargo, dado el momento en que tuvieron lugar los delitos que se le atribuyen, los jueces españoles utilizarán el Código Penal de 1973, que es el que corresponde aplicar y para un caso como el suyo prevé una pena máxima de 9138 años. Ese es precisamente el castigo que Delgado pidió que se le imponga.
No obstante, de todos los años de prisión solicitados, Scilingo sólo tendrá que pasar treinta años detenido, el máximo de cumplimiento en España. “El poder fijar las penas nos dice cuántos años debería cumplir el acusado, de vivir todos esos años”, explicó Slepoy, quien remarcó que más allá de eso “esta calificación, de hacerse efectiva, será la primera que establezca la existencia de un crimen de lesa humanidad en la Argentina”.
De ser condenado, y todo indica que así será, Scilingo se convertirá además en el primer represor juzgado y encarcelado fuera de la Argentina por las atrocidades cometidas durante la dictadura. Tanto su ex compañero de la Armada Alfredo Astiz, como los represores Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros, fueron juzgados y condenados “en ausencia” a cadena perpetua en Francia e Italia, respectivamente.
Al cabo de los casi dos meses que lleva el juicio, Scilingo se desdijo de las afirmaciones que en octubre de 1997 hizo ante el juez de instrucción del caso, Baltasar Garzón, ocasión en la que confesó su participación en “dos vuelos de la muerte”. Fue a partir de esa declaración que el magistrado procesó el ex represor junto a otros 98 militares argentinos –ninguno de los cuales pudo ser extraditado a España– por delitos de genocidio, terrorismo y torturas. En 2005, una vez cerrada la instrucción, se abrió el juicio oral en su contra.